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El exministro de Infraestructura aseguró que el empresario de la construcción Papaiani mintió; aseguró que su trabajo no era hacer órdenes de pago y que por eso no tenía sentido que lo coimeen.

Alejandro Pagani sostuvo este viernes durante el juicio por la causa Revelación que “no cometí ningún delito”, que nunca integró una asociación ilícita y criticó los testimonios de Diego Lüters y del empresario de la construcción de Rawson, Carlos Papaiani. Ambos lo involucraron en los retornos de la obra pública durante el tercer gobierno de Mario Das Neves con dichos que el ingeniero consideró falsos.

Ante el tribunal en la Oficina Judicial de Rawson, Pagani recordó que el fiscal Marcos Nápoli lo acusó de “llenarse los bolsillos” pero que curiosamente no le imputó enriquecimiento ilícito. “Sencillamente porque jamás lo hubo”, dijo. Y que como ministro jamás pudo pedir coimas para liberar fondos porque no era él quien hacía las órdenes de pago.

Según Pagani, en la época de los presuntos retornos sólo hizo su trabajo. “Vaya a saber por qué motivo, pero puedo suponerlo, Lüthers, acusado por un delito, sorpresivamente en una declaración absurda me vincula. Desde su oficina a 10 cuadras de la mía pretende interpretar cómo era mi trabajo como ministro y mi relación con el gobernador y su entorno, y cómo, cuándo y para qué un ministro intercambia información con ellos”.

Aseguró que todo el tiempo Das Neves recibía informes sobre obra pública de todo tipo desde Infraestructura igual que su sucesor, Mariano Arcioni. “Siempre atendí los requerimientos del gobernador pero acá me dicen que eso es un crimen. También dicen que esas planillas me volvían con tachaduras y enmiendas, pero no mostraron ni una sola simplemente porque ese mecanismo nunca existió”.

Luego le apuntó a Papaiani, expresidente de la Cámara de la Construcción, testigo clave del fiscal Marcos Nápoli. “Es el único empresario que generó dudas sobre mi actuación. Pero fue mendaz y mentiroso y quedó en evidencia. Con 20 años de experiencia no podía desconocer que las adjudicaciones son por decreto”.

El imputado se paró ante los jueces para explicar en detalles dos expedientes de obra y la burocracia hasta su pago. “No hay ningún trámite en el Estado que pueda hacerse fuera de sistema. Por eso no entiendo de que me acusan; me mezclan con Economía y con el IPV pero nunca me dijeron en cuál expediente concreto o en cuál certificado intervine para poder explicarlo”.

Recordó que al inicio del caso pidió declarar pero “era mejor publicidad detenerme”. Y que el célebre memorándum firmado por el gobernador para que todas las contrataciones pasen por Diego Correa “es una piedra fundamental de esta presunta asociación cuando en realidad en todas las gestiones hubo similares. Esta es mi verdad y la verdad de los hechos”.

Nota publicada por Cholila Online el día 16 de agosto de 2018

Investigan escalas en Comodoro de la ruta del pago de coimas de la obra pública 2011-2015., ya que Mariano Arcioni es su escribano y constituyo las empresas que luego le servirían a Báez para el enriquecimiento ilícito se sospecha que las mismas se podrían haber recaudado en sus oficinas.

La aeronave identificada llevaba al parecer las iniciales LV-ZSZ.

Fuentes judiciales confirmaron a Cholila Online que el Ministerio Público Fiscal estaría tras los pasos de una empresa que funcionaba como «taxi aéreo» y que se habría encargado de juntar «las coimas» de la obra pública en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi entre 2011 y 2015. La investigación habría surgido a partir de testigos que declararon informalmente y forma parte de la causa «Revelación 2», que monitorea los retornos en la gestión anterior.

El avión pertenecería a la flota de Top Air, una empresa en la que participaba Lázaro Báez, dijo a Cholila Online un hombre que frecuenta asiduamente los pasillos judiciales. El empresario santacruceño que está preso se desprendió del paquete accionario de esta firma en 2015.

La fuente consultada por Cholila Online detalló que los datos que estaría investigando la Justicia indican que la aeronave «partía desde Río Gallegos y aparentemente hacía base en Comodoro, donde juntaba los cheques de los retornos de la obra pública y luego se dirigía a Buenos Aires para cambiarlos en una cueva financiera».

