El Poder Ejecutivo oficializó la medida que frena nuevas incorporaciones en el sector público, pero abre la puerta a reemplazos bajo una estricta regla de dos bajas por cada alta.
El Gobierno nacional profundiza su política de ajuste en la administración pública. A través del decreto 934/2025, publicado este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, el Ejecutivo extendió la suspensión general de las contrataciones en todo el sector público nacional. Sin embargo, la norma establece una lista de excepciones importantes para áreas consideradas estratégicas y un mecanismo de reemplazo que exige dos salidas por cada nueva incorporación.
La medida, que impacta en todas las jurisdicciones y entidades del Estado, busca continuar con el proceso de achicamiento de la planta estatal, una de las promesas centrales de la administración de Javier Milei. Según Noticias Argentinas (NA), la prohibición abarca desde empleados de planta transitoria hasta contratos laborales y locaciones de servicios profesionales.
Las excepciones a la regla general
A pesar de la restricción general, el decreto 934/2025 contempla una serie de áreas y organismos que no están alcanzados por la suspensión total. Estas excepciones están dirigidas a sectores considerados estratégicos o con regímenes especiales.
Entre las excepciones más destacadas se encuentran:
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Universidades Nacionales
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Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad
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Servicio Penitenciario Federal
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Sistema Nacional de Manejo del Fuego
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Cuerpo de Guardaparques Nacionales
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Personal de hospitales nacionales e institutos del Ministerio de Salud
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Personal de Gabinete
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Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP)
Esto significa que estos organismos podrán realizar nuevas contrataciones sin estar sujetos inicialmente a la suspensión general, aunque en algunos casos también podrían aplicar el mecanismo de reemplazo.
La estricta regla de «dos por uno»
Para cualquier caso donde se aplique la excepción y se autorice una nueva contratación, el decreto establece una condición estricta: por cada alta, deben registrarse dos bajas en el sector público.
Las «bajas» que se toman en cuenta para este cómputo son las producidas durante el año 2026 e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o la finalización natural de contratos. Sin embargo, la norma es clara en excluir de este cálculo a los retiros voluntarios o acuerdos de desvinculación, un detalle que limita las opciones para generar cupos de contratación.
Además, cada nueva incorporación que se realice bajo esta excepcionalidad deberá contar con una validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que conduce Federico Sturzenegger. Esto garantiza un control centralizado y asegura que se cumpla con la regla de «dos por uno».
Con esta medida, el Gobierno refuerza su objetivo de reducir el tamaño del Estado, manteniendo cierta flexibilidad para cubrir necesidades críticas en áreas sensibles, pero bajo un mecanismo que asegura una reducción neta de la planta de personal público.
