El presidente Javier Milei insiste en auditar las universidades públicas para «terminar con las filtraciones de dinero», pero el organismo encargado de realizar estos controles, la Auditoría General de la Nación (AGN), se encuentra prácticamente paralizado.
De sus siete miembros, solo uno continúa en funciones, bloqueando cualquier posibilidad de revisión financiera a las casas de estudios.
Congreso demora designación de auditores
La AGN depende de nombramientos en el Congreso de la Nación, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado no avanzaron en la designación de los auditores restantes. Actualmente, el único auditor vigente es Juan Manuel Olmos, designado por Unión por la Patria. Esta situación deja en stand by los pedidos de auditoría del Poder Ejecutivo, que acusa a las universidades de «ocultar curros» y menciona ejemplos de «autos de lujo» y «choferes con sueldos millonarios».
Crisis universitaria y reclamos de financiamiento
Mientras tanto, las universidades públicas atraviesan una situación crítica. El presupuesto prorrogado desde 2022 no contempla la inflación de los últimos años, lo que redujo drásticamente salarios docentes y fondos operativos. Los salarios docentes perdieron más del 30% de poder adquisitivo y los recursos resultan insuficientes para gastos básicos. Esta crisis derivó en masivas marchas federales en 2024 y en una nueva convocatoria para este miércoles, en defensa de la educación superior pública y gratuita.
Tensión política y conflicto educativo
La falta de avances en la integración de la AGN refleja la tensión política en torno al financiamiento educativo. Mientras el oficialismo mantiene su discurso de auditorías y control de fondos, la comunidad educativa enfrenta una situación de emergencia económica que amenaza con escalar en el corto plazo. La paralización del organismo de control deja los cuestionamientos en el plano discursivo, profundizando el conflicto con las universidades. Información extraída del medio Radio3.