La Cámara Civil y Comercial Federal dejó firme la caducidad de la causa, beneficiando a la exmandataria, aunque sigue en pie el decomiso penal por $685.000 millones.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió un fallo favorable en la causa Vialidad, luego de que la Justicia Civil confirmara que ya no deberá afrontar el pago de una demanda de $22.300 millones por la inacción del propio Estado.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó la resolución del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, quien había declarado la caducidad del proceso por falta de impulso de la parte demandante. El voto dividido de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi terminó dejando firme el beneficio para la exmandataria.
El abogado de Cristina Kirchner, Luis Goldin, había pedido la medida alegando que desde marzo de 2023 no hubo movimientos procesales. Los jueces coincidieron en que, pese a las justificaciones de Vialidad Nacional, el último acto registrado fue del 17 de marzo de ese año.
El argumento de la inacción procesal
El fallo remarcó que la caducidad de la instancia existe para evitar “la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores de paz y seguridad jurídica y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.
De este modo, al no haber actuado en el plazo de seis meses que establece el Código Procesal, Vialidad Nacional perdió la posibilidad de continuar con el reclamo civil.
Diferencias con la causa penal
Es importante señalar que esta decisión solo aplica a la vía civil destinada a reclamar un resarcimiento económico por las obras inconclusas. La causa penal, que investiga el delito de administración fraudulenta contra el Estado, sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py.
Allí, continúa en marcha el decomiso patrimonial de $685.000 millones, fijado en la condena, lo que mantiene abiertas las consecuencias judiciales en el plano penal.
Un fallo con repercusiones políticas
La resolución genera impacto político, ya que implica un alivio económico para la exmandataria, aunque no significa el cierre de todas sus obligaciones judiciales. Como recordó Noticias Argentinas, el proceso penal avanza por carriles separados y con sanciones que siguen vigentes.