La justicia exime a Cristina Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos en la causa Vialidad, reavivando el debate sobre responsabilidad civil de exfuncionarios.
La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió eximir a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. En un fallo dividido, la mayoría de los jueces concluyó que «no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente» y que, «sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud».
El kirchnerismo celebró la resolución y calificó el fallo como una muestra de lawfare; por su parte, desde la oposición cuestionaron la decisión y denunciaron un mensaje de impunidad. Juristas consultados remarcaron que «acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal».
El frente judicial de la exmandataria continúa abierto: la causa Vialidad sigue en curso y persisten otras investigaciones con distintos grados de avance. La resolución no implica un cierre del debate sobre su responsabilidad, pero representa un alivio económico importante.
En el plano político, el fallo puede revitalizar la imagen de Cristina Kirchner entre sus seguidores. Al mismo tiempo, el oficialismo nacional mantiene su impulso por reformar el sistema judicial, generando un escenario de debate sobre los límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios.
«No hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y, sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.» — Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal
El fallo, publicado el domingo 28 de septiembre de 2025, marca un hito en la controversia judicial que rodea a la expresidenta, especialmente en un contexto donde la política y la justicia permanecen estrechamente vinculadas.
La eximición de Cristina Kirchner del pago de 22.300 millones en la causa Vialidad reabre el debate sobre la responsabilidad civil de exfuncionarios y refuerza la división política en Argentina, mientras su frente judicial sigue activo, según lo expuesto en Noticias Argentinas.