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La misma fue encabezada por el subsecretario de Regulación y Control, Juan Arens, y el director de Control Ambiental de Hidrocarburos, Darío Suarez, en cumplimiento de la normativa vigente en relación a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se llevan adelante en toda la provincia.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, llevó a cabo el pasado viernes en instalaciones del Complejo Cultural y Microcine “Deborah Jones de Williams” de Sarmiento, la Audiencia Pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Estación Transformadora en Zorro III y línea eléctrica de 132 Kv. Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón”, presentado por la empresa Pan American Energy SL.

La misma fue convocada como lo exige la normativa vigente en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 “Código Ambiental de la Provincia del Chubut” -reglamentado por el Decreto Nº 185/09 y Decreto Nº 1003/16, tramitada por Expediente Nº 244/24-SAyCDS- en la Dirección General Comarca Senguer – San Jorge, dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.

En el inicio de la Audiencia, su presidente, Juan Arens, dio la bienvenida y -de conformidad a lo establecido por el artículo 32º del Anexo I del Decreto Nº 185/09- realizó una breve introducción indicando las etapas y el objeto de la misma para luego ceder la palabra a los representantes de la empresa y de la consultora responsable del Estudio de Impacto Ambiental, quienes expusieron los detalles de las características ambientales y técnicas de las obras e integran la presentación.

Importancia del Proyecto

Transcurrida una hora desde el inicio de la Audiencia y sin consultas por parte de los presentes, se dio por concluida la misma. En la oportunidad, el director de Control Ambiental de Hidrocarburos, Darío Suarez, destacó “la importancia de este tipo de proyectos que generan un impacto en el desarrollo del área”.

En este sentido, cabe mencionar que el proyecto consiste en el montaje de una estación transformadora en Zorro III, junto con el montaje de una nueva línea eléctrica de 132 Kv de 2×60 MVA, de 46 km de longitud, que unirá las estaciones transformadoras de Resero II y Oriental II.

Estas instalaciones son necesarias a efectos de afrontar los valores de producción e inyección proyectados en la zona y aumentar la confiabilidad y disponibilidad de energía.

Estuvieron presentes en representación de la empresa Pan American Energy, el proponente del Proyecto, Jorge Porchile, Mariana Pais, Marcos Vande Vrande y Virginia Meier; en tanto que, por parte del equipo técnico de la Consultora HIDROAR participaron Denise Meroni, Sebastian Angelinetti y Julio Cotti Alegre.

Este viernes se realizó en la oficina judicial de Lago Puelo la audiencia de apertura de investigación por el homicidio de Martín Alejandro “Tino” John, quien falleció el 27 de mayo del 2021 de un disparo en la cabeza. En este caso, se imputó a uno de los dos comisarios que estuvieron a cargo del allanamiento en el que la víctima perdió la vida. El otro acusado tendrá su audiencia en los próximos días.

De acuerdo a lo detallado, el caso de Tino John llegó a esta instancia judicial luego de que el Fiscal Carlos Díaz Mayer, de la oficina fiscal de El Hoyo, desestimara la imputación de los comisarios, Omar Martínez, en su momento jefe de comisaría de El Hoyo, y Cristian Soto (jefe del GEOP). En ese contexto, las querellas presentaron una apelación ante el Dr. Jorge Luis Miquelarena, procurador general de la provincia, quien dio lugar y ordenó la realización de la audiencia desarrollada este jueves. En ese marco el MPF Esquel, resolvió designar como fiscal de audiencia acusatoria al Dr. Martin Robertson.

Como se mencionó previamente, en la ocasión solo se concretó la apertura de investigación contra uno de los acusados, el comisario Martínez, quien estuvo presente en la audiencia. Su compañero, el comisario Soto, participó de manera remota pero los problemas de conexión llevaron a que se suspendiera hasta poder concretarse de forma presencial en los próximos días, por orden de la jueza de Lago Puelo, Silvana Vélez.

Previo a la audiencia, el Dr. Marco Ponce, abogado defensor público oficial que representa a Donato John, hijo de la víctima, explicó a la prensa que se los imputó a ambos comisarios “como responsables del operativo, que tuvieron la posibilidad de decidir sobre el desenlace del hecho fatal”.

