Una trama de extrema tensión política y judicial se desató en torno al proceso de privatización de la empresa prestadora del servicio de agua potable y saneamiento, que actualmente abastece a 14 millones de personas.
El plan oficial del Poder Ejecutivo avanza a paso firme con un polémico pliego de bases y condiciones que ya despertó severas críticas en el sector regulatorio. La combinación de empresarios salpicados por expedientes de corrupción sistémica con un cronograma de expansión del servicio sumamente mezquino encendió las luces de alerta sobre el futuro de un recurso vital para la salud pública.
Concesión a 30 años sin precio base y los oscuros antecedentes de los oferentes
El Gobierno nacional diseñó un agresivo formato de venta para el 90% de las acciones de la compañía, fijando el cierre del plazo para la consulta de los pliegos el próximo 12 de agosto, mientras que la presentación formal de las ofertas se concretará 15 días después. Desde el Ministerio de Economía estiman recaudar una suma cercana a los US$ 450 millones. Sin embargo, el dato más alarmante es que el pliego no establece ninguna base ni precio mínimo público, por lo que el resultado financiero final quedará sujeto exclusivamente a la competencia efectiva que se genere en el mercado.
El listado de los competidores locales interesados sembró una profunda controversia debido a sus antecedentes. Entre los principales oferentes aparece el Grupo Roggio, corporación de amplia trayectoria sectorial mediante la firma Aguas Cordobesas, cuyo líder máximo, Aldo Roggio, permanece procesado en la megacausa Cuadernos, expediente donde reviste la condición de imputado arrepentido tras confesar el pago de retornos equivalentes al 5% de los subsidios ferroviarios que percibía. En una situación judicial idéntica se encuentra la constructora JCR, firma del fallecido Juan Carlos Relats; según las declaraciones del contador Víctor Manzanares, este grupo empresarial abonó cerca de US$ 10 millones a la familia Kirchner en concepto de alquileres por el complejo Casa Patagónica Los Sauces mientras obtenía de forma paralela 44 licitaciones viales.
La nómina local se completa con Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti, quien opera desde 2009 como proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA, se presenta en alianza con Rowing, constructora fundada por Walter Román. Este consorcio carga con la sombra de una licitación en 2023 por US$ 127 millones donde corrieron como oferentes únicos, lo que motivó una denuncia penal de la Coalición Cívica que no prosperó. En el plano internacional, la brasileña Sabesp y la francesa Veolia merodean el proceso, al tiempo que la estatal israelí Mekorot aparece relegada a un rol de mera garantía de prestigio. El grupo de los hermanos Neuss, ligado a Santiago Caputo, no ha registrado movimientos.
Inversiones millonarias pero cobertura congelada y peligro sanitario
Las condiciones técnicas del contrato de concesión por 30 años estipulan una inversión global obligatoria de US$ 15.040 millones, fijando un desembolso inicial de US$ 1.940 millones para el primer quinquenio. No obstante, las metas de expansión del servicio para la primera década son consideradas ridículas por los especialistas: la cobertura de agua potable apenas pasará del 75,3% al 78,9%. Las autoridades justificaron esta parálisis en los propios textos del pliego, catalogando los primeros diez años como una etapa de mera «estabilización operativa» en lugar de un período de desarrollo de infraestructura.
El esquema privatizador adolece de deficiencias estructurales graves. El contrato renuncia explícitamente a la meta de universalización del servicio durante las tres décadas de vigencia. Asimismo, la estratégica obra ambiental de Berazategui, vital para la disposición segura de efluentes cloacales, quedó reducida a la realización de simples estudios preliminares sin plazos específicos ni presupuesto asignado. Peor aún es el panorama de salud pública respecto a la contaminación por nitratos en las napas, un problema crítico cuya resolución al 99% recién se proyecta para el año 2041. Como contracara, en el plano laboral, el sindicato logró blindar que el Convenio Colectivo de Trabajo se mantenga plenamente vigente hasta el año 2028 y aseguró que el 10% restante de las acciones se reserve para el Programa de Propiedad Participada.