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Allanan a integrantes del SUPA: la fiscalía confirmó que habrían pedido coimas y extorsionado a empresarios

Se los investiga por el delito de extorsión y pedido de coimas, hechos que el Ministerio Público Fiscal ya habría confirmado por parte de los peritos contables que llevan adelante la investigación.

Las diligencias por esta denuncia se desarrollaron en las ciudades de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en donde se interceptaron los domicilios de los delegados de Rawson Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José y Analef Juan Carlos.

Llamativamente, no se pudo dar con el «Gallo» Gutiérrez durante el allanamiento en su domicilio. Fue el único integrante del SUPA que no se encontraba al momento de ser allanado.

Los integrantes del gremio Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José, Analef Juan Carlos y el propio Alexis Gutierrez fueron denunciados por pedido de coimas y el delito de extorsión, que tiene una pena de prisión de cinco a diez años.

Las órdenes sobre los delegados de Rawson se habrían librado inmediatamente luego de que los peritos contables del Ministerio Público Fiscal confirmaran, a través de las entidades bancarias de los involucrados, las acreditaciones de dinero producto de los pedidos de coimas que realizaban a empresarios de la actividad para garantizar la operatividad en el sector.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y elementos informáticos que permitirán a la fiscalía continuar avanzando en la investigación. La denuncia original data de octubre del 2023 cuando también se emitió la prohibición de acercamiento de los sindicalistas respecto de los denunciantes, medida que abarcó a todos los puertos de la provincia.

Ahora, la Fiscalía tendría las pruebas necesarias para avanzar en la apertura de investigación por el pedido de coimas y las conductas extorsivas por parte de la conducción del sindicato, que encabeza Alexis Gutiérrez, denunciados por empresas de estibaje de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson.

Con el avance de esta investigación por pedidos de coimas y extorsión, la conducción del SUPA suma cinco denuncias en su contra ya que también pesa sobre los delegados de Rawson: Cristian Alejandro Torres, Leandro Esteban Valiente, Aldo Javier Villarroel, Luis Oscar Villarroel y Leandro Coria, una denuncia de la Flota Amarilla por entorpecimiento y daño ambiental; otra denuncia de la Flota Artesanal también por entorpecimiento y daño ambiental; y por la Provincia del Chubut en la Justicia Federal por daño ambiental reclamando la reparación integral del mismo.

Estas últimas se desencadenaron tras la medida de fuerza que provocó la pérdida de más de 300 toneladas de langostino en diciembre pasado, solicitando que la conducción del gremio responda con su patrimonio personal por las pérdidas millonarias, que se estima en más de 3 millones de dólares.

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Por la causa coimas del SUPA demoran a integrantes del sindicato en el puerto de Comodoro

Dos integrantes del sindicato fueron demorados por Prefectura Naval en instalaciones del puerto de Comodoro Rivadavia por violar la medida de prohibición de acercamiento que ordenó la Justicia.

Se trata de la causa por coimas y extorsión a las empresas de estibaje que investiga la fiscal de Rawson Florencia Gómez y que desencadenó en la prohibición de acercamiento de los dirigentes del sindicato respecto de los denunciantes, medida que se extiende a todos los puertos de Chubut.

En ocasión de encontrarse uno de los denunciantes en instalaciones del puerto de Comodoro Rivadavia, se constató que dos dirigentes gremiales del SUPA desobedecieron la orden judicial por lo que fueron retenidos durante este martes por personal de Prefectura Naval, tal como dicta la medida judicial que pesa sobre los involucrados.

Los integrantes del sindicato fueron puestos a disposición de la fiscal de turno en esa jurisdicción, Dra. De la Canal, quien dispuso que los acusados sean demorados hasta tanto esté comprobado que no corría riesgo la integridad del denunciante que se encontraba en el puerto de la ciudad.

Al ser liberados, los integrantes del SUPA fueron advertidos de la medida judicial que sigue vigente mientras avanza la causa que investiga el pedido de coimas y las conductas extorsivas por parte de la conducción del sindicato, que encabeza Alexis Gutiérrez, denunciados por empresas de estibaje de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson.

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Mantegna dice que no recibió coimas ¿Ud que piensa?

Mantegna

El exintendente había sido acusado por el senador “Nacho” Torres de haber embolsado 35 mil dólares cuando era intendente de Trevelin. “Es un mitómano que ensucia la política”, dijo, al anunciar que lo llevará hasta Tribunales.

