En medio de una de las peores crisis ambientales de su historia, la Patagonia se enfrenta no solo al fuego sino a la búsqueda de justicia.
La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, inició una investigación penal para determinar la posible responsabilidad de funcionarios nacionales en el manejo del incendio que comenzó el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces. La información sobre la causa judicial fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y recopilada por diversos medios locales y nacionales. Según La17.
La causa busca esclarecer si existieron omisiones, negligencia o conductas irregulares que, partiendo de un foco causado por un rayo, permitieran que el fuego se transformara en una catástrofe que ya ha consumido más de 35,000 hectáreas en la provincia de Chubut . El expediente avanza en paralelo a los operativos de combate, con el claro mandato de «no afectar las tareas de los brigadistas» que siguen luchando en el terreno.
Denuncias por negligencia y un cuestionado manejo inicial
La investigación judicial no partió de oficio, sino que se nutre de denuncias formales presentadas por la comunidad afectada, que exige rendición de cuentas. En enero, un grupo de vecinos solicitó que se investigue el accionar oficial por la posible comisión de delitos ambientales y de incumplimiento de los deberes de funcionario público . Días después, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces amplió la acusación, planteando los presuntos delitos de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos» en un marco de «imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos».
Las críticas apuntan directamente a la respuesta inicial. La Cámara de Turismo de Chubut (CATCH)presentó un informe detallado cuestionando la capacidad de despliegue. Señalaron que, a pesar de pronósticos de alto riesgo, solo se dispuso de dos helicópteros y un hidroavión para atacar un foco en una zona de difícil acceso . Además, denunciaron prácticas burocráticas inadecuadas en el momento crítico, como la exigencia de desinfectar el calzado de los brigadistas antes de embarcar, y una falta de información clara a la población sobre el verdadero avance del fuego.
Peritajes clave y la intervención del Parque Nacional
Para reconstruir los hechos, el fiscal Roldán ha ordenado una serie de medidas de prueba fundamentales. Se solicitaron todos los informes internos a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) . Además, se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina, cuyo peritaje técnico será crucial para determinar la eficacia de la respuesta inicial y la dinámica del siniestro.
Este escenario de investigación judicial se conjugó con una decisión administrativa de gran peso: la intervención del Parque Nacional Los Alerces por parte de la APN . La medida implicó el desplazamiento de la intendencia a cargo y la asunción de un Comité de Intervención, con el objetivo declarado de «asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos» y agilizar la toma de decisiones operativas en medio de la emergencia . Para la Justicia, esta intervención también busca garantizar la transparencia en la administración de recursos mientras avanza la pesquisa.
Un daño ambiental irreversible y el reclamo por el ecocidio
Mientras la causa judicial avanza, el daño ecológico es ya una triste realidad. Más de 35,000 hectáreas de bosques nativos, incluidos sectores de alerces milenarios, han sido consumidas por las llamas . Este desastre ha reavivado un debate de fondo en la política local. El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, hizo un fuerte reclamo público, apoyando un proyecto para incorporar la figura del ecocidio en el Código Penal. «El que prende fuego a nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel», expresó Torres en sus redes sociales, reflejando la indignación de una provincia devastada.
La investigación federal coloca ahora el foco en la responsabilidad penal de funcionarios nacionales, en un caso que trasciende lo ambiental para convertirse en un examen de la eficacia y la transparencia del Estado en la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos de la Argentina. El resultado de esta causa sentará un precedente crucial sobre cómo se juzgan y previenen las tragedias ambientales en el país.