La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió y puso bajo su custodia directa US$ 238.720 y más de 4 millones de pesos argentinos incautados al empresario Lázaro Báez.
Los fondos, transferidos desde cuentas judiciales por el Tribunal Oral Federal 4, forman parte del proceso de decomiso dispuesto en la causa «Ruta del Dinero K», que investigó una extensa red de lavado de activos. El desembolso inicial se produce en cumplimiento de una sentencia que estableció un decomiso total por aproximadamente US$ 61,13 millones y ratifica la potestad del Poder Judicial para administrar estos bienes incautados.
El desglose de la millonaria condena por lavado de activos
La condena dictada en abril de 2021 por el TOF 4, presidido por Néstor Costabel, detalló que los montos sujetos a decomiso alcanzan aproximadamente US$ 61,13 millones. Este monto se divide en varias partidas: US$ 54,87 millones, US$ 5 millones, US$ 307.994 y US$ 950.000, además de $4,17 millones ajustados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo, confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023 y ratificado por la Corte Suprema en mayo de 2025, estableció que, una vez firme, debía ejecutarse el decomiso sobre la totalidad de los bienes embargados a Báez. La resolución contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La tensión institucional por la administración de los bienes decomisados
El proceso de ejecución del decomiso generó una tensa controversia institucional tras la firma del Decreto 575/2025. Este decreto, emitido por el Poder Ejecutivo, creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia con el objetivo de supervisar los activos decomisados. Sin embargo, la medida fue cuestionada por interferir en atribuciones judiciales exclusivas.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda al considerar que la norma implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial, afectando su autonomía funcional y presupuestaria. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, argumentando que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes incautados.
Un esquema complejo de lavado de dinero
La investigación de la causa determinó que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, operó una organización dedicada al lavado de dinero vinculada principalmente a la empresa Austral Construcciones y a la financiera SGI. El esquema incluyó la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso al país por un monto de US$ 54.872.866,69, mediante un complejo entramado financiero con ramificaciones locales e internacionales. El inicio formal del operativo para la restitución de estos activos al Estado, que ahora ve su primer desembolso tangible con la transferencia a la Corte, marca un hito en una de las causas de corrupción más emblemáticas de la Argentina. La información sobre la transferencia de fondos fue confirmada por comunicados oficiales de La17.
