El Superior Tribunal de Justicia del Chubut (STJ) revocó una resolución de la jueza María Alejandra Hernández de Puerto Madryn que había desestimado una denuncia por abuso sexual conyugal.
El máximo tribunal provincial consideró que la decisión fue «prematura y contraria a los estándares judiciales en materia de violencia de género».
Un fallo que ordena reabrir la causa
En primer lugar, los ministros del STJ aceptaron la apelación que la Fiscalía de Trelew había presentado. Como consecuencia de esta decisión, también ordenaron que se realice una nueva audiencia preliminar, pero esta vez ante un magistrado diferente. El fallo del tribunal superior fue contundente al señalar que la jueza Hernández «anticipó indebidamente la clausura del proceso». Según los ministros, ella no escuchó de forma adecuada a la víctima y, además, tampoco permitió el debate de las pericias que formaban parte de la causa.
La importancia de la perspectiva de género
En su fundamentación, el STJ subrayó un principio fundamental: «no corresponde descartar anticipadamente la versión de la víctima sin brindarle un espacio de escucha bajo inmediación y contradicción». Para respaldar esta postura, el tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Asimismo, el fallo enfatizó otro aspecto crucial. Sostuvo que la credibilidad del testimonio de una víctima de violencia sexual se debe evaluar siempre con perspectiva de género. Además, este análisis debe realizarse bajo las garantías de un proceso que respete plenamente los derechos humanos.
Deficiencias en la valoración de pruebas
El tribunal observó que los informes periciales ginecológico, genético y psicológico no fueron debidamente presentados ni explicados por sus autores, y que no se permitió el contrainterrogatorio de las partes. Esta omisión impidió una valoración válida y completa de las pruebas, afectando el principio de contradicción y el derecho de defensa.
La decisión sienta un precedente importante en Chubut al reafirmar que los delitos sexuales en el ámbito doméstico requieren especial atención y no pueden ser descartados sin una investigación completa que garantice la participación efectiva de la víctima, en línea con la Ley 26.485 y los estándares internacionales. Información extraída del medio La17.