En esa línea, agregó: “Sin duda el oficial sargento primero, Luis Moggiano, tiene responsabilidad porque es el que apretó el gatillo, pero Martínez y Soto tenían la responsabilidad jerárquica en ese momento. Martínez es el que pide el allanamiento y quien ejecuta la orden es Soto, sobre todo cuando la orden del juez especificaba que debía haber personal de salud mental en el lugar y momento de la realización del operativo. Esto concluye que, a una persona con enfermedad mental, como era Tino, situación conocida por los dos comisarios, el funcionario de la fiscalía y el juez, se lo trato como un enemigo al que había que eliminar cuando era una persona que había que proteger”.

Asimismo, Marco Ponce recordó que sobre el sargento primero Moggiano, la fiscalía también solicito su sobreseimiento, por lo tanto la querella particular presentará en los próximos días la acusación pública de “homicidio agravado”, solicitando con ello la aplicación de juicio.

Transcurrido los plazos de la etapa de investigación, los abogados querellantes que representan a los hijos de “Tino” John (Donato, Dana y Martin), a su pareja (Claudia) y a la Asociación por los Derechos Humanos (APDH), pedirán la unificación de la elevación a juicio por jurado por homicidio agravado para los tres imputados. “La idea es que sea la comunidad de Lago Puelo la que pueda juzgar este caso”, subrayó la defensa.

“Para nosotros como defensa publica tenemos una obligación por ley de siempre que es acompañar e investigar los casos de violencia institucional. En este caso realmente ha habido una inoperancia del Estado, y llegar a esta instancia después de mucho trabajo es una satisfacción enorme; es entender que este mismo Estado involucrado, que tanto se critica y se vapulea, también tiene una rama muy fuerte que estamos procurando que las cosas se hagan como se deben hacer. No le vamos a devolver a los familiares de Tino nada, solamente un reconocimiento enorme que se nos está pidiendo”, dijo la querella oficial a cargo del abogado Ponce.

Formaron parte del tribunal y audiencia de apertura de investigación la jueza de Lago Puelo, la Dra. Silvana Vélez; el fiscal Dr. Robertson; el abogado querellante junto a Donato John, el Dr. Marcos Ponce; la defensora oficial del comisario Omar Martínez, la Dra Betina Betina Feld; los querellantes representantes de la pareja de la víctima, el Dr. Alfredo Galimberti y el Dr. Gómez Lozano de la APDH; y bajo la figura amigos del tribuna, Noelia Ward, representante de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación .

Empresario Julian Astiz

Audiencia de impugnación por denegatoria de probation en causa “Emergencia climática I”El próximo miércoles 26 del corriente se dará a conocer el veredicto

La mañana del pasado miércoles se desarrolló la audiencia de impugnación ante los jueces de la Cámara en lo Penal local en relación a la denominada causa “Emergencia climática I” en Comodoro. Las defensas de 11 de los 13 imputados, los que no eran funcionarios públicos al momento del hecho, solicitaron se revoque la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba de la jueza Martini, y se les otorgue la probation a sus asistidos. En contraposición el fiscal solicitó se rechacen las impugnaciones de los defensores y se ratifique la denegatoria a la probation de la jueza Martini.

Finalmente, los jueces de Cámara pasaron a deliberar y el próximo miércoles 26 del corriente darán a conocer la parte resolutiva del veredicto.

La causa tiene 13 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad, entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017. La investigación se encuentra en etapa de audiencia preliminar, anterior al juicio, en la cual la jueza natural de la causa, María Laura Martini, resolvió rechazar los ofrecimientos de probation de las defensas.

Los jueces de Cámara ante quienes se realizó la audiencia fueron Daniel Pintos; Martín Montenovo y Carina Estefanía (desde Esquel por videoconferencia); el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general. La defensa de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, defensora pública; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, abogado de la defensa pública; la de Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.

Emergencia Climática I en Comodoro:

La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.

Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

En la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías, María Tolomei, pasadas las 11:30, escuchó la acusación fiscal a cargo de Florencia Gómez y el planteo del defensor Federico Ruffa, quien se opuso al pedido de apertura de investigación. Además, indico que “estamos frente a un vacío legal, tampoco sabemos en qué consiste el daño y tampoco que lo generó”.