Debido a que Mariano Arcioni es escribano de Lázaro Báez y fundador de Acun Leufu S.A. se sospecha que el actual Gobernador pudo recaudar el dinero en su escribanía hasta que el avión hacía escala y continuaba su viaje presuntamente a “La Rosadita” adonde contabilizaban el dinero de la corrupción de la obra pública de la Patagonia.

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Mariano Arcioni la clave de “La Rosadita” de Lázaro Báez

En el juicio del Caso Revelación declararon los primeros dos empresarios. Dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas.

Los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios le explicaron al tribunal del Caso Revelación cómo funcionó el sistema de retornos de la obra pública durante el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, en un contexto de profunda crisis financiera de las firmas del sector.

Ambos empresarios se mostraron como “víctimas” de este proceder al no hallar otro mecanismo para cobrar los certificados que el Estado provincial les debía. La deuda global con las constructoras era de unos $ 500 millones.

Papaiani –dueño de Inverfin en Rawson-, relató que desde las primeras líneas de Fontana 50 les pidieron un aporte del 3% de los certificados de obra para costear “gastos de campaña”. Era enero de 2016 y la gestión de Das Neves llevaba un mes. “Pagar fue una decisión personal de cada empresario”. Papaiani abonó $ 250 mil a alguien que no identificó pero que ligó al exministro coordinador Víctor Cisterna.

Las empresas recuperaron algo pero no salían del ahogo. En enero de 2017 Papaiani le reclamó al ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, que se firmaran los contratos de obras que ya le habían adjudicado a Inverfin. “Me dijo que era inminente pero que era conveniente que fuera a ver a Diego Correa, que me dijo que yo estaba `muy flojo de aportes`”. En Casa de Gobierno el empresario le retornó otros $ 300 mil cash. Con el exsecretario privado de la Gobernación tuvo al menos dos encuentros.

Ante los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, el constructor dijo ir a Fiscalía a dar su versión fue una decisión familiar. “Fuimos víctimas de una situación perversa y queríamos decir la verdad”.

Versión Palacios

Palacios testimonió que “ante la desesperante situación, para destrabar las acreencias había un sistema que apuraba el pago de los certificados a cambio de un retorno”. Si la obra era nueva era un 5%; si venía de la gestión de Martín Buzzi, la coima era de un 3%. En su caso aceptó.

Su nexo era Pablo Bastida. “Lo sindicaban como el cajero de Cisterna. Íbamos a su oficina y me decía `Tenés esto para cobrar pero debés esto´. Palacios aportaba cheques y hubo 6 encuentros.

En 2017 el nuevo interlocutor fue Correa. “Fui a Gobierno y me mostró mis cheques rebotados. `¿Qué pensás hacer?´, me decía”. Para Palacios era imposible pagar y acordaron que levantaría algunos valores a cambio de recibir plata fresca para Palco, su empresa. Luego retornó $ 400 mil en dos pagos. La segunda mitad Correa la recibió en el quincho de Chubut Somos Todos, en la zona sur de Trelew, escenario habitual de actos políticos.

En 2018 Palco se fundió y 240 empleados fueron suspendidos. Palacios vendió el paquete accionario y dejar la empresa.

Recién a la semana de que se conociera la denuncia de la diputada Lloyd Jones, un fiscal fue –supuestamente– a buscar pruebas incriminatorias a la casa y al estudio del abogado acusado y terminó llevándole el teléfono celular y las computadoras. ¿Encontrará algo allí que complique al sospechoso en una eventual causa judicial que podrían iniciarle? ¿Sobre todo después que el propio Guillermo Corneo pusiera a disposición de la Justicia esos aparatos, ni bien supo que lo sindicaban de haberle ofrecido millonarias sumas de dinero a ciertos legisladores, a cambio de que votaran la zonificación minera?

Lo del fiscal Omar Rodríguez, allanando al abogado Corneo, fue una penosa demostración de lo que no se debe hacer en una investigación en la que se buscan evidencias de uno o varios hechos de corrupción. Encima el funcionario –presuntamente sin quererlo– alertó 24 horas antes a Corneo de que le iba a hacer los procedimientos; cuando fue a la casa de su madre y pretendió allanarla –dicen por equivocación– creyendo que él vivía ahí. Le pidieron disculpas a la mujer y se fueron.

