El Tribunal Oral Federal Nº 8 dictó una sentencia histórica contra Marcelo D’Alessio, condenado por organizar y dirigir una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión entre 2016 y 2019.
El fallo expone los vínculos que tejió con el poder político, judicial y mediático.
Estructura delictiva y modalidad operativa
La sentencia acreditó la existencia de dos estructuras delictivas: una red de ex agentes de inteligencia que utilizaba bases oficiales para obtener información sensible, y el «Grupo Buenos Aires» dedicado a maniobras de lavado de dinero internacional. <a href=»https://www.pagina12.com.ar» target=»_blank»>Según detalló el tribunal</a>, la modalidad consistía en acceder a datos reservados, presionar a empresarios o funcionarios, y luego exigir rescates económicos para evitar causas judiciales o campañas mediáticas en su contra.
Casos emblemáticos de extorsión
El fallo documentó, en primer lugar, numerosos casos de extorsión que evidencian el modus operandi de la organización. Uno de los más emblemáticos fue el del empresario Pedro Etchebest, a quien D’Alessio le exigió dinero afirmando actuar «en nombre del fiscal Carlos Stornelli».
De hecho, la maniobra incluyó incluso una reunión en Pinamar para presionarlo, un encuentro que el propio Etchebest describió con la frase: «al ver al fiscal, se me cayó el alma al piso».
Asimismo, la sentencia analizó en profundidad el caso de Mario Cifuentes, dueño de la empresa OPS. Según quedó acreditado, los extorsionadores lo abordaron con la advertencia de que «limpiar esto no sale menos de cuatro o cinco millones de dólares», aunque le prometieron conseguir un arreglo por un monto menor.
Posteriormente, y como parte fundamental del esquema de presión, la información confidencial del empresario comenzó a circular entre periodistas y fue divulgada en programas de televisión.
Vínculos con el poder político y judicial
El tribunal acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le ofrecía escuchas y arrepentidos vinculados a causas sensibles. Además, el fallo consideró que la declaración de Gonzalo Brusa Dovat en el caso GNL fue obtenida «bajo presión», describiendo un esquema de manipulación institucional y mediática.
La condena marca un precedente al desnudar la permeabilidad de sectores del Estado y del periodismo frente a operaciones de inteligencia ilegal, dejando abiertas nuevas líneas de investigación sobre otros actores mencionados en la causa. Información extraída del medio La17.
