El presidente Javier Milei oficializó este viernes una profunda reforma del sistema de inteligencia nacional.
A través del Decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, se reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se crean nuevos organismos y se le otorgan facultades ampliadas, como la posibilidad de aprehender personas en flagrancia. La medida busca «centralizar, modernizar y reordenar» todo el sistema según el Gobierno.
Según Noticias Argentinas (NA), la reforma implica una modificación integral de la Ley de Inteligencia Nacional. El esquema refuerza la centralización de la SIDE, que mantendrá a Cristian Auguadra y Diego Kravetz al frente, bajo la coordinación política del asesor presidencial Santiago Caputo. El nuevo diseño institucional divide las responsabilidades en cuatro organismos principales, cada uno con autonomía técnica pero subordinados a la SIDE.
La nueva estructura: ciberinteligencia, contrainteligencia y más poder
La vieja estructura de la inteligencia argentina queda atrás. El decreto crea una arquitectura moderna con cuatro pilares fundamentales:
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El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): El organismo central de producción de inteligencia.
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La Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC): Sucesora de la ex Agencia de Seguridad Nacional, se enfoca en prevenir «amenazas estratégicas internas».
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La Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC): Dedicada a analizar amenazas en el ciberespacio.
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La Inspectoría General de Inteligencia: Órgano de control interno.
Además, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, trasladando sus funciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto para evitar superposiciones. Se formalizan dos comunidades de intercambio: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integra a fuerzas de seguridad y la UIF, y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incluye a ministerios y organismos civiles.
Puntos clave y controversias de la reforma
La reforma incluye disposiciones que ya generan debate. Uno de los puntos más polémicos es la facultad de aprehensión en flagrancia otorgada a los organismos de inteligencia. El decreto autoriza a sus agentes a «repeler agresiones» y a «aprehender personas en casos de flagrancia», debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. La oposición ya manifestó su rechazo a esta potestad.
El texto también refuerza el carácter encubierto de todas las actividades, argumentando que es necesario para minimizar riesgos estratégicos. A la vez, reafirma la prohibición expresa del espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos. La nueva SIDE concentrará además la aprobación de todos los presupuestos y los gastos reservados de inteligencia, y podrá requerir información a cualquier organismo del sector público nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto entra en vigencia de inmediato, pero debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su control parlamentario. Con esta reforma, el gobierno de Milei busca redefinir las capacidades y el alcance de las agencias de inteligencia en Argentina, en lo que considera un paso necesario hacia un Estado más eficiente y seguro.