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El mediodía del presente viernes se concretó por videoconferencia una audiencia de habeas corpus por solicitud del imputado en la causa, cumpliendo prisión preventiva, Jesús Emanuel Caruso. Éste solicitó ser trasladado a tiempo a su sesión de psicología desde su lugar de detención, la fiscal expresó que le interesa especialmente que se cumpla con el tratamiento psicológico del imputado, a lo cual hizo lugar la jueza.

Presidió la audiencia Mónica García, jueza penal; por el ministerio Público Fiscal actuó María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública.

La causa ya está elevada a juicio, pasó la preliminar y quedó suspendida, hasta que la Cámara en lo Penal local le rechazara la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado. Caruso cumple prisión preventiva hasta el próximo 16 de junio, como le fuera dispuesto, por tres meses, en la última audiencia.

La causa fue elevada a juicio por un primer hecho de “lesiones leves en caso de violencia familiar”, acontecido el 1ro. de enero del 2020 que tiene a Caruso como protagonista que insulta a la víctima y comienza a golpearla en la vía pública; luego un hecho de “amenazas telefónicas y desobediencia judicial” que acontece el pasado 13 de abril del 2020; y un tercer hecho por el cual se solicita la ampliación del objeto procesal acontecido el 12 de junio del 2020, cuando siendo aproximadamente las 19 hs. el imputado Caruso a bordo de un vehículo se dirigió hasta el domicilio de la víctima, su ex pareja, pasando dos veces por el lugar y vulnerando la prohibición de acercamiento y contacto dispuesto. El imputado poseía una tobillera electrónica por lo cual sus movimientos quedaron registrados en el sistema. Calificando esta ampliación como “desobediencia a la autoridad”.

Fuente: MPF

Se debió suspender la audiencia preliminar al inicio del juicio por fraude al Estado, donde se la acusa a la ex ministra de Educación y actual diputada Graciela Cigudosa, junto a otros funcionarios y empresarios locales, por direccionar recursos y fondos en obras de mantenimiento de escuelas.

Es que los abogados defensores recusaron a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por presuntas irregularidades durante la investigación y la toma de testimonios de los hoy acusados.

El fiscal Rodríguez detalló que en la audiencia preliminar que daba inicio este lunes, “hubo un planteo previo encabezado por el Dr. Miguel Moyano y después lo siguieron Andrés Meiszner y Gladys Olavarría donde me recusan a mí, a Williams y a Koltsch por supuestamente haber violado garantías constitucionales en el marco de la investigación penal preparatoria”.

Según los defensores, “allá por abril de 2019 supuestamente interrogamos a personas que nosotros ya sabíamos que eran imputados y como consecuencia de ello hemos violado todas las garantías y perdido la objetividad que requiere un fiscal para estar frente a este tipo de causas”.

“Por supuesto que nosotros negamos toda esa situación, creemos que es una maniobra dilatoria, nos quieren sacar a mí y a Williams del juicio, porque hay un caudal probatorio que es contundente y que de hacerse el juico, tienen grades chances de ser condenamos, entonces la estrategia que buscan después de dos años son estas maniobras, recusándome. Además es inverosímil porque, si realmente hubiese sido así y hubiera algún tipo de sospecha, me tendrían que haber denunciado hace dos años”.

Ahora estos planteos los debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena,.

Los imputados que eran funcionarios provinciales cuando se conoció la investigación son la actual diputada provincial y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

En tanto los particulares son Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL, Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Comenzó en Rawson la audiencia preliminar dentro de la investigación que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de delito continuado.

Los imputados son la actual Diputada Provincial y exMinistra de Educación, Graciela Cigudosa, el exSecretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Se los acusa de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

La audiencia presidida por el juez Fabio Monti se inició con pedidos de recusación a los fiscales, que los abogados defensores plantearon como cuestiones previas.

Miguel Moyano, Andrés Meiszner y Gladys Olavarría, defensores de Gustavo Hueichan, Graciela Cigudosa y Raúl Care, Daniel Schmid, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra, respectivamente.

Luego de escuchar las declaraciones de Hueichan y de Care, los abogados dejaron planteada la recusación hacia el Fiscal General del caso, Omar Rodríguez, por entender que se ha violentado de manera arbitraria el derecho de defensa en juicio.

