Punta Colorada riesgo ambiental. El 24 de marzo de 1989, un barco petrolero Exxon Valdez encalló en el Arrecife de Bligh, Alaska, marcando un punto de inflexión en la conciencia pública sobre los riesgos del transporte marítimo de hidrocarburos.
A pesar de las promesas del gobierno federal y de la industria petrolera de priorizar la seguridad al aprobar el oleoducto que conectaría el norte de Alaska con Valdez, el derrame de 37.000 Tm de crudo devastó ecosistemas, comunidades y economías locales, revelando negligencias sistémicas que iban desde la falta de un radar funcional en el barco, que provocó el encallamiento, hasta la ineficacia del plan de contingencia de Alyeska, que carecía de un equipo de emergencia listo para actuar.
La necesidad de utilizar dispersantes químicos, con sus conocidos efectos nocivos sobre la vida silvestre, y la lenta respuesta exacerbaron aún más el desastre. Aunque ExxonMobil invirtió más de 5.000 millones de dólares en la limpieza, el ecosistema aún muestra secuelas evidentes y las comunidades costeras, como destacó el pescador Mike Webber en declaraciones al New York Times dos décadas después del suceso, sufrieron pérdidas irreparables en sus medios de vida.
Este desastre no sólo fue una tragedia ambiental, social y económica, sino también un catalizador de cambios profundos en las regulaciones y prácticas de la industria, publicó Clarín. El Congreso de los Estados Unidos respondió con la Ley de Contaminación por Petróleo (OPA, por sus siglas en inglés) de 1990, una legislación histórica que elevó drásticamente los estándares de seguridad y responsabilidad en el transporte marítimo de hidrocarburos.
La OPA, adoptada posteriormente como modelo por la Organización Marítima Internacional (OMI), introdujo medidas para minimizar el riesgo, entre ellas el uso de buques de doble casco, sistemas de lastre segregado, registro y monitoreo de cada buque para asegurar el cumplimiento normativo y normas de navegación más estrictas. Respecto a la tripulación, se establecieron mayores requisitos de capacitación y certificación, y se prohibió el consumo de alcohol a bordo.
Sin embargo, el riesgo asociado a nuevos derrames persiste, especialmente en zonas ambientalmente sensibles y con capacidad de respuesta limitada. Hoy, la construcción del mayor puerto exportador de crudo de Argentina en Punta Colorada, Río Negro, plantea un interrogante muy serio: ¿podría este proyecto convertirse en el próximo Exxon Valdez, con consecuencias catastróficas para la biodiversidad patagónica y las comunidades que dependen de ella?
La selección del Golfo San Matías para la instalación de un oleoducto y una terminal de carga es profundamente problemática, ya que omite dos factores de gran relevancia: la proximidad a la Península Valdés, un ecosistema único declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una historia local y nacional de respuestas a derrames que dista mucho de ser satisfactoria, rozando en algunos casos la negligencia criminal.
Diversos estudios realizados por el Instituto de Conservación de Ballenas, entre otras entidades de investigación, han identificado al Golfo San Matías como una de las áreas clave de reproducción y crianza de la Ballena Franca Austral. Esta área clave, que cuenta con una población de 5.500 individuos de ballenas, ha mostrado signos de repoblación de esta especie luego de haber sido forzada casi a la extinción debido a la presión ejercida por la caza comercial hasta su prohibición a mediados del siglo XX.
El seguimiento de individuos muestran un uso intensivo de las zonas costeras de San Matías, superponiéndose con las posiciones proyectadas de la infraestructura petrolera. Los impactos asociados a la carga y descarga de hidrocarburos degradarán con certeza el hábitat de las ballenas y podrían derivar en una catástrofe que transformaría este sitio de un lugar donde la biodiversidad impulsa la economía local a través del avistaje responsable de ballenas a un escenario desolador.
El caso del Exxon Valdez marcó un hito y pese a todos los cambios en materia de prevención, la pregunta es si Argentina estaría preparada para enfrentar un evento de esta magnitud. El potencial impacto de un derrame en esta zona sería catastrófico para la fauna marina, que no solo incluye ballenas francas australes, sino también lobos marinos y elefantes marinos, la colonia más grande del mundo de pingüinos de Magallanes y una rica biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción.
Pero el impacto no se limitaría a la vida marina; las comunidades costeras que dependen principalmente de la pesca y el turismo de avistaje de ballenas se verían afectadas irreparablemente, generando pérdidas económicas y un impacto social permanente.
Este riesgo no es mera especulación. La costa argentina, con su infraestructura de explotación offshore, boyas de carga y un intenso tráfico marítimo en los puertos de la Patagonia y Buenos Aires, cuenta con un extenso historial de derrames con respuestas insuficientes. Los incidentes recientes son evidencia de estas deficiencias. En 2021, un derrame en Catriel, Río Negro, expuso la improvisación de los protocolos de seguridad, con el uso de una simple pileta de lona para contener el crudo, contradiciendo las declaraciones oficiales provinciales sobre la implementación de un plan de contingencia adecuado.
De igual modo, los tres derrames ocurridos en Bahía Blanca entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, que afectaron canales utilizados por especies amenazadas como el delfín franciscana, revelaron la falta de activación oportuna de los protocolos de emergencia del Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (PLANACON), según Pablo Petracci, Director de la Estación de Rescate de Fauna Marina de Bahía Blanca (Erfam).
Estos ejemplos, entre muchos otros, demuestran la fragilidad del sistema de prevención y respuesta ante este tipo de desastres. La falta de infraestructura, personal capacitado, planes de contingencia robustos y recursos financieros adecuados para la contención y limpieza de derrames agudiza los daños ambientales, económicos y sociales.
De concretarse el proyecto en Punta Colorada, las aguas del Golfo San Matías estarán expuestas a la carga, despacho y tránsito de buques tanque con capacidad de 390.000 metros cúbicos cada cinco días. Esto equivale al movimiento anual de aproximadamente 25 millones de metros cúbicos de hidrocarburos, equivalentes a 155 millones de barriles de petróleo. El proyecto se presenta en un contexto de vulnerabilidad preexistente.
Este masivo volumen de transporte, sumado al historial de incidentes y la demostrada falta de preparación, así como la cercanía a un ecosistema tan singular y frágil como la Península Valdés y el actual estudio sobre proyectos simultáneos de infraestructura hidrocarburífera en la región, multiplican exponencialmente los factores de riesgo de la terminal de Punta Colorada.
Esto la convierte en un escenario de muy alto riesgo. El problema no son sólo los inevitables microderrames de la operación diaria, sino la altísima probabilidad de que se produzca un derrame de mayor magnitud con consecuencias catastróficas y duraderas. El daño ambiental resultante, sumado a los exorbitantes costos de limpieza, destruiría permanentemente un patrimonio natural único, haciendo insignificante cualquier beneficio económico de la ubicación del Golfo de San Matías.
