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De manera virtual, se desarrolla este miércoles la audiencia en la cual se definirá si el caso va a juicio o no. La principal imputada es la ex diputada y ex ministra Cecilia Torres Otarola y se la acusa de haber nombrado asesores que nunca cumplieron funciones en Legislatura y a los cuales les cobraba un “retorno”, según los investigadores. Esas mismas personas, luego, fueron designadas como funcionarios cuando Torres Otarola dejó Legislatura y asumió como Ministra.

De manera virtual, este miércoles se desarrolló la audiencia preliminar en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que la principal imputada es la ex diputada provincial y ex Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

A la ex funcionaria se la acusa de fraude por “concusión”, en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la investigación, Otarola nombró a todo su entorno, proveniente de la familia Rodera, como asesores cuando asumió en la Legislatura, en diciembre de 2015, incluso nombró a su niñera.

Sin embargo, según los investigadores, estas personas nunca prestaron servicios en la Cámara de Diputados y la por entonces legisladora “se quedaba con el dinero de sus asesores”.

De acuerdo a lo revelado por la Fiscalía, Otarola gestionó el ingreso de su niñera, Silvana Cañumil, pero “si bien figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos”.

Luego, “gestionó y concretó el ingreso a Legislatura de Jaquelina Rodera, con quien la unía un estrecho vínculo de amistad; y el esposo de ella, Marcelo Neira. También gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de ambos, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura”.

Posteriormente “gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura. En 2017 ingresó Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval”, había señalado la Fiscalía en su momento.

Además, a estas personas “al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a la niñera de Otarola, que era la encargada de llevar a cabo la recaudación”, que luego se entregaba mediante trasferencias a la legisladora.

Posteriormente, cuando la diputada asumió como Ministra en diciembre de 2019 con la actual gestión, las personas ingresadas en Legislatura fueron nombradas como funcionarios del Gobierno provincial.

La causa tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada. La jueza de garantías Ivana González deberá resolver si la investigación, que encabezó el fiscal general Omar Rodríguez (foto), cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Se habría quedado con el dinero de sus asesores

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores, nombro a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Hecha la ley…

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Para el próximo día 27 de este mes está previsto que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

EL PRESUNTO ILÍCITO INVESTIGADO

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores. Además, habría nombrado a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Así se denomina a la denuncia y posterior investigación que tiene como protagonista central a la ex diputada y ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. Según la investigación preliminar, la mencionada les exigía a los asesores a los que incluía en su bloque que hagan un aporte de parte del sueldo para la actividad […]

Así se denomina a la denuncia y posterior investigación que tiene como protagonista central a la ex diputada y ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Según la investigación preliminar, la mencionada les exigía a los asesores a los que incluía en su bloque que hagan un aporte de parte del sueldo para la actividad política, aunque al parecer iba todo al bolsillo de la dirigente.

Esa mecánica al parecer la llevó también como práctica al ministerio de familia donde además colocó en puestos clave de decisión política a gente sin más mérito que ser de su entorno, como el caso de quien hacía de niñera en su casa particular, a la que se le pagaba el sueldo con fondos públicos.

Así lo repasó, en diálogo con Radio Chubut el fiscal Omar Rodríguez, quien confirmó que la audiencia de apertura de investigación se realizará el 27 de este mes.

«La intención mía es llevarla a juicio» confirmó Rodríguez en referencia a Torres Otarola.

Con la conducción de la jueza de garantías Karina Breckle, se reinició ayer el proceso oral y público en la causa que investiga la Unidad Fiscal Anticorrupción relacionada con sobreprecios en la reparación de escuelas de la provincia del Chubut que tiene como imputados a funcionarios públicos provinciales y contratistas del Estado.

Una de las imputadas es la actual diputada provincial y ex ministra, Graciela Cigudosa.

Se trata de la audiencia preliminar al juicio oral y público donde los investigadores representados por el fiscal general Omar Rodríguez por un lado, y los defensores por el otro, exponen acerca de las pruebas que deberán tenerse en cuenta en el juicio, entre documentación y testimonios de los testigos.

La jueza Breckle reemplaza a los magistrados Fabio Monti y Sergio Piñeda. El primero de estos dos se excusó durante el inicio del proceso y el ex juez Sergio Piñeda, al jubilarse, derivó sus causas a la jueza de Rawson.

La audiencia realizada ayer, se suspendió y pasó para la próxima semana en fecha y horario que deberá disponer la Oficina Judicial de Rawson. El pedido del cuarto intermedio, fue realizado por el fiscal general Rodríguez a fin de analizar nueva documentación incorporada por la defensora de dos de los imputados. Se trata de la abogada Gladys Olavarría que defiende, entre otros imputados en esta causa, a los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.

PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO

La defensora de ambos imputados pidió a partir de las nuevas pruebas que incorporó, el sobreseimiento para sus clientes.

Dijo que las obras en las escuelas en las que participaron, fueron realizadas y no se cobraron, además de destacar que sus clientes no tenían relación comercial ni empresarial con el resto de los imputados. «No hubo engaño y las obras se hicieron», dijo Olavarría.

El fiscal Rodríguez a su turno dijo que con esos datos «surgen nuevas posibles teorías del caso» y que necesitaba tiempo para reanalizar su teoría para «ir con firmeza probatoria al juicio oral y público».

La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Según los fiscales detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos.

El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.

IMPUTACIONES

Pereira y Currumil están imputados del delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de partícipes necesarios.

Entre los otros imputados se encuentran la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan, están imputados Daniel Schmidt, Currumil, Pereira y Jorge Santucho. Cigudosa, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores.

De manera sorpresiva, este lunes se reanudó la postergada audiencia preliminar de la causa “Ministerio de Educación” que tiene como imputada a la diputada Graciela Cigudosa, ex Ministra del área. Se trata de la instancia previa al juicio.

Después de más de un año de espera, este lunes se reanudó de manera sorpresiva la audiencia preliminar en el caso denominado por los investigadores como “Ministerio de Educación” que tiene como imputados entre otros a la ex ministra y actual legisladora Graciela Cigudosa.

En el caso también están involucrados Raúl Care, ex Secretario de Coordinación del Ministerio; Gustavo Hueichan, su secretario privado; Daniel Schmid, titular de LADA Construcciones y RAMIDA SRL; Daniel Gel, responsable de GEFER SRL y CALYPSO Revestimientos; y Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

La audiencia preliminar se suspendió en marzo de 2021 y después de varias dilaciones iba a realizarse la semana pasada, pero se suspendió por causas desconocidas. Este lunes, sin previo aviso, la actividad se retomó en la Oficina Judicial de Rawson con la presencia del fiscal Omar Rodríguez, los imputados y sus abogados.

Tras expuestos los lamentos recabados, la abogada defensora de Currumil y Pereira pidió el sobreseimiento de ambos. La audiencia finalizó minutos después del inicio y la semana próxima se conocería si el caso se eleva a juicio oral.

Vale recordar que la maniobra que se investiga en la causa consistió en un aparente trámite de concursos de precios para reparar escuelas de Rawson y Playa Unión, en donde aparecían distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra.

Según los investigadores, dichas empresas estaban vinculadas con la ex Ministra y se estima que el perjuicio para el Estado provincial fue superior al millón de pesos.

Por un delito contra la propiedad acontecido el pasado 7 de diciembre de 2020, en horas de la mañana del presente jueves se concretó la audiencia en la cual se prorrogó la prisión preventiva que cumplen ambos imputados Brian Mesa y Diego Levicoy.

Presidió la audiencia de revisión Alejandro Sois, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Facundo Oribones, Procurador de Fiscalía; por su parte la defensa de ambos imputados fue ejercida por Luciana Risso, defensora pública.

El hecho incluido en la acusación acontece “el día 7 de diciembre de 2020, siendo las 19.16 hs., cuando Brian Esteban Mesa y Diego Axel Levicoy caminaban por Avda. Eva Duarte en dirección a su intersección con calle Placido Glatigni de Comodoro Rivadavia, y al arribar la altura catastral 2100, interceptaron a la víctima, quien caminaba por la misma arteria en sentido opuesto. En esas circunstancias, Brian Mesa le apuntó a la víctima con un arma de acción mecánica color negro, calibre 4,5, de gas comprimido marca Air Mac, mientras Levicoy hacía lo propio con un cuchillo tipo serrucho de 21 cm. con mango largo de madera, exigiéndole ambos la entrega de sus pertenencias. Ante esta situación, el damnificado hizo entrega de un teléfono marca Samsung J2, de color negro, una billetera negra con documentación a nombre del damnificado, la suma de $450 en su interior y una remera negra, dándose los imputados a la fuga.

Personal policial de la División Motos que pasaba por el lugar fue advertido de esta situación por el mismo damnificado, quienes ante la sindicación de la víctima persiguieron a los encausados hasta el interior de un conventillo sito a la altura 2083 de calle Rucci, logrando allí su aprehensión y el secuestro de las armas utilizadas, la billetera y la remera de la víctima”. Encuadrando jurídicamente el mismo como: “robo doblemente agravado por ser cometido con armas y con arma de utilería”, por el que los imputados, Mesa y Levicoy, deberán responder en calidad de “coautores”.