Tolomei, luego de escuchar ambos planteos, resolvió que la fiscalía readecue la acusación y se realice una nueva audiencia de apertura de investigación. La causa fue caratulada como Ministerio Público Fiscal s/ investigación maltrato animal Punta Tombo.

Estuvieron presentes, a través de sistema de videoconferencia, representantes del Ministerio de Ambiente de Nación, Greenpeace, National Gegraphic, Ministerio de Ambiente de Chubut, Ministerio de Turismo, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fiscalía de Estado y Patagonia Natural, todos en carácter de querellantes.

Nidos de pingüinos de Magallanes destruidos

Se estima un daño total de al menos 175 nidos destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, unos 35 nidos fueron destruidos en etapa de huevos o pichones, correspondientes al desmonte y triángulo.

El tránsito de maquinaria pesada sobre el camino hasta el mar, también continúo impactando en la colonia cuando los pingüinos ya se encontraban en etapa de pichones chicos, como lo evidencian las huellas frescas de las imágenes del día 26 de noviembre de 2021, generando derrumbes, colapsos de techo y arrojándoles sedimentos en su interior.

Los dos pichones hallados habrían muerto presumiblemente por el colapso de la estructura del nido, causado por el tránsito de la maquinaria sobre el techo a la entrada del nido.

El caso

Se investigaron los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) se produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito, Punta Clara “Estancia La Perla.

De manera virtual, se desarrolla este miércoles la audiencia en la cual se definirá si el caso va a juicio o no. La principal imputada es la ex diputada y ex ministra Cecilia Torres Otarola y se la acusa de haber nombrado asesores que nunca cumplieron funciones en Legislatura y a los cuales les cobraba un “retorno”, según los investigadores. Esas mismas personas, luego, fueron designadas como funcionarios cuando Torres Otarola dejó Legislatura y asumió como Ministra.

De manera virtual, este miércoles se desarrolló la audiencia preliminar en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que la principal imputada es la ex diputada provincial y ex Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

A la ex funcionaria se la acusa de fraude por “concusión”, en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la investigación, Otarola nombró a todo su entorno, proveniente de la familia Rodera, como asesores cuando asumió en la Legislatura, en diciembre de 2015, incluso nombró a su niñera.

Sin embargo, según los investigadores, estas personas nunca prestaron servicios en la Cámara de Diputados y la por entonces legisladora “se quedaba con el dinero de sus asesores”.

De acuerdo a lo revelado por la Fiscalía, Otarola gestionó el ingreso de su niñera, Silvana Cañumil, pero “si bien figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos”.

Luego, “gestionó y concretó el ingreso a Legislatura de Jaquelina Rodera, con quien la unía un estrecho vínculo de amistad; y el esposo de ella, Marcelo Neira. También gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de ambos, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura”.

Posteriormente “gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura. En 2017 ingresó Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval”, había señalado la Fiscalía en su momento.

Además, a estas personas “al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a la niñera de Otarola, que era la encargada de llevar a cabo la recaudación”, que luego se entregaba mediante trasferencias a la legisladora.

Posteriormente, cuando la diputada asumió como Ministra en diciembre de 2019 con la actual gestión, las personas ingresadas en Legislatura fueron nombradas como funcionarios del Gobierno provincial.

La causa tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada. La jueza de garantías Ivana González deberá resolver si la investigación, que encabezó el fiscal general Omar Rodríguez (foto), cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Se habría quedado con el dinero de sus asesores

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores, nombro a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Hecha la ley…

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Para el próximo día 27 de este mes está previsto que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

EL PRESUNTO ILÍCITO INVESTIGADO

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores. Además, habría nombrado a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Así se denomina a la denuncia y posterior investigación que tiene como protagonista central a la ex diputada y ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. Según la investigación preliminar, la mencionada les exigía a los asesores a los que incluía en su bloque que hagan un aporte de parte del sueldo para la actividad […]

Así se denomina a la denuncia y posterior investigación que tiene como protagonista central a la ex diputada y ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Según la investigación preliminar, la mencionada les exigía a los asesores a los que incluía en su bloque que hagan un aporte de parte del sueldo para la actividad política, aunque al parecer iba todo al bolsillo de la dirigente.

Esa mecánica al parecer la llevó también como práctica al ministerio de familia donde además colocó en puestos clave de decisión política a gente sin más mérito que ser de su entorno, como el caso de quien hacía de niñera en su casa particular, a la que se le pagaba el sueldo con fondos públicos.