Entre los argumentos esgrimidos se basaron en presuntas irregularidades en el momento de los allanamientos. Los imputados dijeron que los interrogaron sin los recaudos legales “cinco personas en la comisaria de Rawson me interrogaron, me sentí intimidado”, relató Hueichan. En ese orden, también dijo que “les ofrecí mi teléfono pero me dijeron que no hacía falta porque ya sabían todo”, en referencia que a que ya habían investigado las comunicaciones.

Ante estos planteos, el juez Monti resolvió correr traslado al Procurador General Jorge Miquelarena, para que se expida sobre la recusación planteada al Fiscal General Rodríguez. Superada esa instancia se fijará una nueva fecha de audiencia.

Por el delito contra la propiedad acontecido el pasado 9 de marzo en la esquina de la Av. Juan XXIII y Benito Lynch, se concretó en forma semipresencial la audiencia de control de detención y apertura en contra de los imputados Blas Montiel y Rubén Neira.

La Procuradora de fiscalía, Andrea Serer, solicitó se declare legal su detención y se les formalice el hecho en base a la calificación provisoria de “robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en calidad de autor, en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegítima de arma de guerra” para Montiel; y para Neira “robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en grado de tentativa”, en calidad de “partícipe necesario”. La representante de fiscalía requirió se dicte la prisión preventiva por tres meses de ambos imputados en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores y los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por la gravedad del hecho y la pena en expectativa, en caso de recaer condena. Asimismo se refirió a antecedentes penales de Montiel con una condena de cumplimiento condicional del año 2015.

El hecho investigado acontece el 09 de marzo de 2021 siendo las 11.20 hs. aproximadamente los imputados Blas Alejandro Montiel y Rubén Alejandro Neira se dirigieron hasta el local comercial que gira bajo la razón social Tienda S y M, ubicada en calle Juan XXIII y Benito Lynch, casi Malvinas (más precisamente frente al Cementerio Oeste) allí se encontraban dos empleados. En dicho contexto Montiel extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo Bersa Thunder calibre 9 mm., con un cartucho a bala en recamara, y otro en el Almacén cargador, y apunto con ella a una de las víctimas exigiéndole el dinero de la recaudación del local. Seguidamente, Montiel golpeó la balanza que estaba en el lugar con el fin de causar miedo, al tiempo que le manifestó a la víctima “vos dame la plata, apurate”, logrando de esta manera sustraerle una determinada cantidad de dinero, para luego darse a la fuga por calle Malvinas y Juan XXIII en sentido Norte por Malvinas.

Personal policial de la Comisaría Seccional Segunda anoticiado por una testigo que dio aviso a personal de la Comisaría Cuarta, refirió que dos masculinos se encontraban peleando en la esquina de Malvinas y Juan XXIII y uno de ellos quien a la postre fue identificado como Montiel con arma de fuego, y aportando a su vez las vestimentas de ambos, como así también con la sindicación efectuada por uno de los empleados del local comercial, procedió a la aprehensión tras persecución continuada de Montiel en un taller Mecánico “Hangar” ubicado en calle Juan XXIII al 770, del Barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad, quien previo a su aprehensión se descartó de un arma de fuego tipo Bersa Thunder calibre 9mm. cargada, ya descripta, en condiciones inmediatas de uso y sin contar con la debida autorización para detentar dicho armamento y de Neira en Benito Lynch al 800 de esta ciudad.

El defensor de Montiel, Guillermo Iglesias, no cuestionó la legalidad de la detención de su pupilo pero insistió con la libertad, en tanto que no podrá dictarse la prisión preventiva cuando el delito no lo establezca en su pena y el presente calificado como robo agravado en grado de tentativa, su mínimo es de cumplimiento condicional. Solicitando su libertad con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.

Seguidamente el defensor de Neira, Mauro Fonteñez, no cuestionó la legalidad e la detención pero si “que no se describe a mi asistido en el hecho” y que tampoco “no existen indicios de autoría de su defendido”. Sugiriendo que se podría aplicar medidas sustitutivas para preservar el proceso. Requiriendo su libertad ya que “posee arraigo en la ciudad y es sostén de familia”.

