La causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad tomó velocidad tras la decisión del fiscal Franco Picardi de citar a indagatoria a Diego Spagnuolo. El movimiento llegó apenas se levantó el secreto de sumario, lo que permitió desplegar un cuadro más amplio sobre cómo habrían operado las maniobras.
El fiscal convocó también a otros exfuncionarios y a empresarios del sector médico vinculados a insumos de alto costo. En total serán quince los indagados, todos señalados por su posible participación en compras direccionadas y sobreprecios dentro de la estructura estatal.
La investigación incluye la sospecha de una red destinada a manipular adquisiciones para programas destinados a personas con discapacidad. Allí se concentran los fondos de Incluir Salud, un esquema que sostiene la atención médica de sectores sin cobertura.
Los audios que comprometen a Spagnuolo sumaron tensión cuando su abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró que podían haber sido generados con inteligencia artificial. El exfuncionario repite ante su entorno que la voz “se parece”, pero insiste en que “esa conversación no la tuve con nadie”.
El expediente incorporará las grabaciones para un análisis técnico, mientras la fiscalía sostiene que hay más material audiovisual que mostraría a Spagnuolo en acciones incompatibles con su rol. La defensa insiste en que hubo manipulación y busca diluir el impacto mediático.
Otro de los citados es Daniel Garbellini, número dos de la ANDIS, señalado por haber montado un circuito paralelo de pedidos de coimas para la adjudicación de obras y contratos. Su rol aparece mencionado en varios testimonios que lo ubican como engranaje central.
La trama estalló en agosto tras la difusión de audios donde una voz atribuida a Spagnuolo describe presuntos retornos del 3% en favor de intermediarios y funcionarios. En esas charlas se mencionan nombres cercanos al Gobierno, aunque ninguno fue imputado.
Spagnuolo fue desplazado por decreto del presidente Javier Milei apenas se conoció el contenido de los audios. Desde entonces mantiene silencio, se refugió en su casa de un country de Pilar y retomó su estudio jurídico con sus expedientes previos.
La investigación abre un frente sensible para el Gobierno por tratarse de un organismo que administra recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables. Mientras la Justicia avanza, el impacto político crece en un terreno donde ningún error pasa desapercibido.