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Increíble: Fueron condenados por coimas y volvieron a trabajar en el IPV

La provincia cada vez mas sumida en la corrupción nos vuelve a desayunar con otro suceso que nos deja más en claro el tipo de gente que se encuentra desempeñándose en el poder público.

Entre el 2011 y 2014 existieron maniobras ilegales en el Instituto Provincial de la Vivienda que consistieron en la entrega de 81 viviendas del barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a particulares a cambio de dinero, lo que configura delitos gravísimos de corrupción.

Para esto, los involucrados consignaron falsamente datos personales de los beneficiados, omitieron clasificación de documentación respaldatoria, entre otros artificios; todo a los efectos de facilitar la obtención de viviendas a los seleccionados mientras los otros postulados debían superar un mar de trámites burocráticos para recibir el mismo beneficio.

Los condenados por esta causa fueron Abel Reyna, Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli.

Aunque parezca un chiste mal improvisado, parte de los condenados (Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli) volvieron a trabajar este miércoles al mismo organismo donde cometieron sus delitos, en el IPV.

Lo que antes considerábamos una exageración hoy es un hecho real, somos testigos de la designación de funcionarios corruptos en cargos públicos donde cometieron delitos, ¿sucederá lo mismo si de pronto se ventilan hechos de robo de dinero en el Banco Del Chubut? ¿Volverían a emplear para trabajar con dinero a funcionarios que robaron dinero en el mismo lugar en el que lo hicieron?

Sospechábamos que en esta provincia el gobierno no respetaba las leyes, pero no nos imaginábamos que sería para tanto.

Debería ser de manual la aplicación del artículo 49 de la ley provincial I-74, que establece la cesantía, entre otros supuestos, por “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero la actual titular del IPV, Ivana Papaiani se ve que desconoce las leyes sobre las cuales se asienta el funcionamiento íntegro de la administración pública, o bien sería una persona que sin una pisca de pudor protegería abiertamente a los funcionarios corruptos ¿Se sentirá identificada con ellos en alguna particularidad?

Estaría bueno que nos conteste respondiéndonos la razón de volver a incorporar a esta gente al organismo, puesto a que como estamos informados, Papaiani es un fiel lectora de nuestro portal.

Puede dar fe de eso uno de nuestros seguidores que por el hecho de vincularla en hechos de corrupción en los comentarios de uno de nuestros artículos periodísticos recibió una carta documento de ella.

Los “condenados” nunca habrían dejado de percibir sus sueldos y los tenemos nuevamente en la función pública.

“Acá no ha pasado nada”, deben bromear entre ellos, ahogados de risa y jolgorio en las oficinas del IPV.

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Alejandro Pagani negó haber recibido coimas

El exministro de Infraestructura aseguró que el empresario de la construcción Papaiani mintió; aseguró que su trabajo no era hacer órdenes de pago y que por eso no tenía sentido que lo coimeen.

Alejandro Pagani sostuvo este viernes durante el juicio por la causa Revelación que “no cometí ningún delito”, que nunca integró una asociación ilícita y criticó los testimonios de Diego Lüters y del empresario de la construcción de Rawson, Carlos Papaiani. Ambos lo involucraron en los retornos de la obra pública durante el tercer gobierno de Mario Das Neves con dichos que el ingeniero consideró falsos.

Ante el tribunal en la Oficina Judicial de Rawson, Pagani recordó que el fiscal Marcos Nápoli lo acusó de “llenarse los bolsillos” pero que curiosamente no le imputó enriquecimiento ilícito. “Sencillamente porque jamás lo hubo”, dijo. Y que como ministro jamás pudo pedir coimas para liberar fondos porque no era él quien hacía las órdenes de pago.

Según Pagani, en la época de los presuntos retornos sólo hizo su trabajo. “Vaya a saber por qué motivo, pero puedo suponerlo, Lüthers, acusado por un delito, sorpresivamente en una declaración absurda me vincula. Desde su oficina a 10 cuadras de la mía pretende interpretar cómo era mi trabajo como ministro y mi relación con el gobernador y su entorno, y cómo, cuándo y para qué un ministro intercambia información con ellos”.

Aseguró que todo el tiempo Das Neves recibía informes sobre obra pública de todo tipo desde Infraestructura igual que su sucesor, Mariano Arcioni. “Siempre atendí los requerimientos del gobernador pero acá me dicen que eso es un crimen. También dicen que esas planillas me volvían con tachaduras y enmiendas, pero no mostraron ni una sola simplemente porque ese mecanismo nunca existió”.