Finalmente la jueza penal, Mariel Suárez, resolvió declarar legal la detención de ambos imputados Montiel y Neira, ya que la misma fue hecha en flagrancia. Autorizando la apertura de la investigación en base al hecho y la calificación legal propuesta por la representante de fiscalía, dándolos por anoticiados de los mismos y por asegurada su defensa técnica. Dictando el plazo de tres meses de investigación y la prisión preventiva de Montiel por igual término en base al peligro de fuga, la pena en expectativa y que ha participados de hechos anteriores. En cuanto a Neira por su grado distinto de participación dictó su arresto domiciliario por igual término.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

Debería haberse realizado este viernes y a último momento la re-programaron. El caso por el que les abrirían una causa penal a 6 policías –sin prisión preventiva— es el del albañil que el año pasado por poco no perdió un ojo, cuando le dispararon desde un minibús policial en medio de un confuso procedimiento en el barrio INTA de Trelew, que fue liderado por el controversial ministro de Seguridad Federico Massoni. El dato curioso del proceso judicial es que el abogado que defiende a la mayoría de esos policías es un sobrino del procurador General Jorge Miquelarena, que es el jefe del fiscal que debería acusarlos y llevarlos a juicio.

Con este contexto cuesta creer que el caso vaya a dirimirse en la Justicia como cualquier otro y que la víctima no tenga motivos para sospechar que el fiscal pueda llegar a favorecer en algún momento a los imputados.

Debería investigarse si la función de abogado que cumple aquí Rodrigo Miquelarena, el sobrino del jefe de todos los fiscales de la provincia; no es irregular. Él, además, es funcionario público, trabajaría en la Fiscalía de Estado y a su vez ejerce como abogado.

Algo similar a lo que hace su socio, Martín Sebastián Castro, que es abogado de Massoni, funcionario del Ministerio que dirige Massoni, también en la Policía del Chubut; y a su vez ejerce la profesión de manera privada. Ambos podrían estar incursos en algún delito contra la administración pública, como el de “negociaciones incompatibles con la función pública del Articulo 265 del Código Penal. De hecho, Martín Castro ya tiene denuncias penales hechas por otros abogados en la Justicia.
Volviendo al caso Fredes, en la audiencia que al final no se realizó se iba a pedir la apertura de investigación contra los seis policías que, aparentemente, tripulaban el minibús de la Guardia de Infantería, desde el que salió el disparo que hirió en la cara al albañil.

Fue la noche del 14 de junio del 2020 cuando Fredes salió de su casa a cerrar el portón para evitar que su perro se escapara a la calle y terminó herido en el rostro en un confuso operativo del que participó también el polémico Massoni, el jefe de Policía Miguel Gómez y su hermano Paulino Gómez, que es director de Seguridad.

Justamente, la victima recuerda haberlo visto a Massoni en una camioneta que se detuvo detrás del minibús desde el que le dispararon y que también se alejó del lugar cuando el albañil fue herido en vez de acercarse a él para ver si necesitaba atención médica.

Hay que recordar que Massoni al día siguiente de ocurrido el hecho –que tuvo trascendencia nacional– negó haber visto algo de lo sucedido en las entrevistas que algunos medios de prensa le hicieron, poniendo en evidencia notorias contradicciones entre lo que él afirmaba y lo que decían los Gómez para –de alguna manera—intentar justificar la razón de ese disparo que casi le vuela un ojo al albañil Fredes.

Hoy, los policías que son llevados ante la Justicia están imputados en su gran mayoría de no haber denunciado el hecho, de encubrir al que efectuó el disparo porque –aparentemente— negarían tener conocimiento de lo ocurrido, pese a haber estado en el lugar participando del violento procedimiento.

Fredes y su familia no solo la pasaron mal aquella noche sino también los días subsiguientes, en los que fueron víctimas de un verdadero hostigamiento por parte los policías comandados por Miguel Gómez y su hermano Paulino. Hasta les hicieron un allanamiento “trucho” en el domicilio, buscando un arma inexistente y a un supuesto prófugo de la Justicia que no vivía ahí.

En esa ocasión a Fredes y los suyos los tiraron al piso, los maltrataron y les rompieron la vivienda en un hecho del que hasta la actualidad nadie se responsabilizó.

El próximo lunes 15 de marzo a las 09 horas se retoma la audiencia de debate por la causa Revelación, donde se prevé que declaren más testigos. Este viernes se escuchó el testimonio de Andrea Verónica Gonzalez, dio cuenta que “desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

Gonzalez, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaró en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero. También indicó que el Gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detalló que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago”, concluyó.

Algunos pagos más rápidos

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3% y 5% por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Las órdenes de pago

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detalló que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajó junto al ingeniero durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y ademas dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador». Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”.

