Javier Milei enfrenta un nuevo revés político tras revelarse millonarios préstamos del Banco Nación a miembros de su propio Gobierno.
La administración de Javier Milei se encuentra envuelta en una nueva controversia política y judicial. A las recientes tensiones económicas, se suma ahora una ola de denuncias por el otorgamiento de millonarios préstamos prendarios e hipotecarios a altos funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La polémica se centra en que los fondos provienen del Banco Nación, la misma banca pública que el oficialismo prometió achicar o privatizar al inicio de su gestión.
Denuncias en la Justicia y el Congreso
Los créditos bajo investigación fueron otorgados entre 2024 y 2025, abarcando montos que van desde los 100 millones hasta los 527 millones de pesos (equivalentes a entre 71.000 y 376.000 dólares al tipo de cambio actual). Las condiciones de estos préstamos incluían plazos de hasta 30 años con una tasa del 4,5% atada a la inflación, beneficios habitualmente destinados a empleados públicos de carrera, pero que en este caso recayeron sobre cargos políticos sin estabilidad garantizada.
Ante este escenario, los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica del Frade (Coalición Cívica) presentaron denuncias formales acusando a las autoridades del Banco Nación y a los beneficiarios de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En el escrito judicial, los legisladores advierten que “los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”.
La lista de los 22 apuntados
Al menos 22 personas vinculadas estrechamente al Gobierno figuran en la lista de beneficiarios, destacándose figuras clave del área económica. Entre los apuntados se encuentran Pedro Inchauspe, director del Banco Central (con una deuda de 510 millones de pesos); Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Economía (373 millones); y Federico Furiase, secretario de Finanzas (367 millones).
La nómina también incluye a funcionarios de otras dependencias como Juan Pablo Carreira (director de Comunicación Digital), Sharif Menem (director de la secretaría privada de la Cámara Baja), Emiliano José Mongilardi (director de YPF), y varios diputados del bloque oficialista como Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
La defensa del Gobierno y un despido clave
Desde el Ejecutivo intentaron blindar a los funcionarios implicados defendiendo la transparencia del proceso. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, argumentó que “las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “no hay nada ilegal ni inmoral” y que los dirigentes “no tienen ventaja respecto del resto”.
Sin embargo, el relato oficial sufrió un fuerte revés tras el despido de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano y uno de los receptores de los préstamos. Aunque la ministra Sandra Pettovello y otros voceros aseguraron que la desvinculación no estaba ligada al escándalo financiero, el propio Massaccesi acudió a sus redes sociales para defender la legalidad de su crédito y lamentar su abrupta salida de la gestión libertaria.
Reacción sindical y el impacto político
Las revelaciones generaron indignación en los gremios estatales, quienes señalaron la fuerte contradicción entre el discurso «anticasta» del Gobierno y el usufructo de los recursos públicos. Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue contundente: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”. Como medida de protesta, ATE instó a sus afiliados a solicitar el mismo trato: “Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación”.
Este nuevo escándalo golpea a la gestión de Milei en un momento de vulnerabilidad. Con una economía estancada, la inflación retomando un ritmo del 3% mensual y la imagen presidencial en declive, la crisis de los créditos se suma a otras causas sensibles que salpican al círculo íntimo del mandatario, como la supuesta estafa piramidal con la criptomoneda $Libra, las irregularidades en la Agencia de Discapacidad vinculadas a Karina Milei, y la investigación patrimonial sobre el vocero Manuel Adorni.