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Homicidio

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La Cámara en lo Penal de Puerto Madryn integrada por los magistrados Leonardo Pitcovsky, Rafael Luchelli y la jueza de Esquel subrogante Carina Estefanía, resolvieron confirmar una sentencia, condenado a Manuel Adrián Colón, a la pena de 21 años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio en ocasión de robo.

Y a Mauricio Ezequiel Ramírez, a la pena de 8 años de prisión, encontrado penalmente responsable del delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, en carácter de partícipe necesario.

Ambos por el hecho ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2019 en perjuicio de quien en vida fuera la señora Beryl Williams.

La Fiscalía de Puerto Madryn en este caso grave fue representada por el fiscal Jorge Bugueño quien había solicitado que el “negro” Ramírez también sea condenado como coautor del homicidio de Beryl Williams.

La Cámara, además de confirmar la Sentencia, rechazo ambos pedidos de impugnación ordinaria deducidos por los abogados  Abdón Omar Manyauik en favor de Manuel Adrián Colon y de la Dra. María Laura Martensen en favor de Mauricio Ezequiel Ramírez.

EL CASO

La noche del 29 de diciembre, Beryl Williams, de 86 años de edad, fue asesinada en su domicilio.

Del lugar se llevaron dinero y joyas.

Los delincuentes huyeron del lugar, dejando a la mujer inmovilizada en el piso y amordazada, lo cual le ocasionó la muerte por asfixia.

En el juicio se condenó a Colón a 21 años; a Ramírez a 8 años por el robo y a los hermanos Leandro y Rodrigo Ramón a un año de prisión por el delito de encubrimiento.

En audiencia realizada en los tribunales de Esquel, la funcionaria de Fiscalía, Ruth Monge, pidió la prórroga del plazo de investigación por tres meses y la continuidad por el mismo plazo de la prisión preventiva. El requerimiento de la acusadora se fundamenta en que resta la finalización de pericias para poder formular la acusación pública.

Monge sostuvo que se mantienen todos los elementos que fueron valorados en audiencias anteriores para mantener la medida de prisión preventiva en relación a ambos imputados, indicando que los indicios con el paso del tiempo se consolidan.

En este sentido expuso que llegó el resultado de una extensa pericia que analizó los elementos reunidos en la investigación y concluyó luego de un análisis de más de setenta páginas, que el último mensaje que salió del teléfono celular de Crettón, antes de desaparecer, no fue escrito por él sino por el imputado.

El defensor pidió que cese o se morigere la medida por los mismos argumentos dados con anterioridad.

Uno de los imputados pidió hablar, dijo que fue amenazado por familiares de la víctima, que ambos imputados estuvieron perturbados porque en la búsqueda del cuerpo hubo “brujería” y atribuyó a eso que su consorte de causa tuviera pesadillas y se despertara sobresaltado viendo la cara de la víctima.

La juez de Lago Puelo, dio la razón a la Fiscalía, disponiendo la prórroga del plazo de la investigación por tres meses y por el mismo plazo la prisión preventiva de los dos imputados.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi anticipó en contacto con ADNSUR que en los próximos días presentará el pedido de apertura de investigación formal contra los policías involucrados en el homicidio de Lautaro Labbe, por lo que la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia de apertura.

Con los elementos reunidos hasta ahora, la fiscalía avanzará de lleno en una acusación que deja de lado las figuras culposas, es decir las más beneficiosas para los imputados, por entender que el hecho se cometió en forma dolosa.

“En  términos generales, la imputación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y además por la condición de funcionario policial, que comete el ilícito en abuso de sus funciones”, expresó el fiscal, para explicar que se descarta, al menos en esta etapa, la posibilidad de que el disparo del arma haya ocurrido por algún tipo de negligencia, pero sin intencionalidad.

