Santiago Viola, un abogado de extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantiene negociaciones confidenciales con representantes de los inversores perjudicados por la caída de la criptomoneda $LIBRA.
El objetivo del Gobierno, según confirmaron cinco fuentes a LA NACION, es lograr que los damnificados retiren las acusaciones contra el presidente Javier Milei en los tribunales de Comodoro Py, a cambio de una compensación económica en dólares.
Los canales secretos y los interlocutores
Las tratativas, que comenzaron en secreto semanas antes de las elecciones legislativas de octubre, fueron canalizadas a través de Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y figura muy cercana al círculo íntimo de los Milei. Wasserman fue el nexo que puso en contacto a Viola con los emisarios de los inversores. Del otro lado de la mesa aparece Gastón Douek, un consultor en comunicación que colabora con el equipo legal que lleva adelante la causa contra el Presidente.
Según las fuentes consultadas por este medio, la estrategia es clara: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. Y agregaron: “La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”.
La condición inamovible del oficialismo
Desde el entorno de Viola, si bien no confirmaron ni desmintieron las tratativas, fueron contundentes respecto a la condición indispensable para cualquier avance: “La condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente [del caso $LIBRA] porque no cometió ningún delito”. Una vez cumplido ese requisito, se podría discutir la viabilidad de un resarcimiento económico.
Esta no es la primera vez que se explora una solución extrajudicial. Anteriormente, la defensa de Hayden Davis –el estadounidense detrás de $LIBRA– llegó a sondear la posibilidad de devolver alrededor de US$100 millones. También hubo una mediación fallida con otros imputados y un acercamiento de un colaborador del abogado Fernando Burlando, quien fue apartado temporalmente de estas negociaciones a pedido expreso de Viola.
El obstáculo del “fronting” y la sombra de la causa penal
Un problema frena cualquier arreglo: nadie quiere asumir el rol de «fronting». ¿Qué significa esto? Que ninguna persona o entidad se muestra dispuesta a dar la cara ante la Justicia. Asumir la responsabilidad de distribuir el dinero conlleva riesgos legales y reputacionales que todos evitan.
En paralelo, la causa penal continúa su curso. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron la querella. LA NACION accedió a ese documento, donde ambas entidades caracterizan el caso $LIBRA como “un caso excepcional de corrupción”. Allí acusan directamente al Presidente de realizar “negociaciones incompatibles con la función pública”. Esta imputación se basa en su decisión de promocionar un emprendimiento privado y altamente especulativo.