¿No será que nos están engañando y que lo que realmente están haciendo es “una puesta en escena” en un caso que va a terminar en la nada?

A partir de las publicaciones de Cholila Online ya se conoce los vínculos del abogado Corneo con el procurador General Jorge Miquelarena, el gobernador Mariano Arcioni y el controversial Federico Massoni, que también aparece aquí como “un gran garante de la maldad”. Entonces, cualquier podría colegir que lo que hicieron este miércoles en la zona sur de Trelew fueron maniobras como para que nadie pueda reprochar que los fiscales de Miquelarena se hicieron los distraídos o que no hicieron nada porque se trataba del abogado Corneo.

Según dijo el fiscal Omar Rodríguez en la nota exclusiva que le dio al diario y a la propaladora del millonario sindicalista Héctor González el delito que investiga es posible “tráfico de influencias”, que tiene una pena que va desde los seis meses a los dos años de prisión.

El abogado que en representación del Gobernador Arcioni le ofrecía a los diputados hasta 15 millones de pesos por votar la zonificación.

Como adelantara Radio Libre días atrás, y luego de la denuncia de la diputada Leila Lloyd Jones, hoy allanaron la casa del Abogado Guillermo Corneo por ser nombrado por la diputada como la persona que le ofreció hasta 15 millones de pesos en representación del Gobernador Mariano Arcioni para votar a favor de la zonificación minera.

Recordemos que en la denuncia ante la justicia a la que Radio Libre pudo acceder decía lo siguiente:

«El abogado Guillermo Corneo, invocando la representación del Gobernador Mariano Arcioni, se comunicó con el señor Gustavo Cardoso, quien es mi conviviente y pertenece a nuestro espacio político, con el fin de exponer los beneficios del proyecto a los diputados de nuestro bloque.»

«El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a ¨bonificar¨ la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano.»

Según el portal digital de Radio Libre el Procurador General Jorge Miquelarena es allegado a Guillermo Corneo ya que su mano derecha está casado con la hermana del asesor de Arcioni apuntado por las coimas.

La diputada Leila Lloyd Jones presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megamínera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

Según el portal digital de Radio Libre el Procurador General Jorge Miquelarena es allegado a Guillermo Corneo ya que su mano derecha está casado con la hermana del asesor de Arcioni apuntado por las coimas.

La diputada Leila Lloyd Jones presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megamínera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

La diputada presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megaminera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

Fuente: Radio Libre

 

Desde hace meses, la provincia de Chubut está conmocionada por la movilización popular en rechazo al proyecto de ley zonificación minera que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni. En las últimas semanas se han sumado denuncias de coimas de las empresas mineras a legisladores provinciales a cambio de votos favorables.

La última novedad que reflejan varios medios provinciales refiere a la información que brindó al Procurador General de la provincia la diputada Leila Lloyd Jones, de quien días atrás circuló un audio en que hablaba de ofrecimientos de sumas millonarias para quienes voten en favor del avance de las mineras.

Según relata Lloyd Jones, el 20 de noviembre pasado el abogado Guillermo Corneo –que lidera un estudio de Trelew y ha patrocinado a algunos funcionarios públicos en denuncias recientes- “se reunió privadamente con Gustavo Cardoso, quien le comunicó que las explicaciones del ministro (Martín Cerdá, de Hidrocarburos) no habían hecho variar la posición contraria al proyecto de los diputados asistentes. Es entonces cuando Corneo menciona que las empresas estarían dispuestas a bonificar la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de zonificación con la suma de diez a quince millones de pesos a cada uno en mano” (Jornada, 19/12).

Guillermo Corneo es un abogado del Colegio Público de Abogados de Trelew, y ha ejercido como patrocinante del gobierno de Arcioni cuando adelantaron la realizaron las elecciones provinciales (Tiempo Sur, 22/11/2018) y además cuenta con un frondoso currículum vinculado al negocio minero en todo el país.

