Los docentes universitarios y preuniversitarios de la Argentina iniciaron este lunes un paro nacional por siete días, una medida convocada por la CONADU Histórica (CONADUH) ante la falta de respuestas del Gobierno nacional
La decisión se tomó el 18 de noviembre durante el plenario de secretarios generales, la información fue extraída según Radio3.
En el encuentro participaron representantes de los sindicatos que integran la federación, entre ellos la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Allí se resolvió avanzar con la protesta debido al estancamiento salarial y la ausencia de un diálogo paritario.
El conflicto se profundizó luego de que el presidente Javier Milei suspendiera, mediante el Decreto 759/25, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa contempla una actualización del 40,25% en los salarios básicos de julio de 2025, una deuda que el sector reclama con urgencia.
Desde CONADUH advirtieron que los sueldos se mantienen prácticamente congelados y que los ajustes otorgados quedan por debajo de la línea de pobreza. También rechazaron el paquete de reformas que impulsa el Gobierno, incluida la educativa, por considerar que compromete el sostenimiento del sistema universitario.
Preocupación por el presupuesto 2026
La federación reclama la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria inmediata a negociaciones paritarias y un presupuesto 2026 que garantice el funcionamiento de las instituciones públicas.
Según los gremios, el actual nivel de desfinanciamiento afecta el normal desarrollo de las actividades académicas, de investigación y administrativas. Las universidades, señalan, se encuentran operando con recursos insuficientes para sostener su estructura básica.
Advertencia sobre el ciclo lectivo del próximo año
Ante este panorama, CONADUH y otras confederaciones universitarias alertaron que, si no se revierte el ajuste presupuestario, podría peligrar el inicio del ciclo lectivo 2026. Las instituciones advierten que la falta de fondos limitaría gravemente la capacidad de garantizar clases, servicios esenciales y continuidad laboral.
Mientras el conflicto se extiende a nivel nacional, los gremios insisten en que el Gobierno debe abrir una instancia de diálogo y asegurar el financiamiento necesario para preservar el sistema universitario público, considerado un pilar histórico del desarrollo científico y social del país.