Prisión domiciliaria para «Chocolate» Rigau
La Justicia de La Plata dispuso este jueves que Julio «Chocolate» Rigau, el puntero del PJ detenido por cobrar el sueldo de los ñoquis de la Legislatura bonaerense, obtenga el beneficio de una prisión preventiva «morigerada». De esa manera, podrá regresar a su casa con una pulsera electrónica, a la espera de la tramitación del juicio oral, que podría agendarse para 2026 o, incluso, 2027
La decisión fue tomada por el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, luego de que el Ministerio Público Fiscal no fuera en “queja” ante la Suprema Corte bonaerense para objetar el fallo del Tribunal de Casación que le otorgó ese beneficio a Rigau, quien se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N° 26, en las afueras de La Plata.
En esa línea, Atencio ordenó librar un oficio a la unidad penitenciaria donde está recluido, ubicada en Lisandro Olmos, para que Rigau manifieste si consiente la medida, y otro a la Dirección de Monitoreo electrónico provincial para que complete “los relevamientos técnicos correspondientes” en el domicilio del dirigente, en las afueras de la capital bonaerense.
Por el momento, Rigau podría tardar semanas en ser trasladado a su vivienda, debido a que el Estado provincial carece de pulseras electrónicas suficientes para cubrir la demanda actual. Al respecto, alrededor de 200 presos y detenidos permanecen alojados en celdas a la espera de esos aparatos.
En tanto, la resolución de la Sala II de la Casación provincial y la orden del magistrado Atencio están siendo analizadas por los otros dos acusados en el expediente por causar un perjuicio a las arcas públicas por al menos $464 millones durante los últimos años. Se trata del subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense, Facundo Albini, quienes también se encuentran detenidos en la Alcaldía departamental.
A principios de octubre, Casación bonaerense revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata y resolvió otorgarle la prisión preventiva morigerada a Rigau, con los votos de los magistrados Fernando Mancini y Mario Kohan, y la disidencia de María Florencia Budiño.
En esa instancia, Mancini entendió que los camaristas que le rechazaron al puntero la morigeración de la prisión preventiva pudieron incurrir en “derecho penal de autor”, para cargar las tintas contra el empleado de la Legislatura bonaerense. “La enumeración de perfiles como la modalidad, la cantidad de eventos, y su prolongación en el tiempo [así como] la pena en expectativa, el perjuicio a la administración pública y la actividad desplegada facilitando la comisión de actos de corrupción” no son suficientes para “la fundamentación de la negativa de atenuación”, indicó en su voto, que compartió Kohan.
Por su parte, Budiño consideró que “la decisión de la Cámara confirmatoria de la denegatoria de morigeración de la prisión preventiva resulta ajustada a derecho”, además de sostener que perduraban los peligros procesales, como que Rigau se fugara, “por la considerable cantidad de hechos imputados (al menos 136), y el elevado perjuicio económico [causado] para la administración pública provincial”.
En tanto, la decisión del Ministerio Público Fiscal de no apelar el fallo de la Casación impidió que la Suprema Corte provincial abordara la situación del puntero del PJ, lo cual podría haber beneficiado al acusado, ya que el máximo tribunal bonaerense mantiene una postura contraria a las morigeraciones de la prisión preventiva.
Rigau fue detenido el 8 de septiembre de 2023, excarcelado por dos semanas y arrestado otra vez el 14 de octubre de 2023, por lo que estuvo catorce meses y medio tras las rejas. Durante ese tiempo, la fiscal Betina Lacki avanzó con la investigación y llamó a indagatoria a todos los supuestos empleados de la Legislatura bonaerense que habrían participado en las maniobras delictivas.
La mayoría de esos presuntos empleados se negó a declarar, aunque quedó demostrado que varios de ellos no trabajaban en la Legislatura bonaerense. En esa línea, no sabían cuánto cobraban, no conocían las instalaciones del cuerpo, ignoraban quiénes eran sus teóricos jefes o compañeros de trabajo y no tenían las claves de acceso a las computadoras de sus supuestas oficinas. Sumado a esto, en el caso de al menos una empleada, se radicó en España mientras que el dirigente cobraba su salario en La Plata. No obstante, ni los supuestos «ñoquis», Rugau o los Albini identificaron a los eslabones superiores de responsabilidad en la maniobra delictiva.
