AFA contraataca: llevará a la Justicia el pedido de veedores de la IGJ.
En una escalada de tensión que no parece tener techo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio tras el pedido de intervención administrativa de la Inspección General de Justicia (IGJ). A través de un duro comunicado oficial, la entidad que conduce Claudio «Chiqui» Tapia calificó la designación de veedores como un «capricho ilegítimo» y confirmó que agotará todas las instancias judiciales, incluyendo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la Corte Suprema, para frenar lo que consideran un ataque directo a su autonomía.
Una disputa por la legalidad y la sede social
El conflicto central radica en las supuestas «graves irregularidades» que la IGJ utiliza como argumento para enviar dos abogados y un contador a revisar los libros de la calle Viamonte. Según TN, la AFA sostiene que no existen balances adeudados desde hace ocho años y que los ejercicios entre 2017 y 2024 fueron entregados en tiempo y forma, aunque admiten que existen «vistas pendientes» de contestación. Respecto al polémico ejercicio 2025, la entidad explicó que no fue presentado ante la IGJ porque su domicilio legal fue mudado a la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 2024.
La institución defendió la validez de su mudanza a Pilar, a pesar de que el Gobierno Nacional calificó dicha sede como «falsa» por falta de oficinas operativas. «La veeduría es un capricho ilegítimo, fundado en hechos falsos», disparó la AFA en su escrito, argumentando que si las irregularidades fueran realmente graves, el organismo debería aplicar sanciones directas en lugar de una medida «preparatoria» que, a su juicio, solo busca debilitar institucionalmente al fútbol argentino.
El trasfondo de las SAD y la pelea política
Para la conducción de la AFA, el trasfondo de esta fiscalización no es administrativo, sino ideológico y político. El comunicado vincula directamente el accionar de la IGJ con la intención del Poder Ejecutivo de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). «No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales», advirtió la entidad en uno de los párrafos más filosos del texto.
Además, la AFA recordó el precedente judicial de Patricia Bullrich y el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) en 2023, donde una intervención similar fue anulada por la Justicia por violación al debido proceso. Bajo esta premisa, la estrategia judicial buscará demostrar que el fútbol está siendo utilizado como un «campo de batalla» entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. «El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas», concluyó la misiva, reafirmando que defenderán la autonomía del modelo asociativo por todas las vías democráticas disponibles.
