El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro está a un voto de ser condenado por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, después de que dos magistrados del Supremo Tribunal Federal votaran a favor de la condena y uno en contra.
Los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron a favor de declarar culpable a Bolsonaro por cinco delitos graves, incluida la abolición violenta del Estado democrático de derecho y la conspiración golpista. El juez Luiz Fux votó en contra, aceptando el argumento de la defensa sobre restricción del derecho de defensa.
Detalles de la votación y argumentos
Alexandre de Moraes, en su fallo, argumentó que Bolsonaro lideró una «organización criminal» que promovió bloqueos de carreteras y campamentos frente a cuarteles militares para impedir la investidura de Lula. Sostuvo que el expresidente intentó instaurar una «dictadura» tras su derrota electoral y reveló que existían planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a él mismo.
Flávio Dino respaldó la posición de Moraes, pero Luiz Fux discrepó aceptando el argumento de la defensa sobre el enorme volumen de pruebas (más de 70 terabytes) y el poco tiempo otorgado para su análisis, lo que habría impedido a los abogados examinar adecuadamente las evidencias.
Próximos pasos y posible sentencia
Quedan por emitir los votos de la jueza Cármen Lúcia y del juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y responsable de la conducción del proceso. Con el voto favorable de solo uno de ellos, Bolsonaro sería declarado culpable.
La sentencia final podría definirse en las sesiones programadas para los próximos días. De ser condenado, el expresidente enfrentaría una pena que podría superar los 40 años de prisión, según reportaron medios locales brasileños.
Relevancia histórica del caso
Este juicio marca un hito histórico en Brasil, ya que es la primera vez que un expresidente y altos mandos militares enfrentan cargos por un intento de golpe de Estado. Los cargos incluyen además de la conspiración golpista, delitos de daño agravado al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
El proceso judicial comenzó el 2 de septiembre y su desenlace tendrá profundas implicaciones para el sistema democrático brasileño y el futuro político del país sudamericano. Información extraída del medio C5N.