La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una acusación de alto voltaje ante el Tribunal Oral Federal 7.
En la audiencia por el tramo «La Camarita» de la megacausa «Cuadernos», el organismo sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner recibió 175 pagos ilegales por más de 171 millones de pesos y 613 mil dólares entre 2008 y 2010, en el marco de un «acuerdo espurio» para la adjudicación de obras viales.
La audiencia, que se extendió por cerca de cinco horas ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, detalló un circuito de pagos que habría funcionado de manera «aceitada y piramidal». La UIF sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner eran los destinatarios finales de un sistema de «retornos» vinculado a contratos de obra pública.
El mecanismo del supuesto «acuerdo espurio» para sobornos
Según la acusación presentada por la UIF, el esquema se basó en resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad, que otorgaba anticipos financieros a las empresas adjudicatarias por entre el 10% y el 20% del monto del contrato. Una parte de estos fondos sería desviada como pago ilegal.
La querella atribuyó roles clave a varias figuras: Julio De Vido, desde el Ministerio de Planificación Federal; José López, como coordinador; Carlos Wagner, ejecutor; y el financista Ernesto Clarenscomo principal recaudador. La investigación sostiene que Clarens llevaba un archivo de Excel detallando fechas y montos de cada entrega, una pieza central de la acusación.
Empresas, montos y vínculos con el complejo Los Sauces
Entre las firmas mencionadas, se destacó la empresa JCR S.A., vinculada a la familia Relats. Según la UIF, esta firma realizó 40 pagos por más de 85 millones de pesos, mientras obtuvo 44 obras viales por más de 5.294 millones de pesos.
La acusación también incluyó referencias al complejo hotelero Los Sauces, una sociedad familiar integrada originalmente por Néstor Kirchner (45%), Cristina Fernández de Kirchner (45%) y Máximo Kirchner (10%), constituida en 2006. El contador Víctor Manzanares, quien administró esta empresa, había declarado que generó ingresos millonarios para el patrimonio familiar, aunque en instancias anteriores había defendido la legalidad de todas sus operaciones, argumentando trazabilidad bancaria y el carácter familiar de la sociedad. En una etapa anterior de la investigación, tanto Cristina Kirchner como sus hijos Máximo y Florencia habían sido procesados en una causa separada por la sociedad Los Sauces, acusados de «asociación ilícita» y «lavado de activos».
La presentación de la UIF marca un nuevo capítulo en esta rama de la megacausa, fortaleciendo la hipótesis de una organización sistemática para el desvío de fondos de la obra pública. Según información del medio La17, la investigación judicial continúa su curso para evaluar estos cargos.
