Bolivia atraviesa horas de máxima tensión. Tras más de once días de cortes en rutas clave, el Gobierno desplegó un fuerte operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar los accesos y restablecer la circulación, en medio de una creciente crisis política y social.
La intervención, denominada “Corredor humanitario”, busca garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y asistencia en La Paz, mientras aumentan las presiones contra el presidente Rodrigo Paz.
Despliegue militar y policial sin precedentes
Desde la madrugada del sábado, unos 2.500 efectivos policiales y 1.000 militares se movilizaron para despejar las principales carreteras bloqueadas en la región andina.
El comandante policial Mirko Sokol explicó que el objetivo central es liberar las vías para permitir el ingreso de insumos esenciales y facilitar el retorno de turistas varados.
“Queremos garantizar la libre circulación sin enfrentamientos”, aseguró, al tiempo que pidió a los manifestantes que permitan un desbloqueo pacífico.
Por su parte, el jefe militar Víctor Hugo Balderrama indicó que las Fuerzas Armadas actúan como respaldo de la Policía ante cualquier eventualidad.
Rutas clave paralizadas y crisis en aumento
Entre los puntos más afectados se encuentran las rutas hacia Oruro, conexiones estratégicas con el centro y oriente del país, el camino hacia Perú por Copacabana —zona turística del lago Titicaca— y accesos al sur de La Paz.
Estos bloqueos generaron un fuerte impacto en el abastecimiento y la movilidad, agravando la situación humanitaria en la sede de Gobierno.
Protestas, reclamos y presión política
Las medidas de fuerza son impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos “Tupac Katari”, que exigen la renuncia de Paz al considerar que no puede resolver la crisis del país.
A esto se suma una masiva movilización de seguidores del expresidente Evo Morales, que avanza hacia La Paz y prevé arribar el lunes con el mismo reclamo.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica solicitaron la apertura de corredores humanitarios y pidieron diálogo urgente entre las partes.
El Gobierno, por su parte, denunció un supuesto “plan macabro” impulsado por Morales para desestabilizar el orden constitucional, acusación que fue rechazada por el exmandatario.
Reacción internacional y llamado al diálogo
La crisis boliviana ya genera preocupación en la región. Ocho países latinoamericanos —entre ellos Argentina, Chile, Perú y Paraguay— manifestaron su inquietud por la situación humanitaria.
En un comunicado conjunto, rechazaron cualquier intento de desestabilización institucional y reafirmaron su respaldo al orden democrático surgido de las elecciones de 2025.
Además, instaron a todos los actores políticos y sociales a canalizar el conflicto mediante el diálogo y el respeto a las instituciones.
Con rutas bloqueadas, protestas en aumento y un fuerte operativo en marcha, Bolivia enfrenta un escenario crítico donde la estabilidad política y social pende de un delicado equilibrio. El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados