El país busca revertir la orden de entregar comunicaciones de funcionarios ante la Corte de Nueva York.
La República Argentina presentó por tercera vez un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del juicio en el que fue condenada a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La medida cuestiona la orden de la jueza Loretta Preska de entregar mensajes oficiales y privados de los últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
Pedido de revisión de entrega de comunicaciones
La presentación, realizada el viernes por la noche, busca que se revise la exigencia de entregar dispositivos personales y cuentas relacionadas con comunicaciones “off the record” de los funcionarios actuales y anteriores. Fuentes allegadas al expediente indicaron que la solicitud incluiría una rendición de cuentas de los últimos ministros de Economía, sin descartar la extensión a otros funcionarios de gestiones pasadas o actuales.
La jueza Preska basó su requerimiento en un proceso de “Discovery” del alter ego, cuyo objetivo es probar que el Estado argentino y YPF operan como una sola entidad. Esto podría afectar potencialmente a otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Tras el fallo del 29 de julio, la Procuración del Tesoro denunció que la medida “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”. La defensa del Estado destacó que ya se entregaron más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo información sobre cuentas financieras en Argentina, Estados Unidos y otros países.
Acusaciones de abuso por parte de Burford Capital
La Procuración acusó a Burford Capital, financiador de los demandantes, de usar el proceso de discovery para “hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes” de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía. El primer fallo de la causa favorece principalmente a Burford Capital, al establecer un pago de USD 16.000 millones con intereses.
En su estrategia, los demandantes solicitaron que los funcionarios entreguen mensajes de sus dispositivos y cuentas personales relacionados con YPF, usando palabras clave específicas. La defensa local apeló también la orden de quedarse con las acciones que posee el Estado en la petrolera, que representan el 51% del total.
Fundamentos de la apelación argentina
Según Infobae, La defensa del país fundamentó su recurso en varios puntos clave:
- Violación de la inmunidad soberana: La Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU. protege los bienes de un Estado en el extranjero frente a embargos. La norma solo contempla excepciones para bienes situados en EE.UU.
- Interpretación errónea del derecho de Nueva York: Se aplicó de manera indebida la norma de ‘turnover’, que no obliga a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
- Inaplicabilidad de la FSIA: Las acciones de YPF no están en EE.UU., ni fueron usadas en actividad comercial allí, ni en la que dio origen al reclamo.
- Violación del derecho argentino e internacional: La orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su legislación interna, que exige aprobación del Congreso para transferencias de acciones, y contradice principios internacionales de cortesía y doctrina del acto de Estado.
