Las declaraciones recientes tomadas a disidentes iraníes que residen en Francia permitieron profundizar en la participación directa de altos jerarcas iraníes en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires.
Según explicó el fiscal Sebastián Basso a Radio Mitre, y como había adelantado Infobae el año pasado, estas evidencias robustecen la hipótesis de que la agresión terrorista se inscribió dentro de una política de Estado promovida desde Irán, durante los años noventa. Y que combinaba el uso de recursos petroleros para influencia política y la aplicación de terror ante eventuales resistencias.
El análisis de información migratoria y diplomática permitió comprobar que Ali Hejazi, descrito como la mano derecha del entonces líder supremo Ali Jamenei, realizó uno de sus escasos viajes fuera de Irán a Argentina poco antes del atentado, en momentos en que se tomaba la decisión de perpetrar el ataque
De acuerdo con Infobae, Basso detalló que Hejazi ingresó al país con visa diplomática y fue observado manteniendo reuniones con Rohollah Rabbani, figura clave instalada en Argentina para difundir tanto las ideas del régimen como sus planes de expansión regional. Los testimonios de los iraníes entrevistados permitieron identificar a Hejazi como el encargado personal de Khamenei para formar a su hijo, quien posteriormente lo sucedería en el cargo tras su fallecimiento.
Testimonios de disidentes y acceso a nueva información sobre el caso
El fiscal Basso subrayó que el aporte de los cuatro disidentes, quienes declararon bajo la ley francesa, se tradujo en la apertura de vías de acceso a informaciones y fuentes antes inaccesibles para la justicia argentina, principalmente por la negativa del régimen iraní a cooperar y las dificultades culturales e idiomáticas. Entre los datos aportados se encuentran entrevistas realizadas dentro de Irán, en las que miembros del régimen reconocen de manera abierta la existencia de una política de terror con alcance global, incluidos los atentados cometidos en Argentina.
Estos testimonios también revelan que en Irán existe una circulación interna de información entre funcionarios y líderes religiosos donde se habla abiertamente sobre los atentados y su propósito político. Entre las pruebas presentadas a la fiscalía, Basso mencionó la existencia de declaraciones públicas de dirigentes de Hezbolá en medios de la región. Por ejemplo, uno de estos jerarcas afirmó en los días previos al atentado: “El brazo largo de nuestra revolución se va a extender incluso en Argentina”. Esta cita proviene de diarios locales de la época, y se integra ahora como parte de los elementos probatorios.
Respecto a la fiabilidad de los testigos, Basso relató que interrogó en reiteradas ocasiones a los disidentes sobre el fundamento de sus afirmaciones, exigiendo evidencias objetivas que permitieran cotejarlas con fuentes independientes. El viaje de Ali Hejazi a Argentina, inicialmente señalado solo por los testigos, fue luego confirmado a través de registros migratorios y solicitudes de visa, sumándose a documentación propia de la diplomacia argentina que coincidía en fechas y sucesos.
Según Basso, los disidentes contextualizaron eventos ocurridos en Irán y en Líbano durante los años noventa señalando su relación directa con la implementación de la política de agresión exterior del régimen. Estos datos se correlacionaron con cables diplomáticos argentinos que reportaban hechos que antes se veían como aislados pero que, a la luz de los nuevos testimonios, revelan una coordinación internacional.
Consultado sobre el nivel de riesgo actual ante el contexto internacional de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, Basso advirtió que las responsabilidades de prevención recaen en los servicios de inteligencia y el Ejecutivo nacional. No obstante, desde 1994 no se registró ningún atentado adicional en Argentina, indicó el fiscal, quien precisó que sus funciones se limitan al análisis retrospectivo de los hechos consumados.
