El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) por 180 días, en medio de la crisis desatada por audios que revelan un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos.
La medida quedó plasmada en el Decreto 601/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El interventor designado, Alejandro Alberto Vilches, deberá presentar un informe exhaustivo sobre la situación del organismo y proponer medidas para garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Medidas establecidas en el decreto
La normativa obliga a Vilches a reorganizar la Agencia y asegurar la correcta administración de recursos, así como el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Además, limita la designación de la Subdirectora Ejecutiva, Romina Gisele Núñez, en el marco de esta intervención.
Según C5N, la decisión busca restituir la confianza pública en un área clave para la atención de los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.
Los audios que desataron el escándalo
El detonante de la intervención fueron los audios revelados por el periodista Mauro Federico en Argenzuela. Allí se escucha al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, describir una presunta red de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios cercanos al oficialismo.
En uno de los registros, Spagnuolo asegura que parte de la estructura respondía a personas del entorno presidencial:
“Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita”.
En otros fragmentos, apunta directamente contra Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, a quienes señala como beneficiarios de maniobras ilegales con medicamentos. Incluso reconoce que lo denunciado sería apenas un “kiosquito” en comparación con la magnitud real del esquema.
Un golpe político y de gestión
La salida de Spagnuolo y la intervención de la ANDIS marcan un golpe político para el Gobierno, que deberá enfrentar ahora no solo la reorganización interna del organismo, sino también las repercusiones de las acusaciones que tocan de lleno al entorno más cercano del presidente Javier Milei.
La medida, de carácter transitorio, busca recuperar la credibilidad en la administración de un área estratégica para la inclusión y la asistencia de miles de argentinos con discapacidad.