La Fiscalía del tribunal de Beersheba, en el sur de Israel, presentó cargos formales y solicitó prisión preventiva contra la activista española Reyes Rigo, integrante de la Flotilla Global Sumud.
La acusación por agresión a una funcionaria penitenciaria complica significativamente la liberación y posterior expulsión de la ciudadana mallorquina hacia España.
Los cargos por agresión a una funcionaria
A la activista de 56 años se le acusa específicamente de haber mordido a una enfermera de la cárcel de Ketziot, ubicada en el desierto del Néguev. La policía israelí afirmó en sus redes sociales que «la acusada se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia al morderla en la mano, causándole una lesión«.
Sin embargo, la versión de Rigo durante la primera audiencia judicial fue completamente diferente, según la cobertura del diario El País.
La versión de la defensa y las pruebas faltantes
Rigo aseguró que el domingo se produjo un forcejeo en el que ella se interpuso entre los guardias y una compañera de la flotilla cuando los funcionarios estaban agrediendo a esa otra mujer. Los abogados de la ONG Adalah, que le brinda asistencia legal, solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del penal como prueba, pero el agente policial testificó que «esa fuerza de seguridad no tiene en su poder esos vídeos y que ni siquiera los había visto«.
La complicada situación procesal
La presentación formal de cargos y la petición de prisión preventiva representan un giro adverso en el caso de la activista española. Si el tribunal acepta la solicitud de la Fiscalía, Rigo deberá permanecer en prisión en Israel hasta que se celebre el juicio, prolongando indefinidamente su detención. Esto contrasta con el tratamiento recibido por otros activistas españoles, que fueron expulsados tras firmar órdenes de deportación.
El contexto de las flotillas y la postura española
Rigo viajaba en el barco Adara de la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por militares israelíes cuando se encontraba a unas 200 millas náuticas de Gaza. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Gobierno «mantiene la protección diplomática y consular hasta que la última española sea liberada«. Mientras tanto, otros ocho activistas españoles de una segunda flotilla permanecen retenidos en Israel, aunque se espera que sean expulsados pronto. Información extraída del medio El Pais.