Entendemos que la condición de funcionario policial y las características que tuvo el hecho, nos hacen salir de la figura que podría haber sido de tipo culposa, o preterintencional, o de dolo eventual (donde el acusado debe representarse el resultado fatal que su conducta podía implicar para la víctima). Hay distintas circunstancias que vamos a discutir en la audiencia –indicó-, que técnicamente exceden esas figuras menos graves y la que aplica, al menos en principio, es la figura dolosa, con este doble agravante”, detalló.

Lautaro Labbe tenía16 años, murió ayer miércoles tras permanecer durante ocho días en grave estado en el Hospital Regional, en el área de terapia intensiva.  Fue baleado en la cabeza la madrugada del 18 de abril en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia.

Tras conocerse el hecho, se inició una investigación para determinar cómo se produjo el ataque al joven, ya que la policía de la Seccional Séptima – en el parte policial – sostenía que lo había encontrado herido en la calle. Un giro en la causa determinó que fue un policía quien le disparó, y sus tres compañeros falsificaron el parte para encubrirlo.

Los cuatro efectivos fueron apartados inmediatamente de su cargo y tras la muerte del menor, el policía que disparó sería imputado por homicidio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, se analiza si la calificación legal será “homicidio doloso, homicidio culposo, preterintencional u homicidio con dolo eventual para el que disparó”. Y los demás policías serán investigados por «e encubrimiento y abuso funcional”,  precisaron desde el organismo de la justicia.

El fiscal general, Juan Carlos Caperochipi, expresó en las últimas horas que se“ está trabajando desde el inicio del caso, y que tras la muerte del menor,  resta ajustar el cambio de calificación a algunos de los tipos de homicidio que prevé el Código Penal».

Y agregó que «una vez cerrada dos o tres circunstancias que faltan, pruebas que faltan agregar incluido el peritaje de las armas en cuestión, lo más pronto posible se va a formalizar el caso».

UN DESGARRADOR PEDIDO DE JUSTICIA 

Cristina Cárdenas, madre de Lautaro, público un mensaje a través de su cuenta, donde lamentó la trágica muerte de su hijo de 16 años. Pero además, decidió pedir justicia por el crimen de su hijo.

“Tenés una mamá de hierro que no va a descansar hasta que se haga justicia por vosEstos policías te arrebataron de mi vida, voy a luchar con todas mis fuerzas hasta que paguen por lo que te hicieron”, afirmó.

Este mediodía en los Tribunales de Esquel, se realizará la audiencia de control de la detención de Daniel Napal y Carlos Painepil, principales sospechosos de la desaparición y muerte de José Crettón el 11 de agosto del año pasado en El Maitén.

El tío del joven, Lucas Crettón, estimó que la Fiscal del caso, Ruth Monge, presentará los elementos necesarios para que ambos sujetos sigan detenidos, Napal en la Comisaría Segunda de Esquel, y Painepil en la Comisaría de José de San Martín, ambos defendidos por el abogado Hugo Cancino.

Dijo que hoy vence el plazo de la investigación, por lo que esperan que se prorrogue la misma, al igual que las detenciones. Según su interpretación, el Juez -Martín O´Connor-, le dio a la Fiscal seis meses para reunir pruebas, pero se prevén seis meses más, y de ser necesario una prórroga de otros cuatro meses.

La Dra, Monge le adelantó a Sergio Crettón, padre de José, que faltan pruebas de ADN y otros elementos, y como novedad la funcionaria Fiscal le habría transmitido que Daniel Napal ya cambio 11 veces el chip dl celular, y los mensajes que envía, los haría en códigos.

Para Lucas Crettón, las comunicaciones del detenido en su gran mayoría, son con la madre, que -sugirió- “sabe todo y tal vez hasta dónde está José”. Acotó que debe estar autorizado por el Juez.

Más adelante el tío del chico de 18 años desaparecido contó que se enteró que Carlos Painepil no puede dormir en la celda de la comisaría de José de San Martín, tampoco estaría comiendo, y “todas las noches grita el nombre de José, quizás con cargo de conciencia y algo más”.

