La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza adelantar la fecha del Paro Nacional ante la inminente «amenaza» de un nuevo recorte del 10% en la planta estatal por parte del Gobierno de Javier Milei, una medida que representaría aproximadamente 28.000 despidos.
La iniciativa surge como respuesta directa a lo que el sindicato describe como una ofensiva contra el empleo público.
Según información confirmada por fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas, los despidos apuntarían principalmente a organismos descentralizados, incluyendo instituciones clave como la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la ANSeS, el ENACOM, el INTI y el INTA, entre otros. La medida de fuerza, originalmente pactada para una fecha posterior, podría ejecutarse anticipadamente.
La respuesta sindical a la política de ajuste
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó duramente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó de «siniestro» porque «viene por los trabajadores». Aguiar fue contundente al declarar que «el sector público no resiste más ajustes» y advirtió que no tolerarán «ningún despido».
En declaraciones reproducidas por la agencia, el líder sindical exigió «la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre» y desmintió el argumento gubernamental sobre la necesidad presupuestaria del recorte, señalando que «los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto».
Un conflicto que trasciende lo laboral
Aguiar sostuvo que detrás de las medidas de ajuste hay una postura «ideológica» del Gobierno, afirmando que «está más que claro que Milei no quiere destruir el Estado sino que pretende moldearlo para que sólo se aseguren los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales».
El dirigente culminó su crítica con una afirmación que vincula el conflicto con el poder económico: «Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint» , grupo empresarial con intereses diversificados en sectores como la energía, siderurgia y construcción a través de empresas como Tecpetrol, Tenarisy Techint Engineering & Construction.
