El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para finalizar los contratos con empresas estatales que gozaban de beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios.
La medida, oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, busca dar mayor margen a los organismos públicos en medio de la transición hacia un esquema más competitivo.
Decreto 591/2025 y la extensión de los plazos
La normativa fue publicada a través del Decreto 591/2025, rubricado por Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Con esta decisión, se prorrogan los plazos fijados previamente por el Decreto 747/2024, cuya vigencia concluía el 22 de agosto.
El nuevo decreto otorga más tiempo para que los organismos y entes estatales puedan concluir la rescisión de contratos y adaptar sus operaciones al nuevo marco legal.
Fin de las contrataciones exclusivas
Según Infobae, la medida profundiza el cambio iniciado con el Decreto 70/2023, que eliminó los privilegios para las empresas en las que el Estado es accionista.
De esta manera, quedaron sin efecto normas que obligaban a contratar únicamente con entidades estatales, como:
- Decreto 1187/2012: pago de haberes a empleados públicos solo a través del Banco Nación.
- Decreto 1189/2012: adquisición de combustibles y lubricantes exclusivamente en YPF S.A.
- Decreto 1191/2012: viajes aéreos solo mediante Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar.
- Decreto 823/2021: contratación obligatoria de seguros con Nación Seguros.
Nuevas entidades habilitadas para competir
En abril, el Gobierno adjudicó a once bancos privados la posibilidad de brindar servicios de apertura, gestión y mantenimiento de cuentas sueldo, de manera gratuita.
Entre ellos se encuentran: Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle.
El Ejecutivo instruyó a las jurisdicciones a priorizar, dentro de los nuevos contratos, beneficios concretos para los trabajadores estatales, como el acceso a préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.
Corrupción y causas judiciales
El Decreto 823/2021, ahora derogado, reveló un entramado de corrupción que involucró al expresidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, su secretaria de confianza.
Actualmente, la Cámara Federal de Comodoro Py evalúa el procesamiento de Fernández en la causa.
Desde el Gobierno actual calificaron como “nefasto” el sistema anterior:
“Tan grotesco era que se contrataba a un broker para una contratación que era obligatoria por ley”, señalaron.
La extensión de los plazos busca garantizar una transición ordenada en la rescisión de contratos y la apertura de nuevas licitaciones. Con este esquema, el Ejecutivo apunta a reducir costos, fomentar la competencia y evitar que el Estado vuelva a privilegiar a determinadas empresas.