La familia tiene la expectativa de que algún día hable quien está sindicado como uno de los autores de la desaparición y muerte de José, y al respecto Lucas manifestó que en su momento tuvo la intención de ir a hablar con el individuo, lo que sería posible siempre que la persona acepte. Pero, teniendo en cuenta la situación de salud de Painepil, decidió por ahora no gestionar la entrevista, por inconveniente.

Remarcó que su hermano Sergio, padre del joven José, semanas atrás experesó que aguardan el juicio a la brevedad, y en otro orden Lucas Crettón consideró que Carlos Painepil podría tener el beneficio de un juicio abreviado, pero si hablara como tuvo la intención el año pasado, y la defensora pública de la Comarca Andina que lo patrocinaba no se lo permitió.

Estimó que si contara lo que sabe del caso, en un juicio abreviado se le podría reducir la pena, que como está el tema, sería perpetua, y afirmó que la familia estaría dispuesta a ceder esa posibilidad a Painepil.

La clave para un homicidio en riña es que no se pueda determinar quien dio el golpe mortal en una agresión de muchas personas.

Falta una jornada de testigos para que el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa llegue a su recta final: los alegatos.

Una de las calificaciones legales del hecho, alternativas a la original que busca plantear la defensa será la de homicidio en riña. 

Esa calificación, según el Código Penal vigente, tiene una pena de seis años como máximo y dos de mínimo. Los rugbiers llevan tres años de tiempo cumplido en prisión preventiva. Una pena intermedia significaría la excarcelación inmediata. Fuentes allegadas al abogado Tomei aseguran que tienen fundamentos para realizar esa solicitud. Vale una aclaración: de ahí a que el tribunal la acepte hay una distancia casi abismal. Pero es una obligación para el defensor plantear alternativas.

La calificación original, llevada adelante por la fiscalía y con la que llegó el caso a juicio oral, es la de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y alevosía. Es decir, según este planteo, los rugbiers tenían la intención de matar a Fernando, idearon un plan para ello y lo ejecutaron con la víctima indefensa. Esta calificación tiene la pena de prisión perpetua en caso de que se acrediten alguno de los dos agravantes. Pareciera la más ajustada a la realidad, teniendo en cuenta el impresionante cúmulo de pruebas.

Así, irían a la cárcel un mínimo de 35 años, con la posibilidad de pedir libertad condicional tras ese período.

El argumento con el que Tomei podría pedir el homicidio en riña se centra en la autopsia al cuerpo de Fernando. “Ese estudio es bastante difuso y no marca una patada puntual o lesión, por lo tanto, si uno lee lo que dice el artículo del Código Penal sobre el homicidio en riña, podría aplicarse perfectamente. Por otro lado, ese artículo habla de riña o agresión. No sólo de una pelea como muchos creen”, explicó un jurista con llegada a la defensa.En efecto, el artículo 95 del Código vigente dice: “Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión”.

La clave para un homicidio en riña es que no se pueda determinar quien dio el golpe mortal en una agresión de muchas personas. Sin embargo, durante el juicio quedó acreditado por distintos testimonios y por las pruebas de ADN de sus zapatillas, que Máximo Thomsen pateó en la cabeza a Fernando. Según la autopsia, murió por un paro tras un shock neurogénico. Es decir, una lesión importante en el cerebro.

A pesar de esto, Tomei podría intentar introducir el homicidio en riña durante los alegatos. No será lo único. También pediría la absolución de, como mínimo, dos de los acusados.

“Es muy probable que Tomei pida eso, lo va a hacer como una solicitud subsidiaria. Pero también es posible que pida la absolución de todos por el beneficio de la duda al no estar probado quien le dio la patada mortal y por no estar probada la tipificación de la conducta de los ocho imputados en el homicidio. Yo no creo que tenga razón, creo que es lo que va a hacer la defensa”, opinó el abogado Mauricio D´Alessandro.

