Un operativo judicial en Trelew develó una trama de extorsión digital orquestada desde dentro de una prisión, donde un interno utilizaba dispositivos móviles para amenazar y defraudar.
En un hecho que expone serias falencias en el control tecnológico dentro de los establecimientos carcelarios, la Justicia de Chubut desarticuló una red de extorsión digital cuyo cerebro operaba desde la comodidad de su celda. El caso, de una audacia inusual, fue investigado por la Fiscalía de Cibercrimen de Esquel y revela cómo el delito se moderniza tras las rejas.
La Víctima que Decidió Romper el Silencio
El insólito caso salió a la luz tras la valiente denuncia de un ciudadano que, tras semanas de angustia, decidió romper el silencio al ser blanco de una sofisticada campaña de amenazas digitales.
El acoso comenzó de manera sutil a través de mensajes privados en Facebook, donde el victimario —oculto tras una identidad falsa y un perfil cuidadosamente construido— inició un contacto aparentemente inocente. Rápidamente, la situación escaló: las comunicaciones migraron a WhatsApp, plataforma por la cual el acusado intensificó su hostigamiento mediante audios intimidatorios, mensajes textuales agresivos y llamadas perdidas constantes que mantenían a la víctima en un estado de alerta permanente.
Utilizando información personal de la víctima —posiblemente obtenida de sus redes sociales—, el extorsionador fabricó amenazas creíbles y personalizadas, exigiendo transferencias de dinero inmediatas a cambio de “garantizar su seguridad y la de su familia”. Las amenazas incluían desde daños físicos hasta la posibilidad de divulgar información privada, creando un clima de terror psicológico que quebrantó la estabilidad emocional del afectado.
La presión fue calculada y persistente: el acosador manipulaba los tiempos de respuesta, aumentaba las exigencias tras cada pago y aprovechaba el anonimato que le brindaban las herramientas digitales para incrementar la sensación de impunidad y poder sobre su víctima.
La Huella Digital del Dinero
Intimidado y buscando proteger a su familia ante las constantes y crecientes amenazas, el damnificado finalmente accedió a las demandas de su victimario. En un acto de desesperación y bajo un intenso trauma psicológico, realizó múltiples transferencias bancarias y envíos de dinero mediante plataformas digitales que, en su conjunto, superaron la abultada suma de $1.5 millones. Este movimiento financiero, lejos de pasar desapercibido, se convertiría en la pista crucial y el punto de inflexión para la investigación.
Ante la denuncia formal, especialistas en cibercrimen del DUAF Esquel de la Policía Federal Argentina activaron de inmediato todos los protocolos de rastreo financiero digital. Utilizando tecnología de punta y con la colaboración de entidades bancarias, los investigadores siguieron el camino electrónico de los fondos a través de una compleja red de transacciones. El recorrido fue meticulosamente reconstruido: desde la cuenta de la víctima, pasando por billeteras virtuales intermediarias —creadas para dificultar el seguimiento—, hasta su destino final.
Cada transferencia, cada comisión, y cada registro digital se convirtió en una evidencia irrevocable. La traza financiera, pese a los intentos de opacarla, condujo de manera inexorable y con precisión absoluta hasta una cuenta bancaria y una serie de dispositivos asociados a un interno alojado en el Instituto Penitenciario N° 1 de Trelew. La evidencia no dejaba lugar a dudas: la extorsión se había gestado y ejecutado desde detrás de los muros de la cárcel, confirmando los peores temores sobre el alcance delictivo que pueden alcanzar los reclusos con acceso a tecnología.
El Allanamiento y el Secuestro de Evidencia Digital
Con esta prueba contundente, los fiscales Martín Robertson y Mauro Belloqui coordinaron un allanamiento dentro de la unidad penitenciaria. El procedimiento permitió el secuestro de teléfonos celulares, chips y cargadores que presuntamente fueron instrumentalizados para el delito. Estas pruebas son vitales para la causa por los delitos de extorsión agravada y estafa, tipificados en los artículos 168, 172 y 173 del Código Penal.
Alerta por una Modalidad en Expansión
El interno fue imputado y queda a disposición de la Justicia, aunque la investigación avanza ahora hacia los peritajes digitales para descifrar el alcance total de su operativo. No se descarta que existan más víctimas. Este episodio funciona como una alerta sobre la sofisticación que han alcanzado los delincuentes dentro de las prisiones, quienes aprovechan la conectividad para explotar la vulnerabilidad de la ciudadanía, un problema que exige urgentes reforzamientos en los controles carcelarios. Información extraída del medio La17.