El tiempo corre contrarreloj a poco más de semanas de las elecciones en todo el país. Se aguarda qué resolución tomará la Cámara Electoral con respecto a la vacante en la candidatura de La Libertad Avanza y la posibilidad cierta de que su reemplazo sea Diego Santilli.
El Gobierno nacional busca que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert. Sin embargo, para concretarlo debe superar dos obstáculos: la definición judicial sobre el orden de los candidatos y la posibilidad de reimprimir las boletas. De acuerdo con ADNSUR.
La fiscal federal electoral bonaerense, Laura Roteta, dictaminó que la candidata que debería ocupar el primer lugar es Karen Reichardt, quien estaba en el segundo puesto detrás de Espert. Según explicó, su propuesta respeta la ley de paridad de género al subir a todos los postulantes un casillero, priorizando la participación femenina.
Sin embargo, desde el oficialismo aclararon que este dictamen “no es vinculante” y que la decisión final depende del juez federal N.º 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla. Será él quien determine el orden definitivo de la lista libertaria.
La postura de La Libertad Avanza es que, si Reichardt queda al frente, se rompería la alternancia de género al final de la boleta, ya que dos hombres quedarían ubicados consecutivamente. Esto ocurrió porque, además de Espert, se bajaron dos mujeres de los últimos lugares: Lucía Bernardoni (puesto 34) y María Gabriela Gobea (puesto 5), según publica Infobae.
Por este motivo, el partido sostiene que la única forma de mantener la paridad es que Santilli encabece la lista y que el resto de los varones suba un lugar. También deslizaron que, si el fallo del juez no los favorece, una alternativa sería que Reichardt renuncie para habilitar el ingreso del ex vicejefe porteño como primer candidato.
En paralelo, el Gobierno espera una resolución urgente para saber si se deberán reimprimir todas las boletas. Al usarse por primera vez la Boleta Única de Papel, no bastaría con reemplazar las papeletas de LLA: habría que rehacer todas las ya impresas, que incluyen la imagen de Espert.
Este miércoles se realizará una reunión clave con la Junta Electoral, en la que participarán el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y representantes de los partidos. La oposición reclama que el oficialismo asuma los costos de reimpresión, pero desde Casa Rosada lo rechazan y aseguran que la ley no lo permite.
Un costo de $10.000 millones: el Gobierno apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas
Las Boletas Únicas de Papel (BUP) para los comicios ya fueron impresas y se encuentran en proceso de distribución, todas con el nombre y la imagen de José Luis Espert como principal referente de LLA.
Los apoderados del partido, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron formalmente este lunes un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión total de las boletas. La operación, sin embargo, implica un desafío mayúsculo. Por un lado, el costo estimado de la medida generó un fuerte debate y cuestionamientos de otros espacios políticos: las cifras que se manejan oscilan entre los 10.000 y los 15.000 millones de pesos.
Por otro lado, el factor tiempo es crítico. Con solo tres semanas por delante hasta el día de la elección, existen serias dudas sobre la viabilidad de imprimir y distribuir nuevamente millones de boletas en todo el extenso territorio bonaerense, un proceso que normalmente demanda meses de planificación.
La postura del Gobierno: apelación y el argumento del tope de gastos
Frente a la posibilidad de que la Justicia desestime el pedido de reimpresión, ya sea por su costo o por los plazos acotados, desde el Gobierno nacional anticiparon cuál será su estrategia. Fuentes de la administración de Javier Milei confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que apelarán un eventual fallo adverso.
El argumento que esgrimirán es de índole legal y financiera. «Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma», indicaron desde el oficialismo. Con esta postura, el Gobierno sostiene que el costo de la reimpresión excedería con creces los topes de gastos de campaña establecidos por la ley electoral, por lo que sería el propio Estado quien debería absorber el costo derivado de esta situación excepcional.