La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dispuso el primer congelamiento de activos en la historia del país por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un hecho que también marca un precedente en América Latina según la información oficial.
La medida, ordenada mediante una resolución fundada por el titular del organismo, Paul Starc, se aplica sobre personas residentes en el país e involucra recursos que podrían estar vinculados a la adquisición o desarrollo de armas nucleares, químicas o biológicas. Según Noticias Argentinas.
Un procedimiento estricto con plazos perentorios
La Resolución 3/2026 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial, establece un mecanismo riguroso para los sujetos obligados (entidades financieras, casas de cambio, entre otros). Estos deben reportar operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas desde su detección y aplicar un congelamiento administrativo inmediato de los bienes.
La norma es clara al prohibir informar al cliente sobre los motivos del bloqueo, pudiendo solo indicar que se actúa en cumplimiento de la ley. El incumplimiento acarrea sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación de oficiales de cumplimiento.
Un marco legal reforzado por una ley reciente
El inédito procedimiento aplicado por la UIF constituye, en efecto, la primera materialización concreta de la Ley 27.739, la cual fue sancionada en marzo de 2024. Esta normativa, por un lado, introdujo en el Código Penal argentino la figura delictiva específica de «Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva» (FP), estableciendo para ella penas de prisión que oscilan entre los 5 y los 15 años.
Asimismo, la ley realizó una modificación sustancial a la Ley 25.246. Con esta enmienda, se facultó de manera explícita a la UIF para decretar congelamientos preventivos de activos, como el ahora ejecutado. Del mismo modo, se produjo una ampliación significativa del universo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios con activos virtuales y a los abogados que intervengan en determinadas transacciones.
Un compromiso internacional de alto nivel
La decisión se enmarca en los compromisos asumidos por Argentina ante las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país está obligado a implementar sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales exigen congelar «sin demora» los activos de personas o entidades vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esta medida, Argentina fortalece su sistema de prevención y se alinea con las pocas jurisdicciones a nivel global que han adoptado procedimientos tan específicos.