El oficialismo enfrenta una semana crítica en el Palacio Legislativo ante el quiebre de los consensos con sus principales socios y el avance de una estrategia coordinada entre ambas cámaras. Hay una sesión pedida para el 23 de junio en Diputados que incluye la moción de censura. El PJ del Senado también se sumó a la ofensiva.
La dilación de la Casa Rosada en definir el futuro del funcionario incrementó la audacia de los bloques opositores, que buscan activar los mecanismos de remoción previstos en la Carta Magna. Mientras el Gobierno elige estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de presiones cada vez más enérgicas de sectores internos para que lo tiren por la borda, la oposición busca acortar el margen de superviviencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo.
La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.
Las advertencias lanzadas por la conducción de la bancada amarilla fijan un plazo perentorio para que el Poder Ejecutivo tome una determinación drástica antes de la apertura del recinto. «No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días», contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la Agencia Noticias Argentinas. Más claro echale agua.
Reconfiguración de alianzas y el quiebre del blindaje
Por su parte, el radicalismo y sus espacios afines prefieren coordinar una estrategia de bloque para evitar fisuras en la votación. Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron en diálogo con este medio que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.
El actual panorama contrasta con los antecedentes inmediatos en el recinto, donde el oficialismo lograba desactivar las convocatorias especiales gracias al auxilio de los bloques dialoguistas. En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el Gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.
La crisis interna se profundizó tras las inconsistencias detectadas en la documentación fiscal del funcionario, sumadas a los reproches internos de la propia escudería gubernamental. La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete. El descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno.
El cuestionamiento ético sumó respaldos institucionales de peso, incluyendo terminales provinciales y la propia conducción del Senado, debido a las debilidades del descargo público del implicado. Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.
Coordinación bícameral: La contraofensiva en el Senado
Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.
El peronismo en la Cámara Alta articuló una intimación perentoria para forzar la comparecencia del funcionario bajo apercibimiento de avanzar de forma directa en el tratamiento de su remoción. El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una «sesión urgente» en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de «siete días» para abordar la moción de censura. «En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto», advirtieron los senadores peronistas en un comunicado.
La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentan que existen «irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones» en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
Desafíos reglamentarios y estrategia de desgaste
En términos estrictamente numéricos, las exigencias reglamentarias obligan a la oposición a reconfigurar sus metas inmediatas en el recinto, apuntando primero a destrabar el funcionamiento de las comisiones. Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.
Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos. Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.
La falta de este paso técnico anularía cualquier posibilidad de avance legislativo, dado que el control de las comisiones permanece bajo la órbita de La Libertad Avanza. Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo. Todo este recorrido que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones insumiría no menos de un mes.
Para entonces, el Gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.
Paradójicamente, algunos sectores de la oposición dura evalúan que la permanencia del funcionario genera dividendos políticos superiores en términos de erosión a la imagen presidencial. Un diputado de Unión por la Patria al que tuvo acceso a la Agencia Noticias Argentinas señaló que pese a los embates opositores para forzar la salida de Adorni, en realidad el escenario más favorable sería la permanencia del jefe de Gabinete, ya que la sola continuidad del tema en la agenda pública opera como factor de desgaste diario para el presidente Javier Milei.