Vecinos de Rawson fueron denunciados tras protestar por aumentos tarifarios en el Concejo Deliberante, generando acciones legales contra algunos participantes.
El pasado 23 de septiembre, vecinos de Rawson realizaron una protesta en el Concejo Deliberante reclamando contra el excesivo aumento tarifario de la cooperativa de servicios públicos de la capital provincial. Entre los denunciados se encuentra la médica Carla Peralta, quien confirmó la demanda en su contra en diálogo con Radio Chubut.
Peralta aclaró que “nunca ingresé al Concejo Deliberante por lo que no cabe la acusación de daños ni agresiones”, y precisó que llegó al lugar pasadas las 20 horas, luego de finalizar su consultorio, cuando ya no se podía ingresar al edificio ubicado en Luis Costa y Sarmiento, debido a un cordón policial que bloqueaba el acceso.
Testimonio del Concejo Deliberante
El presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Dulio Monti, admitió que durante la extenuante protesta abandonó el edificio pasadas las 3 de la madrugada del día siguiente, tras permanecer más de 12 horas. Según explicó, “previo a dejar la casa de las ordenanzas, se labraron actuaciones para que actúe la justicia, sobre todo por la rotura de elementos como las cámaras de seguridad, monitores y una banca que, según su versión, fueron dañados en ese contexto”.
Monti aclaró que no todos los participantes actuaron de manera violenta, pero reconoció que “no faltaron quienes usaron la legítima bronca por el aumento tarifario para agredir a los integrantes de ese cuerpo con insultos e incluso torturando a algunas concejalas que debían salir para tomar medicación y se les impidió”.
El presidente del Concejo subrayó que tanto las imágenes de lo ocurrido como las actuaciones policiales están registradas, por lo que consideró lógico que se continúe el proceso judicial para que cada participante asuma su responsabilidad en estos hechos que calificó como humillantes y contrarios a la convivencia comunitaria.
Relevancia de la medida judicial
El episodio en Rawson refleja la tensión generada por los aumentos tarifarios y pone en evidencia el seguimiento judicial que puede derivar de las manifestaciones públicas. Las denuncias buscan garantizar responsabilidad y orden frente a situaciones que, según autoridades locales, vulneran la convivencia y la seguridad de quienes integran los cuerpos legislativos.