Christian Poletti, letrado con vasta experiencia en juicios orales, también se refirió a la figura del homicidio en riña: “La riña consiste en acometimientos recíprocos, un ida y vuelta de agresiones. No sé si eso es lo que se ha probado en el juicio o si estamos hablando más bien de la agresión de varios hacia uno,. Si eso es lo acreditado, pretender que se lo califique como homicidio en riña es algo aventurado. De todos modos, lo importante es lo que se probó durante las audiencias de debate. Eso es lo que forma el conocimiento de causa en los magistrados. Lo que se sostenga en el alegato, que suele utilizarse para subrayar los pasajes favorables que sostienen la propia teoría del caso, difícilmente podrá alterar la convicción que los jueces han ido formando a lo largo de las audiencias”.

Por el asesinato del nene, en noviembre de 2021, están acusadas su madre y la novia. Las pericias indicaron que Lucio fue abusado sexualmente y golpeado hasta la muerte.

Este jueves comenzará el juicio contra Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez. En el debate por el crimen del nene de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, declararán 105 testigos.

La madre del pequeño y su pareja serán trasladadas desde el penal de San Luis hasta La Pampa para que presencien el inicio del juicio.

El juicio se extenderá hasta el 22 de diciembre y se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de la capital pampeana. Estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Mientras que los fiscales que impulsarán la acusación del Ministerio Público serán Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco. Así lo informaron fuentes judiciales a Télam.

El abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, dialogó con TN y expresó: “Llegamos al día del juicio en un tiempo muy importante en cuanto al poco tiempo que se tomó la investigación”.

También señaló que las dos acusadas serán imputadas por el mismo delito: homicidio triplemente calificado por el vínculo (en el caso de la madre) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

El abogado remarcó que desean promover antes de fin de año “la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario que se verificaron en principio en el ámbito de salud pública” porque “hubo muchas omisiones que pudieron haber evitado este trágico resultado”.

Aguerrido sostuvo que en este caso hay evidencia de que “desde fines de 2020 Lucio empezó a ingresar traumatizado casi de manera recurrente en distintos lugares de la salud pública de Santa Rosa”, pero que pese a ello “no se dispararon alarmas que necesariamente estaban” porque “hacía falta que el sistema operara como debía operar”.

El abogado indicó que al pequeño “lo maltrataban y adoctrinaban para que dijera por qué tenía un golpe” y remarcó que “si se hubiera trabajado con consciencia no estaríamos hablando de estos resultados”.

El Fiscal Carlos Díaz Mayer informó que continúan trabajando con varias líneas de investigación para determinar “la existencia o deposición final del cuerpo” de José Crettón y confirmó que, según los datos, «estaría fallecido”.

El dato más fuerte aportado en la nueva audiencia fue el detalle de una conversación mantenida por el coimputado con un tercero en la que daba cuenta del modo en que ambos imputados dieron muerte a Crettón y quemaron las evidencias.

El fiscal Díaz Mayer indicó que en la conversación uno de los imputados “le comenta a un conocido, alguien de su confianza, que lo habrían ejecutado de dos tiros en la cabeza y le habían cortado el cuello”.

De acuerdo a lo informado por Fiscalía de Esquel, en la audiencia de control de la detención del primer imputado por el hecho, la funcionaria Ruth Monge dio al juez detalles de los nuevos elementos que aportan datos sobre cómo se habría cometido el crimen.

En esta oportunidad fue el juez Ricardo Rolón quien presidió la audiencia. Monge pidió la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Su pedido fue resistido por el defensor particular Hugo Cancino, quién se opuso en primer lugar a la continuidad de la medida y en segundo término al plazo requerido. Rolón compartió con la Fiscalía que existen claros peligros de fuga y de entorpecimiento y decidió renovar la prisión por un mes, hasta el 25 de noviembre.

