Guiño para el Gobierno: la reforma laboral sale del fuero del Trabajo y pasa a la Justicia Federal.
En una decisión clave para la estrategia legal de la Casa Rosada, la jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la Justicia Nacional del Trabajo ya no tiene competencia para tratar la demanda de la CGT contra la Ley N°27.802 de Modernización Laboral. Con este fallo, la causa pasa al fuero Contencioso Administrativo Federal, un escenario que el Gobierno considera más técnico y favorable para revertir la suspensión de 83 artículos de la norma.
El conflicto de competencia y el triunfo oficialista
La disputa comenzó cuando el Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado Nacional, solicitó que el Juzgado Nacional del Trabajo Nº63 se inhibiera de seguir actuando. El argumento del Gobierno fue que, al tratarse de una impugnación a una ley nacional y políticas públicas estructurales, el caso debe tramitarse en el fuero donde el Estado es parte y no en tribunales laborales comunes.
La jueza Marra Giménez fundamentó su decisión en el artículo 79 de la propia Ley de Modernización Laboral, que modificó las reglas de competencia cuando el Estado Nacional es demandado. Según la resolución, permitir que la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires decida sobre la constitucionalidad de una reforma nacional afectaría el sistema federal y el control de los actos estatales.
Qué pasa con la suspensión de los 83 artículos
A fines de marzo, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda había dictado una medida cautelar que suspendió provisoriamente casi un centenar de artículos de la reforma. Entre los puntos frenados por la justicia figuraban:
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La derogación de la Ley de Teletrabajo.
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Los cambios en las indemnizaciones y la creación de fondos de cese laboral.
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La exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general.
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Las modificaciones en las jornadas y vacaciones.
Con el cambio de fuero, el expediente deberá ser remitido al ámbito Contencioso Administrativo. La Casa Rosada confía en que los jueces federales tengan una visión más restrictiva sobre los planteos de la CGT y decidan levantar la cautelar para que la reforma entre en vigencia plena mientras se discute la cuestión de fondo.
La postura de la CGT
La central obrera, representada por sus triunviros, sostiene que la reforma laboral de Javier Milei vulnera derechos fundamentales garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Según la demanda impulsada por la CGT, la norma afecta la libertad sindical, la negociación colectiva y el principio de progresividad, al quitar protecciones históricas frente al despido y la tercerización.
A partir de ahora, el fuero Contencioso Administrativo Federal tendrá la palabra final sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, los reclamos individuales de los trabajadores seguirán tramitándose en la Justicia del Trabajo, pero las impugnaciones generales contra la «Modernización Laboral» quedarán concentradas en la justicia federal.