La SIGEN solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe.
Según publicó Nexofin, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires argumenta que debe ser la Auditoría General de la Nación (AGN) el organismo que realice los controles.
El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
