La principal entidad que nuclea al sector mercantil del país elevó un firme reclamo formal ante las autoridades fiscales y económicas de la Nación, solicitando el cese de las medidas cautelares agresivas que asfixian el capital de trabajo de las firmas en situaciones financieras delicadas.
«La CAC envió una carta al titular del organismo; “es totalmente inoportuno ante las actuales circunstancias”, advirtieron», marcando una profunda preocupación por el impacto de los procesos de cobro coactivo.
Un freno a las cautelares en un contexto complejo
De acuerdo con datos recabados por la Agencia Noticias Argentinas, la correspondencia fue remitida de forma directa a la máxima autoridad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vásquez, con copia al Palacio de Hacienda comandado por Luis Caputo.
En el texto, la cámara empresaria resalta la gravedad de bloquear la liquidez corporativa, advirtiendo que cortar el flujo comercial puede «agravar su situación hasta un punto irreversible», e incluso «empujar a las más pequeñas a la marginalidad». Los directivos precisaron el mecanismo de recaudación punitiva que está generando alarma en el sector productivo:
«Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada», argumenta la presentación institucional suscripta por el presidente de la entidad, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.
La cúpula de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios apuntó contra los esquemas de cobro compulsivo que despliega la estructura estatal. El escrito reconoce el marco legal en el que opera la agencia pública, pero cuestiona duramente el momento elegido para su implementación: «No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias».
Costos en alza y necesidad de flexibilización
Grinman describió el crítico panorama de las MiPyMEs, signado por la caída del consumo, subas de costos operativos, tasas crediticias restrictivas y los rezagos de los «desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional».
Ante esta coyuntura, la CAC llamó al Poder Ejecutivo a «acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar», solicitando la suspensión temporal de las cautelares y un ablandamiento en los programas de moratorias fiscales.
«Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado», concluye el documento gremial.