Fuente: MPF

Este martes, desde las 9:30 horas, se llevará a cabo la audiencia de revisión de sentencia condenatoria de la Causa Embrujo. Participarán de la misma defensores, querellantes, la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y el Procurador General de la Provincia.

En esta tercera instancia, el tribunal de juicio estará integrado por los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Dres. Mario Vivas y Alejandro Panizzi y el camarista de Puerto Madryn, Dr. Leonardo Pitcovsky.

Los magistrados deberán resolver sobre las impugnaciones extraordinarias interpuestas por los abogados defensores en contra de lo resuelto por la Cámara en lo Penal que confirmó la condena impuesta en primera instancia.

La Defensa Pública representa a Juan Carlos Ramón, Jorge Aníbal Godoy, Daniela Souza, Rubén Reinoso y Diego Lüters; el Dr. Fabián Gabalachis patrocina a Diego Correa y Natalia McLeod, en tanto, Federico Gatica es defendido por el Dr. Javier Patricio Romero.

La audiencia se llevará a cabo mediante el sistema webex y será trasmitida en directo a través de la página de JusNoticias en la red social Facebook.

Fuente: FM Bahía Engaño

El miércoles de esta semana se llevará adelante una audiencia clave ante la Justicia de Chubut dónde comenzará formalmente a investigarse el escándalo judicial que involucra al presidente del colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, y a la jueza Alicia Arbilla por una serie de irregularidades detrás de demandas laborales que derivaban en desapoderamiento de bienes de la empresa Ganadera Santa Elena SRL. El juez Ricardo Raúl Rolón no solo debe decidir cómo sigue adelante la recolección de pruebas, sino que dará el visto bueno para que los denunciantes -accionistas del Grupo Indalo- se constituyan como querellantes. Apenas culminada la feria judicial, Arbilla se excusó de seguir interviniendo en el paquete de demandas que tenían a Venancio como parte interesada, luego de que la fiscal María Bottini imputara a ambos bajo el delito de estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario, respectivamente. También esta semana, el Consejo de la Magistratura de Chubut comenzará a tramitar el expediente disciplinario de Arbilla, para definir su sanción, en su primer encuentro del año.

Juez Rolón impulsará la investigación. Peritaje a teléfonos complica a imputados. Sanción a Arbilla en debut de Consejo local. Su sumó testigo.

El caso fue revelado por Ámbito y consistía en una serie de demandas laborales, todas representadas por Venancio contra Establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico de Indalo en Chubut. En los litigios, los trabajadores recibían un fallo a su favor por determinado monto de resarcimiento pero la jueza le permitía a Venancio embargar bienes de un valor infinitamente superior -como un generador- que no pertenecían a esa empresa y proceder a su remate. El “ganador” de la subasta que compraba a precio vil los bienes era siempre el “testigo” que Venancio aportaba a las causas de Arbilla, magistrada en lo civil, comercial y laboral de Esquel. Denunciados por Santa Elena, todos resultaron imputados por la fiscalía y debe ser el juez Rolón el que imprima celeridad a la investigación.

Entre las pruebas recolectadas, fue secuestrado un celular de Elías Simeoni quien además de haber sido testigo, y ganador de las subastas era quien tenía en su predio los bienes que había logrado embargar Venancio a través de Arbilla, que le daba al abogado su “guarda judicial”. Pagó $97 mil pesos por un generador Caterpillar con valor de mercado de u$s120 mil dólares. Simeoni se negó a aportar la contraseña para desbloquear el teléfono y la Policía chubutense aseguró que no tenía los medios técnicos para proceder a inspeccionar el teléfono, de marca Iphone. Sin embargo, Gendarmería Nacional indicó que ellos sí poseían la tecnología para la apertura del celular, aun sin la clave de su usuario. Rolón deberá autorizar que el celular viaje a Buenos Aires para poder ser peritado, dado que en su interior podría haber información de interés para el expediente que podría arrojar luz sobre la maniobra.

Durante la feria, se agregó a las actuaciones la declaración de un testigo de apellido Vicel que -ajeno a cualquiera de las partes- concurrió a la fiscalía para hacer saber que él compraba carne a una persona que la fraccionaba con elementos que pertenecían a un frigorífico de Gobernador Costa, donde está asentado Santa Elena. Pero que le dijo que no la tenía más en su poder porque Venancio había pasado a retirarla. Es decir, que existe la posibilidad de que herramientas de trabajo y bienes del frigorífico hubieran sido además distribuidos a otras personas para hacer usufructo y ante el crecimiento del escándalo que repercute fuerte en la provincia, hubieran intentado recuperar esos elementos antes de que fuesen descubiertos por la justicia.

