El Tribunal Oral Federal condenó a Julio De Vido y Roberto Baratta por fraude con GNL y ordenó la restitución de USD 5,5 millones al Estado.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 declaró culpables a Julio De Vido y Roberto Baratta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la compra de 11 buques de GNL entre 2008 y 2009. La sentencia también alcanza a Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de Diligentia S.A., quien según el fallo se benefició de las maniobras investigadas.
De Vido recibió 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que Baratta fue condenado a 3 años y 6 meses. Aunque las penas son de cumplimiento efectivo, no habrá detenciones hasta que el fallo quede firme.
El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, dispuso la devolución al Estado de USD 5.523.345 más intereses: USD 4.791.600 de manera solidaria entre los condenados y USD 731.744 adicionales a cargo de De Vido y Baratta. A Dromi San Martino se le sumó la obligación de realizar un curso de ética pública para el sector privado.
Julio De Vido y Roberto Baratta durante el juicio por fraude con GNL
La causa se originó tras denuncias de referentes políticos y organizaciones civiles que denunciaron sobreprecios y contrataciones irregulares en el marco del Programa Energía Total (PET). La fiscal Fabiana León indicó que hubo pagos arbitrarios a intermediarias, sin licitación y sin respaldo técnico o contractual.
En el tramo analizado por el TOF 7, los jueces se concentraron en operaciones con Diligentia, Dysan e YPF, que habrían implicado comisiones superiores a USD 5 millones sin acreditación de servicios concretos. Los fundamentos completos del veredicto se conocerán el 28 de noviembre.
El expediente principal había incluido a Cristina Fernández de Kirchner, luego sobreseída por falta de mérito tras detectarse irregularidades en un peritaje clave. La resolución de hoy agrega un nuevo capítulo a los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios del período kirchnerista, centrando la atención en la responsabilidad funcional y el perjuicio al erario.
Según informó La 17, la sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción y resalta la obligación de los funcionarios de garantizar transparencia en la administración pública.
La condena de De Vido y Baratta por fraude con GNL y la orden de devolver USD 5,5 millones al Estado subraya la importancia de la responsabilidad funcional de los exfuncionarios y el control sobre los recursos públicos.
