El Gobierno nacional presentó una nueva apelación ante la justicia de Estados Unidos en el marco del litigio por la expropiación de YPF.
El objetivo central de esta tercera apelación es evitar la entrega de comunicaciones privadas de los ministros de Economía Sergio Massa y Luis Caputo, una medida que la defensa argentina considera una violación a su soberanía.
El foco de la nueva apelación presentada
Según información reportada por el medio Infobae, la apelación fue presentada el pasado viernes ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. La misma se centra específicamente en impugnar la orden de la jueza Loretta Preska, quien exige la entrega de mensajes, dispositivos personales y cuentas de correo de los funcionarios, incluyendo comunicaciones «off the record». La Procuración del Tesoro argumenta que esta exigencia «viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina».
La estrategia legal del «Discovery» del alter ego
La polémica orden se enmarca en un proceso legal conocido como «Discovery del alter ego». Los fondos buitre demandantes, Burford Capital y Eton Park, buscan demostrar que el Estado argentino y YPF son una misma entidad, una estrategia que, de prosperar, podría extenderse a otras empresas estatales. La defensa argentina sostiene que ya se ha brindado una «extensa cooperación» con más de 100.000 páginas de documentos, y acusa a los demandantes de utilizar este proceso para «hostigar a la República».
Los argumentos de soberanía e inmunidad
La presentación judicial esgrime varios argumentos contundentes. En primer lugar, alega una «violación de la inmunidad soberana», señalando que las acciones de YPF están protegidas por tratarse de bienes de un Estado en el extranjero. También afirma que la orden fuerza a Argentina a violar su propia legislación, que exige la aprobación del Congreso para transferir las acciones, y que contradice principios de derecho internacional como la «cortesía internacional».
Un fallo clave que se espera para 2026
Esta es la tercera apelación presentada por Argentina para evitar cumplir con una condena que asciende a más de 16.000 millones de dólares. La defensa también ha impugnado la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera. Se estima que la definición final de este complejo proceso judicial no se conocerá antes del primer trimestre de 2026, lo que le da al Gobierno un respiro temporal en esta batalla legal.
La persistencia de Argentina en apelar every decisión judicial marca una estrategia defensiva que prioriza la protección de sus activos soberanos y la confidencialidad de las comunicaciones de sus funcionarios. El caso no sólo define una millonaria indemnización, sino que sienta un precedente crucial sobre el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre los bienes del Estado argentino. Información extraída del medio Rio Negro.