El escándalo por las grabaciones que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, abrió un nuevo capítulo en la interna libertaria.
Según La 17, dirigentes oficialistas apuntan al empresario Franco Bindi y a la diputada Marcela Pagano como responsables de la filtración, mientras otros mencionan al consultor Fernando Cerimedo.
Los audios difundidos muestran a Spagnuolo afirmando que funcionarios cercanos a Lule Menem solicitaban sobornos del 8% a prestadores de la ANDIS. El material circuló inicialmente en plataformas de streaming y luego fue replicado por medios nacionales.
Fuentes cercanas al exfuncionario sostienen que Spagnuolo “está convencido de que fue Cerimedo” quien lo grabó, recordando que ambos eran amigos hasta fines de 2024. Las conversaciones fueron informales, mantenidas entre agosto y noviembre de ese año.
Cerimedo negó las acusaciones: “Éramos solo amigos, conocidos, con el que hacía catarsis”, aclaró, y señaló que ciertos detalles de las charlas hacen imposible que él haya sido el autor de la grabación.
Señalamientos hacia Bindi y Pagano
En paralelo, creció la sospecha sobre Franco Bindi y Marcela Pagano. Una dirigente libertaria afirmó: “Es ilegal que una diputada grabe a una persona en una charla privada sin su consentimiento”. El periodista Carlos Pagni señaló que la tesis dominante es que la pareja habría conservado los audios para difundirlos en un momento político estratégico.
Desde el entorno de Bindi rechazaron categóricamente estas versiones: “Nunca estuvo con Spagnuolo ni participó en la difusión”, afirmaron, y acusaron al jefe de Gabinete Guillermo Francos de maniobrar para concentrar poder dentro del Gobierno.
Consecuencias internas y judiciales
La filtración generó la expulsión de Spagnuolo, allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y la apertura de una causa judicial por presuntos sobornos que habrían alcanzado cifras millonarias. Estas tensiones reflejan viejas disputas entre distintos sectores del movimiento libertario.
El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, mientras la justicia analiza la autoría de las grabaciones y su difusión en el marco de los conflictos internos del sector libertario.