En su planteo Monge repasó todos los indicios reunidos hasta el momento. Dijo que el imputado estuvo buscando gente que lo ayude a cometer el crimen cuatro o cinco días antes; que hizo contacto con el coimputado, que el lunes estuvieron juntos, el martes aparentemente habría hecho el pozo, el miércoles un testigo escuchó la conversación y al coimputado probarse la ropa, el jueves compró el combustible, tuvo conversaciones con el cómplice, este se cambió en la casa de la pareja de Crettón y salieron en dirección de la casa de José. Desde ahí lo sacaron. A las 21:30 ya tenía el celular desde el que envió el mensaje para hacer creer que José se había ido por su propia voluntad. Ese celular de José Crettón nunca más fue encendido, ni tuvo nunca ninguna comunicación con otra persona.

El ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, Miguel Castro, habló sobre los incidentes en el fútbol barrial ocurrido el último fin de semana en la ciudad de Trelew, y aseguró que “esta cuestión de violencia en el futbol no es nueva, lamentablemente termina siendo habitual. Creo que es necesario darle una intervención seria y profunda a la cuestión para evitar la continuidad de estos hechos violentos”.

“La organización que lleva adelante el fútbol tiene todas las facultades para resolver esto. Nosotros como Provincia, administramos la fuerza pública, que está a disposición de las organizaciones, pero ellos tiene que hacer lo que corresponde, lo que está establecido en la normativa vigente, y deben ajustarse a eso, poner allí la intervención de la policía como pasa en otras ligas”, resaltó.

Castro detalló que “siempre esos servicios son de policía adicional. El tema de lo que les sale es otro tema. Para todo hay que hacer las previsiones correspondientes, tampoco por una cuestión económica se puede poner en riesgo la vida de la gente”.

En diálogo con FM Tiempo, el ministro se refirió al caso de José Crettón y señaló que “estamos ante una hipótesis de un homicidio, con ribetes macabros si se quiere”.

“Lamentablemente es necesario que aparezca José, para el cierre y el duelo que tiene que hacer la familia. A esta altura no cabe dudas que estamos frente a un homicidio. La investigación final creo que permitirá encontrar a José. Han sido más de 60 días muy duros para la familia, pero también de mucho trabajo para Fiscalía y la policía que ha dispuesto muchos recursos”, finalizó.

Durante la filmación se ve al joven detenido por apuntarle a la vicepresidenta Cristina, recargando la pistola y simulando un disparo al vacío. El video fue recuperado de la tarjeta SIM del celular.

Luego de los peritajes que se realizaron en el teléfono celular del atacante de Cristina Fernández, Fernando Sabag Montiel, se recuperaron imágenes de la tarjeta que lo muestran ensayando el movimiento de la corredera.

Durante la filmación se ve a Sabag Montiel recargando la pistola y simulando un disparo al vacío. Es la pistola Bersa semiautomática de acción simple, calibre 32 (7,65mm Browning), modelo Lusber 84.

El atacante le gatilló en dos oportunidades apuntando a la cara de la Vicepresidenta de la Nación, pero el disparo no salió.

Al ser peritada por la División Balística de la Policía Federal se confirmó que la pistola, aunque estaba cargada con 5 cartuchos, no tenía bala en la recámara y funcionaba perfectamente.

Por consiguiente, una de las razones por la cual no se produjo el disparo, pese a que Sabag Montiel gatilló dos veces, fue que el arma no estaba lista para disparar.

El video fue recuperado de la tarjeta SIM del celular del atacante y muestra al acusado manipulando el arma, haciendo con la corredera el movimiento necesario para que una de las balas del cargador suba a la recámara y la pistola quede lista para disparar.

María Eugenia Capuchetti, la jueza federal a cargo del caso, está trabajando en el procesamiento con prisión preventiva del atacante y de su novia, Brenda Uliarte, por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, agravado por el estado de indefensión de la víctima.