Agostina Páez enfrenta un juicio clave en Río de Janeiro que podría derivar en una severa condena por injuria racial.
Horas antes de sentarse en el banquillo de los acusados en Río de Janeiro, Agostina Páez rompió el silencio con una declaración que refleja la tensión de su presente judicial. La abogada santiagueña de 29 años, imputada por tres hechos de injuria racial tras protagonizar un escándalo en un boliche brasileño, manifestó su profundo temor ante la posibilidad de quedar tras las rejas de manera efectiva.
En un diálogo televisivo con Mediodía Noticias, la joven no ocultó su angustia y reconoció que teme por su integridad física debido a las amenazas que recibe a diario. Lejos de la imagen desafiante que se viralizó en las redes sociales durante el verano, Páez aseguró que lo único que anhela es recuperar su libertad para volver a la Argentina, extrañando la simpleza de poder caminar tranquila por la calle junto a sus afectos.
El intento de defensa y el pedido de disculpas
Respecto a las acusaciones impulsadas por los empleados del local gastronómico, la letrada ensayó una defensa basada en los registros fílmicos del establecimiento. Según su versión, las cámaras de seguridad demostrarían que los hechos no ocurrieron tal como los relata la querella, sugiriendo que se construyó una imagen de racista que no se condice con la realidad.
No obstante, Páez no esquivó su responsabilidad por el altercado inicial. Admitió que su reacción frente a lo que ella consideró un mal cobro de la cuenta fue «pésima» y aprovechó el espacio mediático para extender un pedido de disculpas hacia todas las personas que se hayan sentido ofendidas por su accionar aquella noche.
La encrucijada legal y el peso del código penal brasileño
El futuro de la joven se define en una audiencia de Instrucción y Juzgamiento, donde el magistrado a cargo tiene la potestad de emitir un fallo absolutorio, dictar una condena en el momento o derivar el expediente para un debate más exhaustivo. La gravedad del caso radica en la severidad con la que la justicia de Brasil castiga los delitos de odio.
El Código Penal del país vecino establece penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio de injuria racial. Al estar imputada por tres hechos distintos, la querella podría presionar para alcanzar una condena de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, el escenario más probable para la defensa es que, al tratarse de una ciudadana sin antecedentes penales, el juez decida aplicar la escala mínima de la pena en caso de hallarla culpable, alejando el fantasma de la pena máxima que tanto aterra a la acusada.