Ignacio ‘Nacho’ Torres reclamó tipificar el ecocidio en el Código Penal tras los incendios que devastaron más de 2.200 hectáreas en Chubut.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que pedirá la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, luego de los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia. La medida busca endurecer las sanciones contra quienes provoquen daños irreversibles al patrimonio natural y poner fin a la “sensación de impunidad” que, según el mandatario, persiste en la región.
Según Crítica Sur, Torres confirmó que de los cinco focos detectados, tres ya fueron controlados y dos permanecen activos. La fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas contra brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Intencionalidad y focos activos
El gobernador precisó que uno de los focos controlados también fue provocado de manera intencional, mientras que los otros dos tuvieron causas accidentales y naturales. En la zona de El Hoyo, el fuego consumió bosque nativo milenario y puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y habitantes, al afectar la única vía de salida habilitada del lago.
El gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables, que puede entregarse en cualquier comisaría.
Reclamo por penas más severas
Torres recordó antecedentes recientes en la región cordillerana, como la condena de seis meses a un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces, y denunció la persistencia de sanciones judiciales leves.
“Ese garantismo berreta le hizo mucho daño a Argentina y a mi provincia”, advirtió, reclamando penas ejemplares.
El mandatario vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la presencia de “grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios”, diferenciándolos de las comunidades originarias con las que afirmó mantener convivencia armoniosa.
Patrimonio natural en riesgo
La preocupación por el avance del fuego en el Parque Nacional Los Alerces incluyó el riesgo sobre el árbol “El Abuelo”, de más de 2.600 años de antigüedad. Torres confirmó que el foco fue contenido a cinco kilómetros del ejemplar, pero insistió en el daño irreversible al patrimonio natural.
“La recuperación de un bosque nativo puede demandar miles de años, constituyendo un bien común de todos los argentinos”, remarcó.
El gobernador atribuyó parte de la gravedad del episodio a la “peor sequía de los últimos veinte años” y a temperaturas inusuales, según datos oficiales. También llamó a la responsabilidad de los turistas, recordando incidentes recientes en Santa Cruz provocados por imprudencia de visitantes.
Proyecto de reforma penal
En el marco de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, Torres adelantó que solicitará a los legisladores nacionales de Chubut que apoyen la incorporación del ecocidio como delito específico en la reforma del Código Penal que presentará el Gobierno Nacional.
El gobernador destacó la cooperación entre provincia y Nación, con participación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Ministerio de Seguridad dirigido por Alejandra Monteoliva y organismos de inteligencia.
“No hay mezquindades ni jurisdiccionales ni partidarias; estamos todos espalda con espalda peleando por cuidar a la gente y dar con los responsables”, afirmó.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en sintonía con lo expresado por Torres, difundió un comunicado donde identifica la existencia de “grupos terroristas”, señalados como comunidades mapuches con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada bajo la modalidad de “terrorismo ambiental”.
La propuesta de Ignacio Torres de tipificar el ecocidio en el Código Penal busca dar respuesta a los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas en Chubut y que, según las investigaciones, fueron en parte intencionales. El gobernador insiste en que se trata de un delito que pone en riesgo vidas humanas y destruye un patrimonio natural que pertenece a todos los argentinos.
