La investigación por la contaminación y el desvío de lotes de fentanilo se convirtió en uno de los expedientes judiciales más graves de los últimos años.
El Ministerio Público Fiscal vinculó a laboratorios, droguerías y directivos en la elaboración y distribución de ampollas adulteradas que habrían provocado la muerte de más de un centenar de pacientes en clínicas y hospitales de distintas provincias.
En paralelo, persisten las sospechas por la falta de trazabilidad de parte de la materia prima importada y un misterioso faltante de casi cinco kilos de citrato de fentanilo que oficialmente figura como destruido, pero cuya eliminación nunca fue documentada de manera fehaciente.
Desvíos ilegales, 122 muertes bajo investigación y un faltante de cinco kilos que no aparece en la investigación por fentanilo
El caso tiene como principal imputado a Ariel García Furfaro, directivo de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, quien negó cualquier vínculo con el narcotráfico.
En su indagatoria frente al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y a la fiscal María Laura Roteta, aseguró: “Nunca tuve nada que ver con drogas ni con narcotráfico. No soy narco”.
García responsabilizó a ex empleados por las denuncias y trató de despegarse de la acusación, pero los fiscales sostienen que existen pruebas directas sobre el desvío ilegal de ampollas, la adulteración de lotes y la falta de certificación sobre la destrucción del citrato de fentanilo en polvo importado.
Hasta el momento, se investigan 122 historias clínicas de pacientes fallecidos, de las cuales 87 fueron confirmadas por el Instituto Malbrán al detectar la misma bacteria encontrada en los lotes contaminados. A ese número se suman nueve casos considerados sospechosos y otros 26 en revisión.
La fiscalía aún espera el resultado de pericias forenses para determinar si todas las muertes guardan relación directa con el suministro del fármaco adulterado. Se trata de un número alarmante que coloca al caso en un plano inédito dentro de las investigaciones sobre delitos contra la salud pública en la Argentina.
Dictamen de la Fiscalia
El dictamen de la fiscalía reconstruyó la cadena de comercialización de los lotes 31.202 y 31.244 producidos en Laboratorio Ramallo y distribuidos por HLB Pharma en enero de 2025.
Según la documentación incautada, las ampollas se vendieron a droguerías que luego las derivaron a hospitales, clínicas y dependencias estatales en Formosa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
La trazabilidad muestra operaciones millonarias, ventas incompletas y recuperaciones parciales de stock durante allanamientos, lo que refleja la magnitud de la distribución y las dificultades para controlar el circuito.
Entre las firmas implicadas, Droguería Alfarma, propiedad de Ariel García Furfaro, habría adquirido 15.000 ampollas, de las cuales 2.000 llegaron al Hospital Interdistrital Evita en Formosa. Nueva Era S.R.L., por su parte, compró 50.000 ampollas y distribuyó 48.300 a municipios y clínicas en varias provincias, aunque en un allanamiento se recuperaron 1.700 sin despachar.
Glamamed adquirió 30.000 ampollas y vendió al menos 25.507, mientras que Federal Pharma aparece con compras de 10.000 unidades sin consignar números de lote en facturas, lo que refuerza las sospechas de irregularidades en la documentación.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) detectó además operaciones ilegales que involucran lotes previos, como el 30.366, ofrecido en el mercado negro en Posadas en 2023.
A partir de diálogos extraídos de teléfonos secuestrados, se comprobó que ampollas de HLB Pharma se desviaron fuera de los canales legales, lo que motivó que ese expediente se acumulara a la causa central por contaminación.
La Justicia ahora analiza de qué manera se conectan ambos hechos, ya que se trata de la misma estructura empresarial y del mismo principio activo.
Señalamientos del juez
El juez Kreplak destacó que la falta de registros claros en la documentación de HLB y Ramallo constituye un patrón de desprolijidades graves. Informes de la ANMAT detectaron inconsistencias clasificadas como “muy graves”, lo que derivó en la suspensión preventiva de la droguería Alfarma.
A su vez, la Dirección de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad señaló que los laboratorios presentaron documentación incompleta durante inspecciones, con actas de disposición final faltantes, certificados parciales y registros que no permiten comprobar la destrucción de casi cinco kilos de citrato de fentanilo, una sustancia de altísimo valor en el mercado ilícito.
La fiscalía detalla que la falta de actas, la entrega parcial de papeles y las deficiencias de trazabilidad alimentan la hipótesis de que la destrucción pudo haber sido simulada o incompleta.
Entre las observaciones se incluye la diferencia entre lo importado, lo supuestamente utilizado en producción y lo declarado como eliminado, que no cierra con los datos oficiales. A esto se suma un antecedente concreto: la existencia probada de desvíos anteriores de ampollas hacia el circuito ilegal.
El dictamen fiscal sostiene que la magnitud del caso no se limita a la contaminación accidental de un lote, sino que configura un esquema de desvío, irregularidad y opacidad sistemática en el control de sustancias controladas.
En este marco, la Justicia deberá determinar responsabilidades penales entre directivos, técnicos y funcionarios, mientras que la cifra de pacientes fallecidos sigue en revisión y aumenta la presión social sobre una causa que expone la fragilidad de los controles en la cadena farmacéutica argentina.
