Pablo Ferreyra prisión preventiva. “Pablo Ferreyra cree que la justicia la imparte él, que es el dueño de una calle, de un barrio, que decide quién debe irse y decide que la Policia ahí no puede ingresar”. Lo advirtió la fiscal Julieta Gamarra durante la audiencia de este miércoles en la cual la jueza Mirta Moreno impuso 4 meses de prisión preventiva para el “Chavo”.
El imputado este domingo lideró un violento ataque contra policías y vecinos en el barrio Constitución de Trelew. Fue detenido el lunes, en un allanamiento.
Ese 5 de enero a las 8, en el sector A de Las Mil Viviendas, efectivos de la Comisaría 3ª y de Unidad Regional acudieron por el llamado de vecinos alertando sobre disturbios. Nerviosa y agitada, la familia víctima no dio detalles por miedo a las represalias. Se encerró en su casa.
Con la Policía tratando de calmar los ánimos, Ferreira salió agresivo y hostil de su casa de calle Fuerte San José del barrio Los Aromos, frente al lugar de los incidentes. Lo acompañaba un grupo, según publicó Jornada70.
Con el torso desnudo, decidido a que los uniformados no actuaran, saltó una reja, los insultó y les lanzó botellas y bloques de ladrillo. También dañó un patrullero a piedrazos. “Tirá puto, dale tirá”, les gritaba.
Superados en número por los atacantes que lideró Ferreyra, los policías decidieron retirarse. El “Chavo” destruyó una puerta de reja y la cerradura de la vivienda de la familia afectada: “Esta gente tiene 24 horas para irse”, gritaba.
Gamarra exhibió videos y fotos, algunos filmados por el propio Ferreira, que se viralizaron. Allí se jacta de impedir el procedimiento diciendo que “nosotros le hacemos la guerra a la gorra”, que esa cuadra “me pertenece”, que es él quien decide “quién puede vivir ahí y quién no” y reiterando que “esa familia se tenía que ir”.
Según la fiscal, Ferreyra se muestra impune en los videos con leyendas como: “Muevo la rama acá y en todos lados”; “Cinco patrulleros, más de 25 cobanis, le hicimos la guerra a esos giles, a los giles con los pibes, en dos minutos había más de 25 personas haciendo el aguante, de esa cuadra a esta punta es de nosotros, y esa gente de ahí tiene24 horas para irse” y “Acá mando yo, no estamos ni ahí con los ratas gallo, acá y en todos lados mi cuadra se respeta, acá movemos la rama nosotros”.
El prontuario del “Chavo” incluye condenas por portación de arma de guerra, violación de domicilio, amenazas con arma y lesiones contra exparejas, desobediencia y heridas con arma blanca.
Según datos de Fiscalía, en uno de los episodios su exmujer cargaba con un bebé común, de 11 meses. Llegó a entrar a una casa armado con un calibre 38. Le apuntó a la mujer y a la Policía. Debió intervenir un negociador para que ella escapara.
Atravesó un par de juicios abreviados y perdió beneficios de prisiones domiciliarias por no haber sido hallado en su casa.
“Ferreyra definitivamente se caracteriza por no respetar la ley ni las normas, ni someterse a la ley del Estado; amedrenta a empleados policiales, ya lo hizo y volvió a hacerlo”, dijo Gamarra.
La fiscal advirtió sobre la postura y comportamiento de Ferreira ante las órdenes judiciales. “Tiene poder y control sobre las personas”, apuntó.
Y explicó el peligro de entorpecimiento, vistas las amenazas permanentes y el temor que siembra entre el vecindario, por lo que influye para impedir la declaración de testigos.
Tras subrayar que el episodio fue de “extrema gravedad”, la fiscal graficó: “Sin dudas, Ferreyra pretende reemplazar la justicia y la actuación policial por su propia ley, por la ley de la violencia, de mantener a las personas en vilo, de considerarse dueño de las calles; esta conducta debe ser neutralizada urgente por el Estado para poner fin a su conducta y evitar consecuencias más violentas y peligrosas”.
“Pablo Ferreyra no tiene el poder de controlar calles, ni barrios, ni mucho menos de impedir a la fuerza policial el ejercicio de su función”, concluyó.
La jueza Moreno coincidió con que el accionar peligroso del “Chavo” sólo se puede contener con la prisión preventiva. Quedó imputado por atentado contra la autoridad a mano armada con la reunión de más de tres personas y daño agravado para impedir el libre ejercicio de la autoridad.