El primer día hábil luego de la feria, Arbilla se excusó argumentando que había sido notificada de la audiencia de este miércoles por el delito que se le imputa, y que por esas razones decidía apartarse. Durante diciembre, pese a las recusaciones de los abogados de Santa Elena, había intentado permanecer en los litigios de Venancio y hasta públicamente grabó una entrevista en la cual defendía el accionar del abogado y cargaba contra la empresa que, supuestamente, no se había defendido como correspondía en la demanda laboral. Al punto que amenazó con que haber hecho unas presentaciones para evitar otras subastas de más bienes podría haber sido una presión indebida a la justicia. Por lo insólito, el caso no registra precedentes. Se llegó a desmontar parte de la estructura edilicia del frigorífico para ser vendida y hay una serie de bienes que todavía no pudieron ser localizados porque Venancio aportó direcciones inexistentes a la Policía de los lugares donde estaban presuntamente resguardados.

En la audiencia del miércoles se descuenta que Rolón avanzará en la investigación y aceptará como querellantes a los abogados de Santa Elena, entre quienes está Carlos Beraldi para que impulsen la causa. Y que también le negará a Simeoni el pedido para que le regresen el teléfono sin ser peritado, algo en lo que los imputados se mostraron muy interesados. Bottini señaló que Venancio, en principio, engañó a la jueza para hacerse de bienes mucho más valiosos que las demandas que entablaba y que ocultó que su propiedad correspondía a otra razón social. Todo con el aval de Arbilla que omitió hacer la denuncia en julio del año pasado, cuando fue advertida de lo que ocurría por los abogados de la demanda.

 

La Justicia autorizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentarse a una audiencia virtual por la causa “dólar futuro”.

El 1° de marzo será la apertura de sesiones ordinarias y el presidente Alberto Fernández dará un discurso en el Congreso. Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá otra actividad: deberá presentarse a una audiencia virtual ante la Cámara Federal de Casación Penal por la causa “dólar futuro”.

Allí se determinará si habrá juicio o no. Si bien la Justicia la autorizó para asistir a la audiencia, esto puede juntarse con el discurso del presidente, ya que ella también deberá estar presente en el Congreso.

Esta causa tuvo inicio en octubre de 2015 cuando diputados del PRO denunciaron que el Banco Central había cerrado contratos con un “dólar futuro” en aquel año, y realizado operaciones ilegales. Ante esto, el juez federal fallecido Claudio Bonadío procesó a CFK junto al entonces ministro de Economía Axel Kicillof y exdirectores del BCRA.

Por este motivo, el actual gobernador bonaerense también estará presente en la audiencia junto a Cristina Kirchner el 1° de marzo.

Respecto al “dólar futuro“, es un convenio en pesos en las que dos partes fijan el precio del dólar en un plazo a futuro determinado. Luego del plazo, una de ellas puede recibir ganancia o pérdida si la cotización oficial del dólar es mayor o menor al valor fijado.

Por su parte, los abogados defensores Carlos Beraldi y Guillermo Anzorena señalaron que esto era “una herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país”. Además, dijeron que “no hubo perjuicio para el Estado nacional sino que, por el contrario, se produjeron ganancias”.

Fuente: Mitre

Las audiencias públicas por la rezonificación que ocupa actualmente el complejo Costa Salguero-Punta Carrasco, en la Costanera Norte, concluirán hoy con una jornada extra que debió agregarse para que puedan exponer 85 vecinos que se anotaron y que habían quedado afuera. En tanto, se registró un récord histórico de participantes que llegó a 7.053, y permite anticipar un rechazo al proyecto del Gobierno porteño al registrase más del 98 por ciento de opiniones en contra. En Verano 2021, la diputada porteña del bloque oficialista Victoria Roldán Méndez defendió la rezonificación y señaló que se analizarán los datos de las audiencias. En tanto, expresó que “hay gente que dice cosas que no están en los proyectos”.

La iniciativa del Gobierno porteño apunta a construir un barrio náutico con edificios de diez pisos en la Costanera Norte, en el lugar donde funciona el complejo Costa Salguero.