Luego le apuntó a Papaiani, expresidente de la Cámara de la Construcción, testigo clave del fiscal Marcos Nápoli. “Es el único empresario que generó dudas sobre mi actuación. Pero fue mendaz y mentiroso y quedó en evidencia. Con 20 años de experiencia no podía desconocer que las adjudicaciones son por decreto”.

El imputado se paró ante los jueces para explicar en detalles dos expedientes de obra y la burocracia hasta su pago. “No hay ningún trámite en el Estado que pueda hacerse fuera de sistema. Por eso no entiendo de que me acusan; me mezclan con Economía y con el IPV pero nunca me dijeron en cuál expediente concreto o en cuál certificado intervine para poder explicarlo”.

Recordó que al inicio del caso pidió declarar pero “era mejor publicidad detenerme”. Y que el célebre memorándum firmado por el gobernador para que todas las contrataciones pasen por Diego Correa “es una piedra fundamental de esta presunta asociación cuando en realidad en todas las gestiones hubo similares. Esta es mi verdad y la verdad de los hechos”.

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¿El Avión de Lázaro Báez hacia escala en Comodoro para retirar las coimas de la obra pública de la escribanía de Arcioni?

Nota publicada por Cholila Online el día 16 de agosto de 2018

Investigan escalas en Comodoro de la ruta del pago de coimas de la obra pública 2011-2015., ya que Mariano Arcioni es su escribano y constituyo las empresas que luego le servirían a Báez para el enriquecimiento ilícito se sospecha que las mismas se podrían haber recaudado en sus oficinas.

La aeronave identificada llevaba al parecer las iniciales LV-ZSZ.

Fuentes judiciales confirmaron a Cholila Online que el Ministerio Público Fiscal estaría tras los pasos de una empresa que funcionaba como «taxi aéreo» y que se habría encargado de juntar «las coimas» de la obra pública en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi entre 2011 y 2015. La investigación habría surgido a partir de testigos que declararon informalmente y forma parte de la causa «Revelación 2», que monitorea los retornos en la gestión anterior.

El avión pertenecería a la flota de Top Air, una empresa en la que participaba Lázaro Báez, dijo a Cholila Online un hombre que frecuenta asiduamente los pasillos judiciales. El empresario santacruceño que está preso se desprendió del paquete accionario de esta firma en 2015.

La fuente consultada por Cholila Online detalló que los datos que estaría investigando la Justicia indican que la aeronave «partía desde Río Gallegos y aparentemente hacía base en Comodoro, donde juntaba los cheques de los retornos de la obra pública y luego se dirigía a Buenos Aires para cambiarlos en una cueva financiera».

Debido a que Mariano Arcioni es escribano de Lázaro Báez y fundador de Acun Leufu S.A. se sospecha que el actual Gobernador pudo recaudar el dinero en su escribanía hasta que el avión hacía escala y continuaba su viaje presuntamente a “La Rosadita” adonde contabilizaban el dinero de la corrupción de la obra pública de la Patagonia.

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Empresarios dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas

Empresarios

En el juicio del Caso Revelación declararon los primeros dos empresarios. Dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas.

Los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios le explicaron al tribunal del Caso Revelación cómo funcionó el sistema de retornos de la obra pública durante el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, en un contexto de profunda crisis financiera de las firmas del sector.

Ambos empresarios se mostraron como “víctimas” de este proceder al no hallar otro mecanismo para cobrar los certificados que el Estado provincial les debía. La deuda global con las constructoras era de unos $ 500 millones.

Papaiani –dueño de Inverfin en Rawson-, relató que desde las primeras líneas de Fontana 50 les pidieron un aporte del 3% de los certificados de obra para costear “gastos de campaña”. Era enero de 2016 y la gestión de Das Neves llevaba un mes. “Pagar fue una decisión personal de cada empresario”. Papaiani abonó $ 250 mil a alguien que no identificó pero que ligó al exministro coordinador Víctor Cisterna.

Las empresas recuperaron algo pero no salían del ahogo. En enero de 2017 Papaiani le reclamó al ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, que se firmaran los contratos de obras que ya le habían adjudicado a Inverfin. “Me dijo que era inminente pero que era conveniente que fuera a ver a Diego Correa, que me dijo que yo estaba `muy flojo de aportes`”. En Casa de Gobierno el empresario le retornó otros $ 300 mil cash. Con el exsecretario privado de la Gobernación tuvo al menos dos encuentros.