En la fecha debió tratarse la audiencia preliminar del caso, pero en tanto que uno de los imputados no había sido notificado de la acusación, se lo notificó en el acto, y se pospuso la preliminar hasta dentro de diez días. Asimismo por solicitud del representante de fiscalía se prorrogó la prisión preventiva que cumplen ambos imputados Levicoy y Mesa hasta esa fecha. Por su parte la defensa consintió lo solicitado por el Procurador de fiscalía; y finalmente el juez resolvió prorrogar la preventiva.

Fuente: MPF

Para hoy esta programada la audiencia donde se plantearán las penas para los 8 condenados en la Causa «Revelación» :Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani  y Martín Bortagaray,Diego Correa, Gonzalo Carpintero Diego Luthers y Martín Castillo.

Las penas que podría determinar el tribunal van desde lo 3 a 10años de prisión, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el caso de Carpintero el mismo tribunal estableció que el monto del enriquecimiento ilícito supera los 800000 dólares.

El mediodía del presente viernes se concretó por videoconferencia una audiencia de habeas corpus por solicitud del imputado en la causa, cumpliendo prisión preventiva, Jesús Emanuel Caruso. Éste solicitó ser trasladado a tiempo a su sesión de psicología desde su lugar de detención, la fiscal expresó que le interesa especialmente que se cumpla con el tratamiento psicológico del imputado, a lo cual hizo lugar la jueza.

Presidió la audiencia Mónica García, jueza penal; por el ministerio Público Fiscal actuó María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública.

La causa ya está elevada a juicio, pasó la preliminar y quedó suspendida, hasta que la Cámara en lo Penal local le rechazara la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado. Caruso cumple prisión preventiva hasta el próximo 16 de junio, como le fuera dispuesto, por tres meses, en la última audiencia.

La causa fue elevada a juicio por un primer hecho de “lesiones leves en caso de violencia familiar”, acontecido el 1ro. de enero del 2020 que tiene a Caruso como protagonista que insulta a la víctima y comienza a golpearla en la vía pública; luego un hecho de “amenazas telefónicas y desobediencia judicial” que acontece el pasado 13 de abril del 2020; y un tercer hecho por el cual se solicita la ampliación del objeto procesal acontecido el 12 de junio del 2020, cuando siendo aproximadamente las 19 hs. el imputado Caruso a bordo de un vehículo se dirigió hasta el domicilio de la víctima, su ex pareja, pasando dos veces por el lugar y vulnerando la prohibición de acercamiento y contacto dispuesto. El imputado poseía una tobillera electrónica por lo cual sus movimientos quedaron registrados en el sistema. Calificando esta ampliación como “desobediencia a la autoridad”.

Fuente: MPF

Se debió suspender la audiencia preliminar al inicio del juicio por fraude al Estado, donde se la acusa a la ex ministra de Educación y actual diputada Graciela Cigudosa, junto a otros funcionarios y empresarios locales, por direccionar recursos y fondos en obras de mantenimiento de escuelas.

Es que los abogados defensores recusaron a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por presuntas irregularidades durante la investigación y la toma de testimonios de los hoy acusados.

El fiscal Rodríguez detalló que en la audiencia preliminar que daba inicio este lunes, “hubo un planteo previo encabezado por el Dr. Miguel Moyano y después lo siguieron Andrés Meiszner y Gladys Olavarría donde me recusan a mí, a Williams y a Koltsch por supuestamente haber violado garantías constitucionales en el marco de la investigación penal preparatoria”.

Según los defensores, “allá por abril de 2019 supuestamente interrogamos a personas que nosotros ya sabíamos que eran imputados y como consecuencia de ello hemos violado todas las garantías y perdido la objetividad que requiere un fiscal para estar frente a este tipo de causas”.

“Por supuesto que nosotros negamos toda esa situación, creemos que es una maniobra dilatoria, nos quieren sacar a mí y a Williams del juicio, porque hay un caudal probatorio que es contundente y que de hacerse el juico, tienen grades chances de ser condenamos, entonces la estrategia que buscan después de dos años son estas maniobras, recusándome. Además es inverosímil porque, si realmente hubiese sido así y hubiera algún tipo de sospecha, me tendrían que haber denunciado hace dos años”.

Ahora estos planteos los debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena,.

Los imputados que eran funcionarios provinciales cuando se conoció la investigación son la actual diputada provincial y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

En tanto los particulares son Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL, Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.