Resta ver cómo avanza en la Justicia provincial esta denuncia, que implica la participación de un abogado del gobierno en la gestión de coimas ofrecidas por las mineras trasnacionales. Pero el impacto de esta nueva información no desentona con otros hechos, como la viralización del video de una cámara oculta en la que el diputado provincial del PRO, Sebastián López, pide «más de cien lucas» a una «multinacional» a cambio de convencer legisladores en favor de la minería. Se suman los bochornosos dichos del diputado oficialista Roddy Ingram en la última sesión de la Legislatura: «Me están ensuciando por diez palos mugrosos que yo ni cobré».

De ningún modo el Poder Judicial es un actor neutral en este escenario. Este se encuentra en pie de guerra contra el gobierno de Arcioni, que le suspendió por 180 días aumentos salariales, y es en.

Frente a estos acontecimientos, que dan cuenta de un régimen podrido decadente, es fundamental redoblar la movilización en estas semanas claves, con acciones simultáneas en toda la provincia, cortes de ruta y una jornada masiva de lucha en Rawson.

Fuente: Prensa Obrera

Exclusiva a información sobre la presentación realizada por la diputada provincial Leila Lloyd Jones a la Justicia, ante el requerimiento de la Procuración General, luego de la viralización del audio en el que hablaba de presunto pagos a legisladores para apoyar en la Legislatura el proyecto de megaminería.

En el documento, de más de 5 hojas, la Diputada provincial se refirió a varias cuestiones vinculadas al contenido del audio que se conoció públicamente.

Precisó así que el mismo fue virilizado luego de ser enviado a un grupo de WhatsApp del Interbloque que está integrado por Rossana Artero, José Giménez, Claudia Mariela Williams, Miguel Antín, Tirso Héctor Chiquichano, Zulema Andén, Gabriela de Lucía y Xenia Gabella.

Además, expuso el contexto en el que envió dicho audio, y que fue el acampe montado frente a su vivienda, en Trelew el pasado 8 de diciembre, por personas, algunas identificadas con banderas de la AOMA; que le reclamaban que apoye el proyecto de “Zonificación”.

Fundamentó el envió del audio por “el momento de la situación que vivió en su domicilio cuando unas 70-80 se manifestaban, desde las 20 y hasta las 2 de la mañana (9 de diciembre), con carpas, asado y consumo de bebidas alcohólicas”, se detalló.

También señaló que durante la manifestación “había solicitado presencia policial y desde la Comisaría 4ª le manifestaron que había órdenes de no intervenir”. Finalmente, cerca de las “23.50 se hizo presente el Ministro de Seguridad justificando la decisión de no intervención por la presencia de menores”, expuso.

Sobre la manifestación en sí, la Legisladora trelewense ofreció “fotos, mensajes de textos y comunicaciones de Facebook que le manifestarían que los manifestantes habían recibido dinero a cambio de su presencia”, frente a su domicilio.

En este contexto envió el mensaje de audio en cuestión, donde hace alusión al pago de presuntas “coimas” y en la presentación ante el Ministerio Público Fiscal aclaró que “anteriormente no se presentó a la Justicia por los hechos que denuncia (en el audio) ya que no tenía elementos de prueba por lo cual escogió la privacidad del Bloque para generar la discusión”, relató la Fuente a este medio.

Insistió así mediante la presentación del escrito en que el audio viralizado “fue una comunicación privada dirigida a determinados actores políticos, sin pretensión de dar difusión pública”.

Sin embargo, en uno de los párrafos del documento, Lloyd Jones habría expuesto que lo dicho en el audio estuvo motivado por el conocimiento que habría tenido de que “las empresas estarían dispuestas a bonificar la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de Zonificación con la suma de entre 10 y 15 millones de pesos”.

Además, tomó conocimiento que dichas empresas se obligarían a compensar a los diputados mediante contrataciones, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual o provisión de catering por un periodo de entre 5 y 10 años.

Asimismo, la Diputada dejó en claro sobre esto que “no tiene elementos que le permitan afirmar que algún miembro de la Legislatura haya aceptado algún ofrecimiento similar”, insistió la Fuente.

Sobre el final, en uno de los párrafos, la legisladora enfatizó tener “una convicción sólida e inalterable sobre las consecuencias negativas para los habitantes de Chubut que derivarían de la explotación de la megaminería a cielo abierto que se pretende instalar”.

Fuente: Radio 3