Prisión domiciliaria. En el marco de una audiencia de control de prisión preventiva, la jueza de garantías Eve Ponce autorizó el arresto domiciliario con tobillera electrónica para Leandro Torres, un vecino de Rawson imputado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
La medida de Prisión domiciliaria fue acordada por las partes, aunque la magistrada advirtió con firmeza que cualquier incumplimiento podría derivar en nuevas imputaciones por desobediencia, según publicó LA17.
El imputado, de 35 años, cumplirá la medida en la casa de su madre, quien será la responsable de supervisar su permanencia en el domicilio. Además, la Policía realizará controles aleatorios para asegurar el cumplimiento del arresto, ante los riesgos procesales aún vigentes de entorpecimiento de la investigación o posible fuga.
Torres estaba detenido en la Alcaidía de Trelew desde fines de marzo, cuando fue arrestado tras un violento episodio ocurrido en una vivienda de Rawson. En ese lugar, atacó con dos cuchillos a un hombre identificado como H. M. y a su hijo, a quienes amenazó e hirió, aunque las lesiones no fueron de gravedad.
El hecho ocurrió el domingo 23 de marzo alrededor de las 23 horas. Torres ingresó a la vivienda de H. M., lo amenazó de muerte y lo atacó con cuchillos. Su hijo intervino para defenderlo y, tras un forcejeo, logró reducir al agresor, aunque ambos resultaron con heridas leves. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Rawson y se les realizaron curaciones, quedando constancia médica de las lesiones sufridas.
El fiscal Jeremías Regueira representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, mientras que la defensa estuvo a cargo del defensor oficial Omar López. El caso se encuentra en etapa de investigación, con un plazo legal de seis meses para reunir pruebas y avanzar hacia una eventual elevación a juicio.
Torres fue imputado por homicidio en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves, en calidad de autor. La jueza Ponce recordó que, si bien las heridas no fueron graves, el hecho sigue siendo considerado de alta gravedad y contempla una pena mínima de cuatro años de prisión.
En el transcurso de las próximas semanas se realizará una nueva audiencia para evaluar el avance de la investigación y la continuidad del régimen de detención. Mientras tanto, Torres tiene prohibido mantener contacto con las víctimas o acercarse a sus domicilios.