La denuncia fue presentada por legisladores de la oposición y el juez federal dio curso a la investigación por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juez federal Sebastián Casanello abrió una investigación contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la demora en la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, tras el rechazo parlamentario al veto presidencial. La denuncia fue presentada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes acusan al Gobierno de incumplir los plazos constitucionales.
Una nueva crisis política para Milei
El rechazo al veto de la ley dejó al Gobierno en la obligación de aplicar la norma, pero la falta de avances encendió un fuerte contrapunto. Francos había advertido sobre la falta de recursos para financiar la medida, lo que aceleró la reacción de la oposición. Desde el oficialismo, en tanto, acusaron a los legisladores de actuar con “irresponsabilidad” y de poner en riesgo el equilibrio fiscal.
Los plazos que tensionan al Ejecutivo
El autor de la ley, el diputado Daniel Arroyo, aseguró que el Ejecutivo cuenta con diez días para promulgar la norma. “El rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad es el primer rechazo en 22 años. Tienen diez días para promulgarla, y eso es el martes que viene, donde automáticamente tienen que ponerla en marcha”, sostuvo. Según Arroyo, el Gobierno debe transferir partidas presupuestarias y actualizar el nomenclador de prestaciones a través de la Andis.
En la denuncia presentada en Comodoro Py se señala que los plazos de promulgación ya fueron superados y que la obligación del Ejecutivo está vigente. Según informó El Ancasti, los demandantes remarcaron que “las etapas de promulgación y publicación fueron vencidas con la votación de las mayorías constitucionalmente establecidas”.
La respuesta del Gobierno
Fuentes de Casa Rosada rechazaron las acusaciones y apuntaron contra Paulón y Fein: “Es una vergüenza. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el martes para implementar y promulgar la ley. Están haciendo gastar recursos al Poder Judicial cuando ni siquiera se cayeron los plazos”.
El oficialismo también argumenta que la oposición no previó el financiamiento de la norma al momento de redactarla: “Hay un error porque no se aplicó el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Ahora nos piden que movamos partidas, pero eso significa desfinanciar otros programas”.
Emergencia y reclamos sociales
La situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias suma presión política. Hoy la pensión por invalidez laboral equivale al 70% de una jubilación mínima, unos $224.194, más un bono extraordinario de $70.000. Para los denunciantes, la falta de aplicación convierte a la ley en “letra muerta” y refleja conductas de incumplimiento constitucional.
Una luz desde Formosa
En paralelo, el Defensor del Pueblo de Formosa logró un amparo por suspensiones injustas en pensiones no contributivas, lo que permitirá reactivarlas en esa provincia. El precedente abre la posibilidad de que otras jurisdicciones sigan el mismo camino. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) ya se sumó a la iniciativa, mientras el Estado anunció que apelará.
Un frente más para el Gobierno
El caso suma un nuevo frente de tensión para Milei, en medio de la crisis económica y los conflictos parlamentarios. La investigación de Casanello mantiene en la mira al Ejecutivo, que debe definir si avanzará con la promulgación inmediata de la ley o seguirá apelando a argumentos fiscales para frenar su aplicación.
