Un nuevo capítulo en los procesos judiciales que rodean a la familia presidencial colombiana se abrió este martes, cuando la fiscalía solicitó formalmente una medida de aseguramiento privativa de la libertad para Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
La petición, realizada en una audiencia en Barranquilla, se fundamenta en presuntos actos de corrupción relacionados con el direccionamiento de contratos y la apropiación de dinero durante su mandato como diputado.
Los cargos: contratos direccionados y peculado
Según la información publicada por el medio internacional DW, la fiscal Lucy Laborde detalló los cargos en su solicitud. Estos están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 29.000 dólares. Los hechos habrían ocurrido durante el período en que Nicolás Petro se desempeñó como diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, entre 2020 y 2023. La fiscal argumentó que el imputado «tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones» e influyó «activamente» para obtener y dirigir contratos de su interés. Por este caso, enfrenta un juicio por delitos como interés indebido, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Un caso de alto impacto político y mediático
La decisión que tome el juez sobre la solicitud de prisión tiene un peso significativo que trasciende lo judicial. El caso capta la atención nacional e internacional por tratarse del hijo del presidente en ejercicio, situándolo en el centro del escrutinio público sobre la lucha contra la corrupción y la independencia de la justicia. El impacto se amplifica porque este proceso avanza simultáneamente con otro juicio penal que Nicolás Petro enfrenta por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ese segundo caso está vinculado a ingresos presuntamente recibidos durante la campaña presidencial de su padre en 2022, añadiendo una compleja capa política a las acusaciones.
La resolución judicial que decida si envía o no a prisión al hijo del mandatario colombiano se espera en los próximos días. El fallo será un referente en un contexto donde, como señalan análisis regionales, la debilidad institucional y la corrupción pueden atravesar los poderes del Estado. La ciudadanía y los organismos de control observan de cerca si la justicia actuará con la independencia y firmeza que exige un caso de esta magnitud.