Ante los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, el constructor dijo ir a Fiscalía a dar su versión fue una decisión familiar. “Fuimos víctimas de una situación perversa y queríamos decir la verdad”.

Versión Palacios

Palacios testimonió que “ante la desesperante situación, para destrabar las acreencias había un sistema que apuraba el pago de los certificados a cambio de un retorno”. Si la obra era nueva era un 5%; si venía de la gestión de Martín Buzzi, la coima era de un 3%. En su caso aceptó.

Su nexo era Pablo Bastida. “Lo sindicaban como el cajero de Cisterna. Íbamos a su oficina y me decía `Tenés esto para cobrar pero debés esto´. Palacios aportaba cheques y hubo 6 encuentros.

En 2017 el nuevo interlocutor fue Correa. “Fui a Gobierno y me mostró mis cheques rebotados. `¿Qué pensás hacer?´, me decía”. Para Palacios era imposible pagar y acordaron que levantaría algunos valores a cambio de recibir plata fresca para Palco, su empresa. Luego retornó $ 400 mil en dos pagos. La segunda mitad Correa la recibió en el quincho de Chubut Somos Todos, en la zona sur de Trelew, escenario habitual de actos políticos.

En 2018 Palco se fundió y 240 empleados fueron suspendidos. Palacios vendió el paquete accionario y dejar la empresa.

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Coimas para votar la megaminería: el allanamiento al abogado acusado ¿fue una “puesta en escena”?

Recién a la semana de que se conociera la denuncia de la diputada Lloyd Jones, un fiscal fue –supuestamente– a buscar pruebas incriminatorias a la casa y al estudio del abogado acusado y terminó llevándole el teléfono celular y las computadoras. ¿Encontrará algo allí que complique al sospechoso en una eventual causa judicial que podrían iniciarle? ¿Sobre todo después que el propio Guillermo Corneo pusiera a disposición de la Justicia esos aparatos, ni bien supo que lo sindicaban de haberle ofrecido millonarias sumas de dinero a ciertos legisladores, a cambio de que votaran la zonificación minera?

Lo del fiscal Omar Rodríguez, allanando al abogado Corneo, fue una penosa demostración de lo que no se debe hacer en una investigación en la que se buscan evidencias de uno o varios hechos de corrupción. Encima el funcionario –presuntamente sin quererlo– alertó 24 horas antes a Corneo de que le iba a hacer los procedimientos; cuando fue a la casa de su madre y pretendió allanarla –dicen por equivocación– creyendo que él vivía ahí. Le pidieron disculpas a la mujer y se fueron.

¿No será que nos están engañando y que lo que realmente están haciendo es “una puesta en escena” en un caso que va a terminar en la nada?

A partir de las publicaciones de Cholila Online ya se conoce los vínculos del abogado Corneo con el procurador General Jorge Miquelarena, el gobernador Mariano Arcioni y el controversial Federico Massoni, que también aparece aquí como “un gran garante de la maldad”. Entonces, cualquier podría colegir que lo que hicieron este miércoles en la zona sur de Trelew fueron maniobras como para que nadie pueda reprochar que los fiscales de Miquelarena se hicieron los distraídos o que no hicieron nada porque se trataba del abogado Corneo.

Según dijo el fiscal Omar Rodríguez en la nota exclusiva que le dio al diario y a la propaladora del millonario sindicalista Héctor González el delito que investiga es posible “tráfico de influencias”, que tiene una pena que va desde los seis meses a los dos años de prisión.

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Creen que Miquelarena actuó de oficio en la causa de las coimas mineras para cajonearla

Según el portal digital de Radio Libre el Procurador General Jorge Miquelarena es allegado a Guillermo Corneo ya que su mano derecha está casado con la hermana del asesor de Arcioni apuntado por las coimas.

La diputada Leila Lloyd Jones presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megamínera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

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Vinculan a Miquelarena con las coimas de las mineras

miqueralena

Según el portal digital de Radio Libre el Procurador General Jorge Miquelarena es allegado a Guillermo Corneo ya que su mano derecha está casado con la hermana del asesor de Arcioni apuntado por las coimas.

La diputada Leila Lloyd Jones presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megamínera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

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