La Cámara Minera de Santa Cruz manifestó su preocupación por la reciente modificación de la Ley 3141 de empleo provincial, que eleva del 70% al 90% el requisito de contratación de trabajadores con residencia comprobada en la provincia durante al menos seis años.
La medida fue aprobada por la Legislatura santacruceña y abarca a los sectores hidrocarburífero, minero y pesquero. De acuerdo con LA17.
El cambio legislativo establece un aumento en la proporción de empleo local y suma condiciones más estrictas para la residencia, incluso en los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, incorpora nuevos mecanismos de control y programas de fomento a la capacitación provincial.
Desde la Cámara Minera señalaron que la intención de promover el trabajo local es compartida, pero que la implementación inmediata de la medida genera preocupación en el contexto actual. Las empresas del rubro advierten que los yacimientos maduros necesitan previsibilidad para sostener su operación y extender su vida útil.
En un comunicado oficial, la entidad afirmó que “reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de Santa Cruz y con la generación de empleo local”. También destacaron los cursos de formación de operadores mineros que financia la Cámara, con más de 200 personas capacitándose en instancias teóricas y prácticas.
El texto expresa que “compartimos el objetivo de incrementar los niveles de empleo local —una meta deseable y alcanzable—, pero consideramos que los cambios resultan de difícil cumplimiento en el actual contexto económico y operativo”. Las compañías del sector aseguran que el nuevo requisito impone una adaptación compleja para los proyectos que ya se encuentran en funcionamiento.
Según la Cámara, el sector minero ya supera el 90% de empleo local en el segmento de operarios, pero alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina requiere condiciones estructurales que aún deben fortalecerse, como infraestructura, servicios y formación técnica especializada.
La organización empresarial subrayó que el cumplimiento efectivo de la ley dependerá del trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas, a fin de garantizar la disponibilidad de personal calificado en toda la cadena productiva.
En paralelo, las compañías insisten en la necesidad de planificar una transición gradual para evitar impactos negativos en la operación de los yacimientos y en la generación de empleo indirecto. El sector considera que un esquema de plazos y metas progresivas permitiría compatibilizar los objetivos provinciales con la realidad productiva.