Sin diálogo: el Gobierno ratifica la baja de 900 mil salarios sociales pese a las protestas.
El Gobierno Nacional endureció su postura frente a las organizaciones sociales y descartó cualquier instancia de negociación tras la masiva baja de 900.000 salarios sociales dispuesta por el Ministerio de Capital Humano. Desde la Casa Rosada fueron tajantes: “Con los movimientos sociales no tenemos nada que hablar”, confirmando que la decisión de Sandra Pettovello no tendrá marcha atrás.
El plan de lucha de la UTEP
La respuesta de los movimientos populares, encabezados por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur, no se hizo esperar. Este martes se realizaron asambleas en diversas estaciones de trenes del AMBA, marcando el inicio de un esquema de protestas que escalará el próximo 7 de abril con una jornada nacional de cortes y ollas populares en todo el país.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, calificó la medida como una muestra de «crueldad sin límites» y advirtió sobre el impacto en el consumo local:
“Esto no solamente afecta a los trabajadores que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los mercados de cercanía. Esa plata es la que el trabajador gasta en el kiosco del barrio”, sentenció la dirigente.
Protesta en el country de Manuel Adorni
En un giro hacia la protesta personalizada, la UTEP organizó este martes una marcha en el ingreso al country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La movilización provocó el malestar de los vecinos del barrio privado, quienes manifestaron sus quejas por la interrupción de la tranquilidad en la zona.
El trasfondo económico
Desde el oficialismo sostienen que la baja de estos beneficios forma parte del ordenamiento fiscal y la eliminación de intermediarios en la asistencia social. Sin embargo, para las organizaciones sociales, la quita de estos fondos representa un «ajuste sobre los más humildes» para favorecer la especulación financiera. Por el momento, la grieta entre el Ministerio de Capital Humano y los sectores de la economía popular parece insalvable de cara a un abril que promete alta conflictividad en las calles.