Diputados debate la reforma a la Ley de Glaciares: el oficialismo busca atraer la megaminería.
En una semana clave para la agenda económica del Gobierno, la Cámara de Diputados inicia este miércoles el tratamiento de la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El plenario de comisiones, que comenzará a las 10:00, marca el inicio de una carrera contra el reloj para el oficialismo, que pretende dar una señal de previsibilidad jurídica a los inversores internacionales de los sectores minero e hidrocarburífero.
La iniciativa cuenta con la media sanción del Senado obtenida el pasado 26 de febrero y es considerada una pieza fundamental para los planes del presidente Javier Milei. Según Noticias Argentinas, la intención de la Casa Rosada es que la comitiva presidencial pueda exhibir este avance legislativo durante el evento «Argentina Week 2026» en Nueva York, buscando captar inversiones millonarias mediante una normativa que las provincias cordilleranas reclaman por considerarla más «dinámica» que la actual.
Los puntos centrales de la modificación legislativa
El eje de la disputa radica en la redefinición de las zonas protegidas. Mientras que la ley vigente desde 2010 aplica un blindaje estricto sobre glaciares y áreas periglaciares (suelos congelados con hielo y roca), el nuevo proyecto introduce una distinción técnica. Se busca proteger únicamente aquellas «formas periglaciares» que funcionen fehacientemente como reservas estratégicas de recursos hídricos.
De aprobarse la reforma, las áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable quedarían habilitadas para la exploración y explotación económica, siempre que superen una evaluación de impacto ambiental. Además, el proyecto delega en las provincias mayores facultades para decidir sobre sus territorios, reduciendo la injerencia directa de la administración central en la determinación de las zonas a proteger.
El rol del IANIGLA y la autoridad de aplicación
La reforma contempla la creación del Inventario Nacional de Glaciares bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sin embargo, un punto que genera debate es la designación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, lo que para los sectores críticos supone priorizar la visión extractivista sobre la preservación ambiental.
A pesar de la apertura a la inversión, el texto mantiene la prohibición de actividades que liberen sustancias contaminantes o productos químicos en áreas protegidas, así como obras de infraestructura que alteren de modo relevante la condición natural del glaciar. Las actividades permitidas seguirán siendo la investigación científica, tareas de rescate y deportes no motorizados como el andinismo.
Alerta entre organizaciones ambientalistas y oposición
El debate en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales se prevé de alta intensidad. Organizaciones ambientales y bloques de la oposición dura han manifestado su rechazo, argumentando que la distinción entre áreas periglaciares hídricas y no hídricas es arbitraria y pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en un contexto de cambio climático global.
Para los detractores, la transferencia de facultades a las provincias podría derivar en una relajación de los controles ambientales en favor de proyectos de megaminería. El oficialismo, por su parte, confía en obtener el dictamen de mayoría la próxima semana para llevar el proyecto al recinto antes de que finalice marzo, consolidando así el compromiso asumido con los gobernadores del norte y la región andina.