Así lo repasó, en diálogo con Radio Chubut el fiscal Omar Rodríguez, quien confirmó que la audiencia de apertura de investigación se realizará el 27 de este mes.

«La intención mía es llevarla a juicio» confirmó Rodríguez en referencia a Torres Otarola.

Con la conducción de la jueza de garantías Karina Breckle, se reinició ayer el proceso oral y público en la causa que investiga la Unidad Fiscal Anticorrupción relacionada con sobreprecios en la reparación de escuelas de la provincia del Chubut que tiene como imputados a funcionarios públicos provinciales y contratistas del Estado.

Una de las imputadas es la actual diputada provincial y ex ministra, Graciela Cigudosa.

Se trata de la audiencia preliminar al juicio oral y público donde los investigadores representados por el fiscal general Omar Rodríguez por un lado, y los defensores por el otro, exponen acerca de las pruebas que deberán tenerse en cuenta en el juicio, entre documentación y testimonios de los testigos.

La jueza Breckle reemplaza a los magistrados Fabio Monti y Sergio Piñeda. El primero de estos dos se excusó durante el inicio del proceso y el ex juez Sergio Piñeda, al jubilarse, derivó sus causas a la jueza de Rawson.

La audiencia realizada ayer, se suspendió y pasó para la próxima semana en fecha y horario que deberá disponer la Oficina Judicial de Rawson. El pedido del cuarto intermedio, fue realizado por el fiscal general Rodríguez a fin de analizar nueva documentación incorporada por la defensora de dos de los imputados. Se trata de la abogada Gladys Olavarría que defiende, entre otros imputados en esta causa, a los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.

PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO

La defensora de ambos imputados pidió a partir de las nuevas pruebas que incorporó, el sobreseimiento para sus clientes.

Dijo que las obras en las escuelas en las que participaron, fueron realizadas y no se cobraron, además de destacar que sus clientes no tenían relación comercial ni empresarial con el resto de los imputados. «No hubo engaño y las obras se hicieron», dijo Olavarría.

El fiscal Rodríguez a su turno dijo que con esos datos «surgen nuevas posibles teorías del caso» y que necesitaba tiempo para reanalizar su teoría para «ir con firmeza probatoria al juicio oral y público».

La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Según los fiscales detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos.

El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.

IMPUTACIONES

Pereira y Currumil están imputados del delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de partícipes necesarios.

Entre los otros imputados se encuentran la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan, están imputados Daniel Schmidt, Currumil, Pereira y Jorge Santucho. Cigudosa, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores.

De manera sorpresiva, este lunes se reanudó la postergada audiencia preliminar de la causa “Ministerio de Educación” que tiene como imputada a la diputada Graciela Cigudosa, ex Ministra del área. Se trata de la instancia previa al juicio.

Después de más de un año de espera, este lunes se reanudó de manera sorpresiva la audiencia preliminar en el caso denominado por los investigadores como “Ministerio de Educación” que tiene como imputados entre otros a la ex ministra y actual legisladora Graciela Cigudosa.

En el caso también están involucrados Raúl Care, ex Secretario de Coordinación del Ministerio; Gustavo Hueichan, su secretario privado; Daniel Schmid, titular de LADA Construcciones y RAMIDA SRL; Daniel Gel, responsable de GEFER SRL y CALYPSO Revestimientos; y Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

La audiencia preliminar se suspendió en marzo de 2021 y después de varias dilaciones iba a realizarse la semana pasada, pero se suspendió por causas desconocidas. Este lunes, sin previo aviso, la actividad se retomó en la Oficina Judicial de Rawson con la presencia del fiscal Omar Rodríguez, los imputados y sus abogados.

Tras expuestos los lamentos recabados, la abogada defensora de Currumil y Pereira pidió el sobreseimiento de ambos. La audiencia finalizó minutos después del inicio y la semana próxima se conocería si el caso se eleva a juicio oral.

Vale recordar que la maniobra que se investiga en la causa consistió en un aparente trámite de concursos de precios para reparar escuelas de Rawson y Playa Unión, en donde aparecían distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra.

Según los investigadores, dichas empresas estaban vinculadas con la ex Ministra y se estima que el perjuicio para el Estado provincial fue superior al millón de pesos.